No es primera vez que el Fiscal General, Douglas Meléndez, y el ministro de Defensa, David Munguía Payés chocan.
“A mí realmente me da pena ajena ver a un ministro de Defensa declarando a favor de imputados”, señaló Meléndez en agosto del año pasado, cuando se realizaba el juicio contra los imputados en el caso Tregua entre pandillas, en el que Munguía Payés era uno de los testigos de descargo.
Aunque en esa acusación la Fiscalía dijo que Munguía Payés, quien entre 2012 y 2013 fue ministro de Justicia y Seguridad, era el “creador e ideólogo” de la tregua, no fue parte de los 18 procesados.
“A mí el Fiscal no me va a intimidar; ni a los oficiales, ni a nuestros soldados”, sostuvo el funcionario ante las declaraciones de Meléndez.
Un mes después hubo otra confrontación entre los funcionarios, ya que Meléndez dijo que la Asamblea Legislativa debía valorar si era prioridad traer al país cuatro helicópteros usados que China-Taiwán donó a la Fuerza Armada, en los cuales se invertían $2 millones, o reforzar las investigaciones fiscales y la protección a testigos. Munguía Payés dijo que no era conveniente “desestimar” la ayuda.
En febrero de este año, la Fiscalía acusó a los coroneles Héctor Solano Cáceres y David Iglesias Montalvo, y el teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño de encubrir la tortura de dos jóvenes, pero en la intervenciones de llamadas del proceso, las autoridades sospecharon que los imputados también estaban vinculados a un presunto grupo de extermino de pandilleros.
Munguía Payés negó entonces que hubiese grupos de extermino en la institución. Meléndez aclaró que la Fiscalía no investiga instituciones, sino hechos, e instó a los ministros a colaborar con las autoridades.
Mientras que en julio del año pasado, en la segunda audiencia sobre la sentencia de derogación de la Ley de Amnistía, Meléndez dijo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que los fiscales había tenido problemas para acceder a documentación militar y así investigar 160 crímenes de guerra. Un día después Munguía Payés lo contradijo.
La firma de los Acuerdos de Paz estableció ya no disponer de la Fuerza Armada para asuntos de seguridad pública. El artículo 211 de la Constitución dice que la Fuerza Armada es una institución al servicio de la nación, también es “obediente, profesional, apolítica y no deliberante”. Mientras que el artículo 212 le otorga la misión de la defensa de la soberanía del Estado.
La Sala de lo Constitucional, en mayo de 2013, declaró inconstitucional los nombramientos de Munguía Payés como ministro de Seguridad y Justicia, y de Francisco Ramón Salidas, como director de la Policía Nacional Civil. Uno de sus argumentos fue que la Constitución señala una separación entre las actividades de la defensa nacional y las de seguridad pública.