Elías Antonio Saca recibió hasta $60,000 en concepto de salarios mientras fue presidente de la República, y ese dinero presuntamente provenía de sus empresas, las que a su vez fueron alimentadas con fondos públicos. Así lo explicó el martes la Fiscalía en el primer día de juicio por el desvío de $301 millones del Estado contra el exmandatario y otros seis imputados.
“Nosotros decimos que ese fue un mecanismo que él utilizó para finalmente hacerse llegar el dinero que él sustrajo ilegalmente mientras era Presidente de la República”, señaló al final de la jornada de la vista pública uno de los fiscales del caso.
Según la investigación fiscal, cuando Saca llegó a la Presidencia en junio de 2004, tenía un salario de $5,000, pero un año más tarde este aumentó a $14,000, lo cual consideró que no era posible porque ya fungía como funcionario público las 24 horas del día y así no podía trabajar en las cinco sociedades de las cuales era accionista.
Expresidente Saca acepta culpa en desvío de $301 millones
En el inicio del juicio contra el exmandatario y seis subalternos acusados de sustraer $301 millones del Estado, FGR pidió proceso abreviado y diez años de prisión para Saca.
Entre 2007 y 2008, señaló el fiscal, hubo un aumento “paulatino” de $27,000 hasta llegar a $60,000, y se mantuvo así hasta 2012 o 2013, pese a que las sociedades de Saca habían reportado pérdidas desde 2010.
“¿Cómo es posible que empiecen a reportar pérdidas, a tener menos ingresos, pero empieza a pagar mayor salario al señor Elías Antonio Saca?”, cuestionó el fiscal, para quien resulta razonable que luego el salario del imputado se hubiera reducido a $10,000 y $11,000 por “la inflación” y el “incremento de gastos de vida”.
Durante el juicio, la Fiscalía explicó ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador las formas en las que presuntamente Saca y los exfuncionarios desviaron millones del Estado.
Una de ellas, dijo, fue la creación de 16 cuentas particulares a nombre del exsecretario privado de la Presidencia, Elmer Charlaix; del exjefe de la Unidad Financiera de la Presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga; y Pablo Gómez, excontador Charlaix, quienes presuntamente giraron cheques para las agencias de publicidad América Publicidad, ANLE y Funes y Asociados, y la empresa comunicacional Marketing and Services.
Declaraciones de la Fiscalía en caso Saca
Jorge Cortez calificó de “histórica” la condena por peculado y lavado, a pesar de la negociacion de un proceso abreviado que disminuiría las penas de Tony Saca, Julio Rank, Elmer Charlaix y César Funes a 5 años por delito al declararse culpables.
Estas, según la Fiscalía, ayudaron a Saca al desvío de dinero hacia sus sociedades y la de su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, también procesada en otro juzgado por lavado de dinero y activos.
De esa forma, el Grupo Radial Samix, la Promotora de Comunicaciones, Radio Difusión de El Salvador, Radio Difusión Usuluteca y Stereo 94.1, de acuerdo con la investigación, recibieron el 80 % del dinero triangulado.
“El lavado de dinero tenía un costo, una comisión”, explicó la Fiscalía, al referirse a que las sociedades que ayudaron a lavar el dinero se quedaban con el 20 % del monto que recibían, a excepción de Marketing and Services que se habría quedado con el 15 % o el 16.4 %.
En la administración Saca, por ejemplo, el Ministerio Público detalló que América Publicidad y Funes y Asociados fueron las dos sociedades que más dinero triangularon para las cuentas de las empresas del expresidente.
La primera se supone que recibió $7,069,712, pero de estos emitió a favor de las empresas vinculadas al exfuncionario $5,659,514. Mientras que la segunda recibió $7,279,552, pero desvió $6,412,522.
En total, sostuvo el fiscal del caso, en el primer año de la gestión Saca, las tres agencias y la empresa comunicacional recibieron mensualmente $100,000 para triangularlos, pero el monto aumentó a $125,000.
Defensa desliga a imputados de uso ilegal de fondos
“Ellos recibieron una orden de abrir esas cuentas, que era del presupuesto de los gastos reservados y que se manejaban a discreción del Presidente”, señaló Cindy Rivera, una de las abogadas de los tres exempleados de la Presidencia acusados de abrir cuentas particulares para el desvío de fondos.
Según ella, las cuentas que abrieron Gómez y Rodríguez Arteaga, también especificaban que eran de Gastos Operativos de la Presidencia. Pero la Fiscalía, a través de la investigación, ha determinado que no es posible abrir una cuenta de ese tipo con un nombre particular.
Por su parte, el abogado de Saca, Mario Machado, dijo que el monto cuestionado por la Fiscalía en el proceso no fue utilizado ilícitamente y no se logró identificar cuánto de ese dinero fue utilizado para el pago de sobresueldos o para el pago del el Organismo de Inteligencia del Estado.