El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador autorizó este viernes hacer un juicio abreviado al expresidente de la República, Antonio Saca, a tres exfuncionarios y a dos exempleados administrativos de su Gobierno a quienes se les acusa de peculado (apropiación de fondos públicos) y de lavado de dinero. A otro extrabajador que es procesado junto con ellos se le hará un juicio ordinario. Ese aval evitará que este caso termine en impunidad, dijo el Fiscal General Douglas Meléndez, en una primera reacción.
Los siete imputados desviaron $301 millones provenientes de fondos públicos hacia cuentas particulares durante el Gobierno de Saca (2004-2009), según las investigaciones fiscales.
Los delitos que se les imputan a los cuatro exfuncionarios y los tres exempleados de Casa Presidencial son castigados hasta con 27 años de cárcel, pero tras la negociación que hicieron con el Ministerio Público, de admitir su culpa a cambio de reducir la pena, purgarían condenas de entre tres y 10 años de prisión.
86 frecuencias radiales y 35 inmuebles embargados a Tony Saca
Propiedades, 86 frecuencias de radio, sociedades, vehículos incautados, serán sometidos a un proceso de extinción de dominio.
Fiscal defiende juicio abreviado
El Fiscal General defendió ayer en la entrevista televisiva Frente a Frente la solicitud que hicieron al Tribunal Segundo de Sentencia para hacer el juicio abreviado al expresidente Saca y a otros cinco acusados de apropiarse de $301 millones provenientes de fondos públicos.
Meléndez aseguró que la Fiscalía tiene suficiente prueba para demostrar que el exmandatario y sus colaboradores cometieron los delitos que se les imputan y lograr una condena.
Pero el funcionario no confía plenamente en la justicia salvadoreña, pues sostuvo que en “casos delicados el Sistema de Justicia no funciona completamente” y si los acusados llegaban a ser condenados en un juicio ordinario podrían recurrir a un tribunal superior para pedir que anularan el fallo y con ello se corría el riesgo de que Saca y el resto de exfuncionarios quedaran en libertad.
“Con la prueba que tenemos podemos lograr una condena, pero debemos entender que en instancias superiores podría ser que salieran libres. La pena del procedimiento abreviado no puede ser apelada, pues media una confesión. Nosotros acá estamos asegurando una pena de 10 años inapelable”, sostuvo Meléndez.
El titular del Ministerio Público señaló que ya se han dado casos en donde los jueces, con sus resoluciones, “nos han tirado investigaciones de años de un plumazo”.
Durante el juicio, los fiscales han acusado al exmandatario de haber montado una “estructura criminal” para desfalcar al Estado.
Mauricio Funes dio $6 millones para fundar partido de Saca
El fiscal general, Douglas Meléndez, asegura que un testigo reveló ese desvío de dinero público.
Meléndez sostuvo que el expresidente utilizó el dinero para hacer compras indebidas. Por ejemplo, dijo, solo a la Oficina de Inteligencia del Estado (OIE) fueron a parar casi $40 millones sin justificación.
También aclaró que los $25 millones (de los $301 millones) que la Fiscalía dijo que los imputados reintegrarán al Estado solo es una suma inicial, ya que las empresas, las marcas, y las 86 frecuencias del Grupo Radial Samix aún no están incluidas en ese monto.
“Lo que hemos garantizado con este acuerdo es que el expresidente Saca admita los delitos continúe preso, que se siga bañando en la pila y que duerma con pulgas”, dijo Meléndez.
Ayer, la Fiscalía y el Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab) confiscaron 35 inmuebles (mansiones, fincas y ranchos) y empresas de Saca y del resto de imputados.
El proceso exprés
El martes, en el primer día del juicio, los fiscales revelaron a los jueces que la institución tenía las “confesiones extrajudiciales” de Saca, de su exsecretario privado, Élmer Charlaix; del exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, y del exsecretario de la Juventud, César Funes, quienes estaban dispuestos a admitir su culpabilidad en un procedimiento abreviado.
Para el exmandatario y Charlaix, los fiscales han solicitado una pena de cárcel de 10 años por delitos de lavado de dinero y peculado, es decir cinco años de reclusión por cada delito. Para Rank y Funes, enjuiciados por lavado de dinero, solicitaron cinco años de reclusión.
Un día después, el exjefe de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga y su subalterno, el exjefe de la Tesorería, Jorge Alberto Herrera Castellanos, también negociaron un juicio exprés con fiscales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a cambio de declararse culpables.
El primero enfrentaría una condena de seis años de cárcel: tres por lavado de dinero y tres más por peculado; para el segundo los fiscales han solicitado una pena de tres años por este último delito.
593 cheques por $300 millones
Jorge Alberto Herrera Castellanos fue el último de los seis acusados que se favorecerán con el procedimiento abreviado en rendir su confesión ante los jueces.
El administrador de empresas, de 73 años, admitió que, siendo el custodio del Tesoro Público de Casa Presidencial, ejecutó acciones ilegales en el Gobierno de Saca que permitieron la sustracción de fondos del Estado para beneficiar a personas particulares.
Según él, entre junio de 2004 y mayo de 2009, emitió 593 cheques (por un monto de $300 millones) a cuenta de la Presidencia porque supuestamente se utilizarían para el pagar salarios así como la cancelación de bienes y servicios prestados.
Sin embargo, el dinero fue a dar a manos de personas particulares y jurídicas que no tenían ninguna relación con la institución. Para ello, él cuidó de hacer las transacciones de forma que se evitaran los controles del Ministerio de Hacienda.
Herrera dijo que las órdenes las recibió de Saca, a quien señaló como el “cerebro” de la estructura, así como de Charlaix y Rodríguez Arteaga, quien era su jefe inmediato.
Estos dos exempleados administrativos, junto al exasistente contable, Pablo Gómez (el único de los acusados que decidió enfrentar un juicio ordinario) también enfrentan otro proceso en el caso conocido como “Saqueo Público”, en el que el expresidente Mauricio Funes habría dirigido una estructura que le permitió sustraer para beneficio propio y de terceros $351 millones de fondos del Estado.
La Fiscalía acusa a Rodríguez Arteaga, Herrera y Gómez de haber ayudado a Funes a desviar $351 millones de fondos públicos, $92 millones los sustrajeron en efectivo.