El ministro de Educación, Carlos Canjura, recibió ayer una propuesta de Política Nacional de Educación Superior y la hoja de ruta para ejecutarla. Esta se convierte en el primer esfuerzo de este tipo que se hace en el país.
La propuesta tiene como objetivo transformar este sistema educativo para que se convierta en promotor del desarrollo, a partir de una visión y planificación de país que favorezca la ciudadanía, equidad, productividad, innovación y desarrollo científico.
El director nacional de educación superior, Francisco Marroquín, uno de los miembros del Pacto Multisectorial para la Construcción de la Política Nacional de Educación Superior, fue el encargado de entregar el documento al titular del Ministerio de Educación (MINED), durante una ceremonia que se llevó a cabo en un hotel capitalino.
El citado pacto es una instancia en la que participan técnicos de los ministerios de Educación, Economía, el viceministerio de Ciencia y Tecnología, así como distintos centros de enseñanza superior y otros profesionales del país.
Según explicó el padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dicha propuesta es la primera de este tipo que se construye en el país y en ella se plantea cinco ejes: estructura del sistema; articulación de la docencia, investigación y proyección social; calidad de la educación superior; acceso, equidad y eficiencia; y desarrollo profesional académico.
El esfuerzo de construcción de la propuesta de Política Nacional de Educación Superior arrancó en 2016, y ha sido posible gracias al acompañamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Este organismo invirtió $120 mil dólares en concepto de facilitación y asistencia técnica.
Para el ministro Carlos Canjura, la propuesta está en la línea de poner en sintonía el trabajo de formación de profesionales que se hace en los centros de educación superior con las necesidades que existen en el sector productivo del país, y eso ayudará a hacer frente, de mejor manera, a los problemas que se presentan en todos los ámbitos.
El titular del Mined sostiene que “el desarrollo tecnológico es sin duda un desafío que tenemos no solo como El Salvador, sino como América Latina”.
La propuesta, que el Mined tiene que trasladar al Presidente de la República, también dará pie a que se trabaje en una reforma de la Ley de Educación Superior.
Francisco Marroquín, director nacional de Educación Superior, sostiene que es importante contar con un marco legal que permita dar luz verde a iniciativas como la internacionalización de la educación; es decir que se tenga una estructura educativa que favorezca que los estudios que imparte una de las instituciones de enseñanza superior del país sean reconocidos en otras que operan a nivel local y en el extranjero, y viceversa.
Eso evitaría que los estudiantes tengan que pasar un calvario para que les validen los estudios cuando quieren especializarse.
Con los cambios en la legislación también se propiciaría el desarrollo de más trabajos de investigación conjunta entre las universidades. Según indica en la actualidad, y siempre con apoyo de USAID, están en marcha 15 proyectos de investigación conjunta de este tipo.
El padre Andreu Oliva detalló que la propuesta plantea que se garantice sobre todo la calidad de la educación superior, procesos de mejora continua, de innovación, y acceso a la educación superior.
“La política contempla buscar financiamientos para un fondo nacional de becas, de manera que aquellos estudiantes que tienen capacidad, el deseo de estudiar, puedan tener acceso a las instituciones de educación superior, y por supuesto que va a suponer inversión tanto a nivel del Estado como de las instituciones educativas”, aseguró.
Peter Natiello, director de USAID en El Salvador, destacó la importancia de la propuesta en la medida que la calidad de la educación de los profesionales que salen de las universidades impacta directamente en el desarrollo del país y bienestar de su gente.
“Sabemos que en el mundo de hoy un diploma de bachillerato ya no es suficiente. Una fuerza laboral altamente calificada es vital para que un país sea competitivo en la economía y el mercado mundial, y ni hablar de las diferencias de ingresos entre quienes se gradúan de educación secundaria, comparados con los que se gradúan de la educación superior”, enfatizó.
Natiello, de igual forma, destacó que solo dedicarse a producir graduados universitarios no garantiza el crecimiento económico, y si bien se necesitan abogados, doctores y administradores de empresa, el mundo actual exige que los profesionales graduados respondan a perfiles cada vez más específicos, y que cada vez son más demandados por el resto del mercado labora y los sectores productivos.
