La falta de elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de la Asamblea Legislativa ha entrampado el trabajo de la Corte Plena que ha decidido no emitir resoluciones finales sobre los casos de enriquecimiento ilícito que ventila la Sección de Probidad, para evitar que se den “malas interpretaciones”.
Así lo informó la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la CSJ, Doris Luz Rivas Galindo, quien señaló este lunes que todos los funcionarios públicos tienen obligaciones conforme a la ley y a la Constitución de la República.
Explicó que en el caso particular de la responsabilidad que recaería en los parlamentarios, por no elegir a tiempo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Civil, tendría que analizarse la petición, una vez que llegue a la CSJ.
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Aunque, según dijo, el problema radicaría en que tratándose de una posible violación a los derechos constitucionales de la ciudadanía, el ente que debería sancionar dicho incumplimiento no existe en este momento, pues solo hay un magistrado en la Sala de lo Constitucional, que es Armando Pineda Navas, de quien aseguró ha retomado el cargo de presidente del Órgano Judicial conforme a la Ley Orgánica de la CSJ, ya que ese puesto también está acéfalo.
Por el momento, recordó que solo hay una demanda de esa naturaleza en la Fiscalía General de la República (FGR), y que dependerá de que esa instancia decida abrir investigación en contra de los diputados por la falta de elección de los magistrados.
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Tras dos horas de discusión, la Comisión Política no logró consenso, por lo que la reunión había quedado abierta para ser retomada en el transcurso de la plenaria. Posterior el presidente del Parlamento, Norman Quijano, la suspendió
“Hay una denuncia en la Fiscalía, habría que ver, si llega una denuncia a la Corte Suprema de Justicia, tendríamos que deliberar”, informó la magistrada Rivas Galindo.
A finales de julio, el fiscal general, Douglas Meléndez, afirmó que su institución había dado trámite a una denuncia contra los diputados de la Asamblea Legislativa, “por incumplimiento de deberes”, al no elegir a tiempo a los nuevos magistrados de la Corte Suprema.
En esa ocasión, el titular del ministerio público indicó que la denuncia contra los legisladores la interpuso un abogado y que debía hacer las respectivas diligencias.
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Para la Fundación, los plazos forman parte de las obligaciones constitucionales que los diputados deben respetar, por lo que piden a los parlamentarios “elegir pronto y elegir bien”.
Los diputados tenían hasta el 15 de Julio anterior para nombrar a los magistrados que sustituirán a Sidney Blanco, Rodolfo González, Florentín Meléndez y a Belarmino Jaime, en la Sala de lo Constitucional, y a uno más en la Sala de lo Civil, que terminaron su periodo de 9 años.
No obstante, el Congreso no ha logrado aterrizar con el nombramiento de funcionarios de segundo grado.