Corte de Cuentas le hizo dos auditorías a Saca y no alertó sobre anormalidades

En 2009 avaló la gestión financiera de Saca. En el proceso abreviado, en el que la Fiscalía pidió 10 años de prisión para el expresidente, él admitió haber lavado dinero público.

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Uno de los abogados defensores conversa con el expresidente Antonio Saca. Foto EDH/ René Quintanilla

Por David Marroquín

2018-08-08 9:14:43

Nueve años después de que la Corte de Cuentas le entregara dos finiquitos al expresidente Elías Antonio Saca con los que le avalaba que supuestamente había manejado con transparencia los fondos públicos, el mismo Saca confesó a la Fiscalía General haber desviado y lavado más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado.

La Fiscalía General aseguró el martes pasado que Saca admitió haber cometido los delitos de peculado (apropiarse de dinero público) y lavado de dinero. Confesó también que “adquirió con fondos públicos: vehículos, ranchos, haciendas, residencias de lujo, dinero en efectivo, sociedades, acciones, entre otros”, según el Ministerio Público.

Estos bienes, como los del resto de imputados, ascienden a valores millonarios y serán sometidos por la Fiscalía al procedimiento de extinción de dominio, con lo cual los bienes adquiridos de manera ilícita serán restituidos al Estado.

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También lo harán tres de sus exfuncionarios y dos exempleados de la Presidencia

Las auditorías que la Corte de Cuentas le hizo a la administración Saca se dividieron en dos periodos. Una correspondió al periodo del 1 de junio 2004 al 31 de diciembre de 2007. Esta se la entregaron el 28 de mayo de 2009.

Finiquito en diciembre de 2009

El segundo examen financiero correspondió al periodo del 1 de enero de 2008 al 31 de mayo de 2009, cuando Saca terminó su gestión. El documento le fue entregado el 20 de julio de ese año.

Sin embargo, Saca se reunió con el entonces presidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, el 7 de diciembre del 2009, para que reiterara que él no tenía cuentas pendientes con la administración pública. Contreras estuvo unos 20 años en la Corte de Cuentas y fue alto dirigente del Partido de Conciliación Nacional (PCN).

El encuentro fue propiciado por Saca a raíz de una publicación de El Diario de Hoy en la que se señalaba que la Presidencia de la República, en la gestión Saca, había gastado 219 millones de dólares más del presupuesto que le había aprobado la Asamblea Legislativa en el rubro de bienes y servicios.

Esos gastos, sin ser ilegales, no habían sido justificados por la administración Saca.

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En esa reunión, Contreras respaldó los dos finiquitos entregados a Saca en su momento. “Para nosotros como Corte, esto está fiscalizado. Si entramos a hacer una nueva fiscalización o investigación como se le quiera llamar, estaríamos cayendo en que una persona, en un símil de relación con lo judicial, no puede ser juzgada dos veces por la misma causa”, dijo Contreras.

Contreras afirmó que los dos finiquitos extendidos por la Corte a Saca eran “suficientes para probar que los fondos fueron manejados con transparencia”. El exmandatario dijo en esa ocasión: “Está claro que todo lo actuado en este tema es totalmente legal. Todo (fondos) ha sido auditado”.

Sin embargo, el 20 de junio pasado, la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Landaverde, hizo un “mea culpa” del trabajo realizado por sus antecesores. “Hacer una mea culpa del trabajo realizado por la Corte de Cuentas; sin embargo, muchas de las decisiones de los funcionarios se debía a las administraciones de turno. Queremos hacer un desligamiento de esas administraciones de turno”, dijo Landaverde, a propósito de sendos finiquitos a Saca y al prófugo Mauricio Funes, enjuiciado bajo cargos de haber desviado 351 millones de dólares de las arcas del Estado en el primer gobierno del FMLN (2009-2014).

Piden investigar a exfuncionarios de la Corte de Cuentas

Representantes de organizaciones que luchan por la transparencia en la administración pública cuestionaron la falta de control de la Corte de Cuentas en esa época.

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“Ya se sabe que el manejo de los gastos reservados de la Presidencia no ha sido auditado. Ante ello, los funcionarios de la Corte de Cuentas pueden haber caído en incumplimiento de deberes o en figuras activas de encubrimiento que conllevan responsabilidad penal”, advirtió Jaime López, coordinador de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

Agregó que por esa razón es que se “mantiene la exigencia que las personas que han estado al frente de la Corte de Cuentas sean investigadas”.

Eduardo Escobar, coordinador de la organización Acción Ciudadana, aseguró que el ente contralor realizó una fiscalización deficiente de los fondos públicos manejados por la administración Saca. “No existieron los controles sobre la gestión financiera que llevó adelante el expresidente Saca y ahí está lo preocupante de que la Corte de Cuentas siempre ha sido una institución que se disputa políticamente para tenerla controlada y es para esto, para que no haya un control efectivo de los fondos públicos y que se puedan usar arbitrariamente”, dijo Escobar.

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Varios analistas y representantes de organizaciones sociales cuestionaron el acuerdo al que la Fiscalía llegó con los imputados.

Ninguno de los dos analistas cree que Funes pueda negociar un juicio abreviado con la Fiscalía. Funes también recibió un finiquito por parte del expresidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez.

“Aunque de origen y estructura similar, el caso Saca y caso Funes son distintos. El problema del procedimiento abreviado es cuando es usado para vulnerar la proporcionalidad de los procesos o para favorecer la impunidad”, dijo López.