Los diez magistrados que actualmente conforman el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no tienen un plan de trabajo a seguir en caso de que la Asamblea Legislativa demore más en nombrar a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, señaló ayer la presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas Galindo.
A más tardar el 15 de julio, los diputados tuvieron que haber elegido a cuatro magistrados constitucionalistas, pero la discusión se ha entrampado, lo que deja en abandono a los ciudadanos que presentan solicitudes de hábeas corpus, demandas de amparo y de inconstitucionalidad.
Según Rivas Galindo, ayer los diez magistrados votaron para que haya un suplente en sustitución de la exmagistrada de la Sala de lo Civil, María Luz Regalado Dueñas, quien aspira a llegar nuevamente a la CSJ pero como integrante de la Sala de lo Constitucional.
La semana pasada, las dos sesiones de Corte Plena, que se realizan martes y jueves, fueron suspendidas por la ausencia del Tribunal Constitucional. Esto pese a que el artículo 50 de la Ley Orgánica Judicial establece que la CSJ podrá deliberar y resolver si está integrada por su presidente y por lo menos siete de los 15 magistrados. Además, que con ocho votos ya pueden emitir una resolución.
Tal omisión de la Asamblea Legislativa afecta gravemente y pone en riesgo varios derechos fundamentales, dice la denuncia.
Sin un tribunal que vele por derechos constitucionales
“Cualquier cosa que los ciudadanos vean que sea ilegal y se viole la Constitución, simple y sencillamente, no tienen dónde reclamar”, dijo a El Diario de Hoy el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, al referirse a la ausencia del tribunal que vela por la justicia constitucional.
Otro exmagistrado, que no quiso ser identificado, señaló que la pasada Sala recibió anualmente 1,500 casos para resolver, es decir, 125 cada mes. Si estos se dividen en los días hábiles del mes, resultan 6 diarios, los cuales actualmente podrían estar llegando a la secretaría del tribunal, pero no pueden resolverse.
“Imagínese usted que la Asamblea Legislativa apruebe una ley y la sanciona el Presidente de la República, el ciudadano puede llegar a presentar la demanda y se le recibe, pero queda ahí”, ejemplificó el exfuncionario consultado.