Como parte de las instituciones involucradas en las diligencias para investigar 160 crímenes de guerra, el pasado viernes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de Comandante General de la Fuerza Armada, y al ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, la creación de un normativo que permita proteger la documentación militar y evitar la burocracia para consultarla.
“Que permita proteger la documentación e información que se encuentre en poder del instituto castrense, elimine obstáculos de carácter burocrático que impidan su consulta y regule su acceso por parte de las víctimas del conflicto armado y de las asociaciones que las representan”, señaló el Tribunal Constitucional respecto a la normativa.
Durante las dos audiencias de seguimiento, la Fiscalía denunció ante la Sala que tenía problemas para acceder a documentación militar. El Fiscal General, Douglas Meléndez, incluso señaló en junio pasado que han recurrido al presidente Sánchez Cerén, pero siempre los remite al ministro Munguía Payés.
Al respecto, según Meléndez, han tomado acciones, sin embargo, no confirmó si investigaban al titular del Ministerio de Defensa por no entregar documentos.
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Un día después de haberse instalado la segunda audiencia de seguimiento, Munguía Payés se desvinculó de los señalamientos de Meléndez.
“Pudiera ser que haya una apreciación de la Fiscalía, que ellos tuvieran la expectativa de que en nuestros archivos hubiera más información y pudiera ser que ellos creyeran que no estamos generando información, pero no es así”, alegó Munguía Payés. Según él, han dado respuesta a 35 solicitudes de información de diferentes instancias.
La información, aclaró el funcionario, estaba relacionada con los nombres de los militares que participaron en operaciones y sus cargos.
El titular de la Defensa también dijo que Sánchez Cerén dio la orden para que se proporcionara la información relacionada con el conflicto armado que solicitaran las instancias judiciales.