Cobra- indicativo utilizado por seguridad – es un policía que sobrevivió a un ataque armado de la Mara Salvatrucha en 2016, eso lo obligó a dejar su hogar con su esposa e hijos. Pero, sin otra medida de seguridad, escapar es solo un atenuante y no aleja realmente del peligro a los agentes amenazados por las pandillas. Cobra lo confirma: en el lugar en que se ocultó, los pandilleros no tardaron mucho en darse cuenta que era policía.
“Me quedé perplejo porque me investigaron, sabían hasta mi nombre”, relata el agente. En la casa de la madre de Cobra, donde él y su familia se refugiaron, vivía también su hermano menor. Con él se encontraba cuando fue víctima de un segundo atentado.
Los pandilleros lo interceptaron al bajarse de una unidad de transporte público. Les arrebataron su objetos personales y comenzaron a golpearlos. “Nos robaron todo y me dijeron que ya sabían que yo era policía”, recuerda Cobra. De pronto, el agente se vio cercado e impotente en mitad de un lugar desolado, rodeado por cinco sujetos armados que no paraban de golpearlos.
Uno de los pandilleros apuntaba en todo momento el cañón de su arma directamente a la cabeza de Cobra. “Yo solo esperaba el sonido del disparo”, confiesa el agente. Sin embargo, sucedió algo que él jamás dejará de explicar como un milagro, los pandilleros desistieron del ataque y comenzaron a retirarse. “Solo me dijeron que ya no me querían ver ahí”.
Como cualquier policía, Cobra no es de los que cede ante los delincuentes, pero pensó en su familia y las palabras de aquel pandillero fueron como órdenes para él. Al haber agotado las instancias a su alcance, al sentirse solo y desesperado, consideró que su única opción era tratar de escapar del país.
FRASE
Arnau Baulenas , Coordinador de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), es un profesional que por su trabajo ha conocido numerosos casos de desplazamiento forzado como el caso de Cobra. Este fenómeno, según explica, se da cuando una persona o un grupo familiar se ven obligados a abandonar su hogar por la violencia o un ataque inminente.
Según Baulenas, cuando un policía toma la decisión de escapar es porque ya ha intentado buscar protección por todos los medios, pero las políticas de seguridad pública han resultado fallidas para atender el problema.
Después de sentirse abandonado por colegas y jefes, este policía vendió todo, compró boletos de avión para él y su familia y, al llegar a Inglaterra, pidió refugio.
“Hay policías que cumplen con su deber y se ven afectados porque ni siquiera tienen la protección básica para realizar su trabajo”, dice Armando de Paz, director de la Estrategia Regional de Cristosal, otra de las instituciones que acompañan y asesoran legalmente a las víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador. Asegura que cuando policías llegaron a solicitar asistencia en los últimos años, lo hicieron porque fallaron en su intento de activar la institucionalidad en la PNC.
LA CIFRA
Agentes han sido asesinados entre enero de 2014 y el 12 de agosto de 2018.
Es la versión que confirma el agente Cobra, quien ahora vive como refugiado en el extranjero: “No hay garantías de derecho dentro de nuestra policía. Se encuentra politizada por los mismos de siempre (…) el Director General (Howard Cotto) solo ve intereses políticos y no la realidad que vive el personal bajo su mando”. Luego sentencia: “La maquinaria policial está en el nivel básico y el interés principal del nivel superior es cobrar su jodido salario y que la maquinaria sea quien sude la camisa”.
Desplazamiento forzado por violencia dentro de la PNC
La PNC se enfrenta a un problema que va en aumento. El caso de Cobra evidencia que el desplazamiento forzado por violencia en El Salvador también ha tocado a los miembros del principal cuerpo de seguridad pública. Desde enero de 2014, hasta el 17 de agosto de 2018, han sido asesinados 200 policías en El Salvador. Eso significa que, en promedio, un policía fue asesinado cada 8 días. Armando de Paz, de Cristosal, opina que “el Estado no ha tenido la capacidad de proteger a su población ni policial, ni civil”.
Tanto Cristosal como el Idhuca insisten en que el problema tiene su origen en la negativa de reconocimiento explícito del desplazamiento forzado por parte del Estado salvadoreño. Al ser la PNC la institución garante de seguridad del Estado, esta se acopla al discurso oficial y no reconoce la existencia del fenómeno ni cuenta con directrices para dar respuesta a las víctimas.
FRASE
El pasado 13 de julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia que legitima a las víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador. “Declárase que en El Salvador existe un fenómeno de desplazamiento forzado de personas que tiene origen en el contexto de violencia e inseguridad”, reza parte de la resolución.
Además, manda a la Asamblea Legislativa a legislar sobre el tema y al Ministerio de Seguridad Pública a reconocerlo. “Ordénase reconocer a las víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado dicha calidad”, dice el documento de la Sala, que también exige diseñar e implementar políticas públicas orientadas a prevenir el desplazamiento forzado, brindar medidas de protección a quienes ya tienen “de facto” la condición de desplazados y garantizarles la posibilidad de retorno a sus residencias.
“En el momento que no queremos poner nombre al problema y aceptar que es un problema, cualquier respuesta que se intente dar será una respuesta nula”, afirma Arnau Baulenas. Según él, tener una tasa tan grande de desplazamiento sin reconocerla hace imposible hablar de protección.
El Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno publicado por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) ubica a El Salvador entre los diez países con más desplazamientos forzados por violencia en el mundo durante 2017. El IDCM da cuenta de 296,000 personas forzadas a huir de sus hogares a causa de la violencia. Sin embargo, el Gobierno se resiste a reconocerlo.
“El gobierno sabe que hay desplazamiento forzado, lo único es que por táctica o estrategia política sigue con la idea de que es propio seguir negando el hecho”, opina Baulenas. “Reconocerlo (El desplazamiento forzado) permite trabajar en los mecanismos de protección para las víctimas”, sostiene Armando de Paz.
Por diferentes medios, se quiso obtener la opinión del Director de la PNC, Howard Cotto, para conocer la postura oficial de la institución ante los casos de policías desplazados por la violencia y la atención que se brinda a las personas afectadas; sin embargo, no se ha conseguido respuesta alguna hasta la fecha.