Bienestar Policial es la dependencia de la PNC que debería velar por la asistencia social a los agentes de la corporación. Sin embargo, en la práctica no cumple con sus funciones. Para los agentes consultados por El Diario de Hoy, la unidad es un departamento inoperante, con políticas de atención deficientes e incapaz de cumplir con sus obligaciones y menos de cubrir las necesidades de los más de 23 mil agentes operativos de la institución.
Si a eso se suma que al interior de la policía no existe otra unidad que se encargue de recibir de manera particular las denuncias provenientes de agentes policiales, Bienestar Policial se convierte en la única esperanza para ellos.
Sin embargo, esta dependencia no se activa en ningún punto del esquema actual de denuncias, ni está clara su participación en el problema a pesar de la naturaleza de su origen. Un agente que tenga la intención de interponer una denuncia suele hacerlo primero a través de un informe a su jefe inmediato superior, pero esa ruta tampoco es eficaz.
“Tiene que existir un protocolo y un mecanismo dentro de la institución para atender este tipo de situaciones, pero es difícil cuando el Estado y el Ejecutivo no reconocen un término tan básico como ‘desplazamiento forzado por violencia’”, declara Armando de Paz, director de la Estrategia Regional de Cristosal, institución que acompaña y asesora legalmente a las víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador, quien también denuncia la ausencia de garantías básicas de seguridad social, traslados por amenazas o medidas para salvaguardar a las familias de los agentes.
Ante la duda, El Diario de Hoy intentó conocer el detalle de otros posibles proyectos que estuviesen destinados a garantizar la seguridad de los agentes de la PNC, las dependencias encargadas de ejecutar cada proyecto, los fondos destinados a cada uno, la procedencia de esos fondos, los resultados obtenidos y documentos relacionados.
En su respuesta, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) comunicó que la petición fue dirigida, como era de esperarse, a la División de Bienestar Policial, confirmando que es la dependencia más cercana a responder por esas obligaciones. Sin embargo, tras una espera de 15 días y una ampliación de plazo, la información fue denegada, pues Bienestar Policial jamás contestó a la solicitud de la UAIP. Se solicitó una entrevista con el director de Bienestar Policial, pero hasta la fecha no se tiene resolución.
FRASE
Bienestar Policial depende de la Subdirección de Administración y Finanzas de la PNC. Se consultó el monto presupuestario asignado a esa Unidad en la documentación hecha pública por el Ministerio de Hacienda, pero la información en manos de Hacienda únicamente refleja el presupuesto de la Policía Nacional Civil por Unidades Presupuestarias y Líneas de Trabajo.
Según esos datos, las dos líneas de trabajo que tienen que ver con el funcionamiento de la policía son la Línea de Dirección y Administración (Línea 01) y la Línea de Eficacia Policial (Línea 02). La primera recibió, para 2018, $31,396,335 y la segunda $266,478,225. No hay otra clasificación en el presupuesto aprobado para la PNC hecho público por Hacienda ni forma de conocer la distribución del dinero entre las unidades internas a través de esos documentos.
Con la intención de conocer el monto específico, desconocido incluso para Hacienda, este medio consultó, a través de una solicitud de información pública, el presupuesto de la Unidad de Bienestar Policial desde 2013 hasta 2017 y la respuesta fue que esa información no existía y únicamente eran de su conocimiento los presupuestos para las líneas de trabajo 01 y 02 (antes mencionadas).
Ni en el reglamento, ni en la Ley Orgánica de la PNC y menos en el Presupuesto de Seguridad Pública aprobado hay otra referencia a Bienestar Policial o su presupuesto. Es como si Bienestar Policial no existiera. Esa incertidumbre alrededor de la única unidad dentro de la PNC que tiene el mandato de brindar un mínimo de apoyo sobre las garantías y derechos de los agentes policiales, es uno de los principales motivos que empuja a los agentes consultados a dejar la corporación y escapar del país.
Los agentes viven en zonas de alto riesgo
No es habitual que en la parroquia de Suchitoto haya tantos policías como los hubo el 8 de agosto. Pocos minutos pasaban de las 2:00 de la tarde cuando varios de ellos entraron al templo por los costados.
De los ojos que suelen vigilar calles y caminos, esa tarde brotaron lágrimas ante el féretro del único policía que entró por el pasillo central del templo: William Caravantes, asesinado dos días atrás.
La misa concluyó y la marcha fúnebre recorrió las callejuelas de Suchitoto hacia el cementerio municipal. A través de rejillas de puertas y ventanas, los vecinos acompañaron con discreción a la familia doliente. La fotografía del agente Caravantes iba al frente y tres oficiales con uniforme blanco caminaron detrás del ataúd.
LA CIFRA
Policías han sido asesinados hasta el 17 de agosto de 2018. El más reciente en Candelaria, Cuscatlán.
Ellos fueron los que presidieron el protocolo en nombre del director de la PNC, quien no asistió a los actos funerarios del agente caído. “Este caso no quedará impune”, aseguró uno de los tres oficiales.
La alcaldesa de Suchitoto también asistió al sepelio del agente Caravantes y pidió la palabra. En un discurso de cinco minutos habló de compromisos y pidió unidad para mantener la violencia lejos del municipio.
El agente Caravantes fue asesinado en el caserío Zacamil del cantón Platanares de Suchitoto, sobre una calle de tierra rodeada por matorrales: uno de esos caminos que se prestan a las emboscadas y a la impunidad. Una de esas veredas descuidadas que abundan en los cantones y comunidades, donde los policías y sus familias no tienen otra opción que vivir a merced de sus verdugos.
“Ese camino no es seguro y la alcaldesa lo sabe, pero nunca ha hecho nada por arreglarlo”, relató un agente que acompañó al féretro de Caravantes y que está destacado en la zona. Él confirma que los lugareños viven asediados por las pandillas y que estas tienen una red de “colaboradores” que delinquen y asesinan en los cantones y caseríos cercanos.
Policías piden protección a sus superiores
La PNC se enfrenta a un problema que va en aumento, además del desplazamiento forzado de sus miembros, desde enero de 2014 hasta el 17 de agosto de 2018, han sido asesinados 200 policías en El Salvador.
Entre 2013 y 2017, se reportaron un total de 117 homicidios en ese municipio, según datos de Medicina Legal, cotejados con la Fiscalía General de la República (FGR) y la PNC. En promedio, hubo un asesinato cada 15 días.
Caminos, como el que recorría Caravantes el día que fue asesinado, son una de las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan a diario los policías que viven en la misma zona que los pandilleros que los asechan.
Una historia similar ocurrió con el agente Ramón Alberto Raymundo, quien fue asesinado la tarde del sábado 11 de agosto cuando se transportaba en motocicleta sobre un camino en el municipio de Candelaria, Cuscatlán.
Un par de horas después del asesinato del agente Raymundo, la FGR dijo tener en su poder información sobre grupos de pandillas que habrían girado instrucciones para atentar contra miembros de los cuerpos de seguridad pública en el occidente del país. Emitieron la alerta a través de sus redes sociales.
Después de sentirse abandonado por colegas y jefes, este policía vendió todo, compró boletos de avión para él y su familia y, al llegar a Inglaterra, pidió refugio.
La PNC reaccionó al mensaje catalogándolo como “inoportuno y atentatorio”. Aseguraron que mantienen constantes medidas de protección y “autoprotección” para su personal. Sin embargo, hasta el 17 de agosto, ya eran 14 los agentes asesinados en lo que va de 2018.
William Caravantes forma parte de ese grupo y con su muerte deja a cuatro niños en la orfandad. “Luchaba para sacar a sus hijos adelante, para que no se dedicaran a una carrera tan peligrosa como él tuvo que hacer”, sostuvo la hermana del policía.
En el cementerio hubo silencio después de sus palabras y el capellán de la PNC invitó a la familia a darle un último adiós al agente. Nadie fue capaz de contener las lágrimas. “Es como un ángel que me han quitado”, exclamó su madre entre sollozos.
Un policía que vestía de azul, como hacía Caravantes en su trabajo diario, se acercó a la madre y a la esposa del agente, abrazó a ambas mujeres y con la voz entrecortada les dijo: “Aquí vamos a estar siempre”. La esposa sostenía entre sus manos la bandera que entrega la PNC, la madre tenía una rosa blanca en su mano derecha. Minutos más tarde, con pala en mano, ese mismo agente ayudó a sepultar a su compañero. La madre de Caravantes lanzó la rosa que también quedó bajo tierra.