La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Raquel de Guevara, reiteró este miércoles su rechazo a que las medidas extraordinarias de seguridad implementadas en las prisiones con pandilleros desde 2016 sean permanentes y pidió que se analice su aplicación.
De Guevara señaló, través de las redes sociales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que “no respalda” que las medidas extraordinarias se vuelvan permanentes y se contemplen como tal en la Ley Penitenciaria.
La procuradora también denunció que no fue convocada este miércoles a la reunión que sostuvo la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para estudiar una reforma a la Ley Penitenciaria, con la que el Ejecutivo de este país busca mantener dichas medidas.
#Procuradora @RaqueldeGuevara no respalda que #MedidasExtraordinarias se vuelvan permanentes en la Ley Penitenciaria. @PDDHElSalvador no fue convocada a reunión de #ComSeguridad @AsambleaSV
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) 8 de agosto de 2018
“Personal de la PDDH realiza las comunicaciones pertinentes para indagar las razones por las cuales no fui convocada este día a la reunión que sostuvo la Comisión de Seguridad para el estudiar la reforma a esta ley (Penitenciaria)”, indicó la Procuradora.
Según lo explicó en su momento el titular del Ministerio de Seguridad, Mauricio Ramírez, las medidas propuestas a través de este proyecto de reforma buscan incorporar de forma permanente en la Ley Penitenciaria todas aquellas disposiciones temporales que han servido para mantener el control en el sistema penitenciario.
Dicho recrudecimiento de la seguridad carcelaria incluye la suspensión de visitas, el encierro permanente de los reos, traslados expeditos a la cárcel de máxima seguridad, el corte de las telecomunicaciones en los penales y la creación y mantenimiento de centros temporales de reclusión.
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Se trata de al menos 14 reformas a la ley penitenciaria
Este régimen más severo de seguridad se aplica en las cárceles de Chalatenango, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, Izalco, Quezaltepeque y la de máxima seguridad en Zacatecoluca, que albergan a miembros de la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias.
El Congreso de El Salvador autorizó en marzo pasado la ampliación de estas medidas hasta octubre próximo, con lo que dieron un portazo a la petición del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien ha pedido poner fin a esta política.
Tras finalizar una visita al país centroamericano en noviembre de 2017, Zeid advirtió que estas medidas “han colocado a miles de personas en detención prolongada y aislamiento bajo condiciones realmente inhumanas”