La historia de Cobra: un policía y su familia que huyeron a Inglaterra tras ataque de pandillas

El acoso que hacen las pandillas a los policías y sus familiares los obliga a dejar sus hogares y el país.

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Foto EDH: Archivo

Por Marvin Romero

2018-08-16 10:16:26

Dalila y sus tres hijos estaban escondidos en un apartamento de la planta baja del edificio 92 de la colonia Zacamil en el municipio de Mejicanos. El que tiene la pared llena de agujeros de bala. Era una tarde de octubre de 2016. La puerta, sin número, permanecía cerrada con doble seguro y la ventana, que da a la calle, estaba cubierta con una tela oscura. La mujer y los niños llevaban ya varios días encerrados. Afuera, un grupo de pandilleros vigilaba la entrada del apartamento día y noche.

El esposo de Dalila es policía y la pandilla lo sabe. Dos veces han intentado matarlo. La primera, cuando le dispararon una ráfaga de balas al salir del apartamento junto a su esposa y su hija de dos años. La segunda semanas más tarde, cuando le colocaron el cañón de un revólver a escasos centímetros de la cabeza. Cobra -indicativo utilizado por seguridad – supuso que no sobrevivirían a un tercer ataque. Entonces decidieron vender sus pertenencias y escapar del país.

Ahora Cobra y su familia viven como refugiados a 8,700 kilómetros de El Salvador. Hasta allá los empujó la violencia que se sufre a diario en el país, la inseguridad de su trabajo y el completo desinterés de sus jefes, quienes le dieron la espalda tal como lo han hecho con decenas de sus compañeros y sus familias, quienes se vieron en la misma situación: algunos ya están muertos.

 

 

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Cuando Cobra sufrió el primer ataque, en octubre de 2016, las balas de los pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha) impactaron en las paredes de su apartamento y en el de su vecino. Como pudo, cubrió a su esposa y a su hija, sacó su arma y se defendió. Logró repelerlos pero era evidente que los atacantes volverían y que debían estar preparados. Desde entonces, los pandilleros comenzaron a vigilarlos día y noche.

Dalila y los niños se mantenían encerrados y no salían a menos que fuera con Cobra. Eran encierros prolongados, debido a los turnos laborales del agente. Tras el ataque, él solicitó protección al Sistema 911 de la Policía, pero nunca llegaron. “No recibí apoyo de mis propios compañeros, eso me dio temor”, confiesa Cobra.

Decidió elaborar un informe para presentarlo a la jefa de la delegación donde estaba destacado, en el municipio de Santa Ana, pero jamás recibió respuesta. “Omitiré el nombre (de la jefa), no vale la pena, pero era una subinspectora”, agrega con cierta decepción. Se volvió evidente para Cobra que no recibiría ni palabras de aliento.

El caso de Cobra no es único dentro de la corporación policial. Desde 2013, la PNC registra 976 denuncias por amenazas directas de pandillas a policías: una denuncia de amenaza cada dos días durante los últimos cinco años. El 73 % de casos proviene de agentes de rango básico: oficiales que trabajan brindando seguridad en calles, comunidades y cantones por todo el país.

 

 

Los datos confirman que, en el mismo período, 325 policías presentaron su renuncia a causa de esas mismas amenazas, sugiriendo que cerca de la mitad de denuncias terminan en la renuncia del agente (un 45 % del total) Un agente renunció cada cinco días entre 2013 y 2017 por esta causa. En 2016, el año con mayor número de casos registrados, 119 agentes renunciaron. Es decir, un policía renunció cada tres días.

 

 

Ello evidencia la condición de abandono a la que se enfrentan los agentes amenazados. Sin apoyo en el 911 ni en su jefatura, al agente Cobra no le quedó otra opción que implorar la protección de compañeros policías destacados en las cercanías de su casa, en donde fue atacado junto a su familia. Sus camaradas, como los sigue llamando en la actualidad, aceptaron ayudarle.

Los policías hicieron turnos para vigilar el apartamento de Cobra, sin dejar de cumplir con el patrullaje en los sectores bajo su responsabilidad. Pero todo ese esfuerzo fue en vano, los pandilleros siguieron llegando a “postear” (vigilar la zona) frente al hogar del agente. Cobra decidió que lo mejor era cambiar de residencia, al menos de forma temporal, “hacia un lugar más seguro”. La familia reunió algunas pertenencias y se mudaron sin levantar sospechas.

Una de cada cinco renuncias de policías durante los últimos cinco años fue debido a amenazas directas. En ese período, el fenómeno se incrementó. La intimidación hacia agentes y sus familias ya es un factor de importancia que afecta no solo a la operatividad de la PNC, sino que también obliga a los policías a abandonar su trabajo y sus hogares – como sucedió con Cobra – y los expone a patrones de desplazamiento forzado a causa de la violencia de las pandillas.

 

 

Nadie escuchó el grito de auxilio del agente Coreas

Dos patrullas estacionadas de la PNC rompen la engañosa calma, sobre la polvorienta calle que lleva al caserío Quebrada Honda, del municipio de Chilanga en Morazán. Es mediodía. Custodian el cerco que sirve como entrada a una de las casas sobre el camino. Adentro, en la habitación principal, hay tres ataúdes. Pertenecen al padre, la madre y la hermana del agente Coreas, asesinados en esa casa dos días atrás.

Unas treinta personas están dispersas entre esa habitación y sobre la vereda que del corredor de la casa lleva hasta la calle principal. A ambos lados del sendero, tres o cuatro policías vigilan entre los árboles. El agente Coreas está de pie a unos pasos del cerco. Habla con todos y con nadie. Tiene la mirada perdida.

Todo ocurrió la tarde del miércoles 4 de julio de 2018. Faltaban cinco minutos para las cuatro cuando el agente Coreas, que en ese momento estaba destacado en el municipio de La Unión, alertó sobre un grupo de hombres armados que llegaron a su hogar en Chilanga. Nadie llegó en su defensa y los sujetos abrieron fuego contra su familia.

Fotos EDH/ Oscar Iraheta

Los vecinos relatan que se escucharon varios disparos que confundieron con los golpes de un martillo. Según el reporte policial, al menos siete sujetos armados entraron a la casa de la familia Coreas y asesinaron a Fernando Coreas de 75 años, Albertina López de 67 y Marlene Coreas de 31. Además, hirieron al hijo de Marlene de cuatro años de edad.

La esposa de Coreas, que se escondió cuando escuchó los disparos, no se explica la razón del ataque. Asegura que toda la comunidad sabía, desde hace años, a qué se dedicaba su esposo y que nunca recibieron amenazas de ningún tipo. Sin embargo, las autoridades no descartan la posibilidad que el atentado esté relacionado con que Coreas sea policía.

Así lo confirmó uno de los agentes destacados en la zona y que vigila desde la vereda. Él afirma que el caserío Quebrada Honda es dominado por una clica de la Mara Salvatrucha y que es un lugar de alto riesgo para cualquier policía o su familia. Los lugareños lo confirman. Relatan que viven constantemente amenazados por los pandilleros y que es común verlos rondar por la zona montañosa que lleva al municipio vecino de Guatajiagua.

Foto EDH: Archivo

Entre 2016 y el primero semestre de 2017, 27 familiares de policías fueron asesinados en todo El Salvador. La mayoría eran parientes de agentes de rango básico. Al preguntar directamente al agente Coreas si ha recibido alguna amenaza personal y si la denunció a las autoridades, dice: “Mejor no, ya no voy a hablar de eso”. Disimula la mirada y se escabulle entre la gente. Su esposa va tras él.

Sobre la vereda, antes de llegar al corredor, una habitación de bahareque funciona como cocina improvisada. Adentro, un grupo de mujeres, entre vecinas y familiares, preparan los alimentos para quienes han llegado a acompañar a los dolientes. A pesar de la oscuridad y el humo, es fácil ver la tristeza en sus rostros.

Al principio son reservadas y discretas pero el recuerdo de “los señores y la muchacha” las conmueve y de pronto todas tienen algo que contar. Sin descuidar el fuego, una relata que Fernando era agricultor, otra agrega que venía del Chaparral. Discuten sobre la edad de Albertina, no hay consenso. La mayor, al fondo de la habitación, menciona al hijo de Marlene: “Está en el hospital, pero está bien”.

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Por momentos bajan la voz y hablan con recelo. “No nos habían contado de ningún problema, no se metían con nadie”, dice una. “Hasta mañana va a ser el entierro”, señala la que está junto. “Después de eso, ellos (Coreas y su esposa) se van a ir de aquí”, añade la primera. El resto se dispersa en la cocina, como ya no queriendo participar de la conversación.

La mujer baja aún más la voz y se acerca a la puerta. “Allí quedó don Fernando, en la hamaca”, dice y señala al corredor. Hay manchas de sangre en el suelo. “La señora quedó en un cuarto y la muchacha en el de a la par”, agrega. Las otras mujeres cruzan miradas y la que habla se incomoda. “No se pueden quedar aquí, para el lunes todo esto va a estar solo”, concluye y, sin más, regresa al fuego.

Espera la segunda entrega sobre cómo los ataques de pandilleros a policías dejan en evidencia que existe desplazamiento forzado al interior de la PNC y que las autoridades de seguridad pública no reconocen la existencia del fenómeno.