Ejecutivo y Asamblea Legislativa aún no cumplen la derogación de la Ley de Amnistía

A dos años de la derogación de la ley que exoneraba a los exmilitares y exguerrilleros de crímenes cometidos durante la guerra salvadoreña, los dos órganos de Estado siguen sin accionar. La Sala de lo Constitucional ordenó el pasado viernes que los diputados deben crear, a más tardar el 13 de julio de 2019, una Ley de Reconciliación Nacional.

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La derogación de la Amnistía permite que sean procesados los crímenes de guerra y lesa humanidad. Foto EDH Archivo

Por Stanley Luna

2018-07-15 7:58:11

La Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa no han cumplido en dos años con la derogación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, creada en 1993 para que militares y exguerrilleros fueran exonerados de las violaciones de derechos humanos que cometieron en la guerra.

A raíz de su pasividad, el pasado viernes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó a los diputados crear una Ley de Reconciliación Nacional y asista a las víctimas del conflicto. El plazo para su creación vence el 13 de julio del próximo año y no puede postergarse.

Además, ordenó al presidente Salvador Sánchez Cerén y al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, la protección de archivos militares y la eliminación de la burocracia para acceder a ellos.

Entre junio del año pasado y junio de este año, el Tribunal Constitucional instaló dos audiencias para conocer qué acciones realizaba el Órgano Ejecutivo, el Legislativo y la Fiscalía General de la República para dar cumplimiento a la sentencia emitida el 13 de julio de 2016.

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Pero el viernes, reconoció que de los instituciones involucradas, solo la Fiscalía había cumplido parcialmente el fallo, con la creación de una unidad destinada a investigar los crímenes de guerra.

Durante los dos últimos años, los magistrados salientes cuestionaron a la Presidencia y a los diputados si existía voluntad política para el cumplimiento de inconstitucionalidad de la llamada Ley de Amnistía, pues en los dos informes rendidos no encontraron avances relacionados al derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas del conflicto armado.

“Yo le pregunto a usted, el tribunal le pregunta a usted, uno de los 84 diputados que tiene iniciativa de ley. ¿Usted está dispuesto a dar iniciativa de alguna ley tendiente a cumplir la sentencia de la Sala?”, confrontó el exmagistrado Florentín Meléndez al expresidente de la Asamblea Legislativa y actual diputado por GANA, Guillermo Gallegos, en la primera audiencia de seguimiento.

Gallegos se excusó que no habían propuesto una Ley de Reconciliación Nacional porque esperaban que ésta llegara desde la Presidencia, y se comprometió que al día siguiente presentaría a los diputados una iniciativa de ley para que se creara una comisión que analizara el cumplimiento de la sentencia.

Sin embargo, en la segunda audiencia, los dos abogados representantes de la Asamblea Legislativa informaron que el 14 de junio, seis días antes de comparecer ante la Sala, el Congreso había creado una comisión Ad Hoc encargada de crear la Ley de Reconciliación Nacional.

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Los demandantes indicaron que en la comisión había funcionarios que pertenecieron a la Fuerza Armada y a la exguerrilla, como el diputado del PNC, Antonio Almendáriz; el diputado de ARENA, Mauricio Vargas; y la diputada del FMLN, Nidia Díaz. Además del coordinador de comisión, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, a quien se le cuestiona en el informe de la Comisión de la Verdad en el caso de la masacre de los seis jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras.

“¿Cuál es el obstáculo más grande que tiene la Asamblea para no cumplir la sentencia de Amnistía en estos dos años?”, volvió a insistir Florentín Meléndez este año, y preguntó por qué la comisión había sido creada pocos días antes de la audiencia.

El exmagistrado también cuestionó a la Presidencia de la República por no tener acciones concretas para el cumplimiento de la sentencia, ya que en las dos audiencias de seguimiento, los delegados del Ejecutivo explicaron que antes del fallo, la atención a las víctimas del conflicto ya se contemplaba, incluso en el plan quinquenal.

Pero en la resolución de la semana pasada, la Sala de lo Constitucional manifestó que las acciones que había implementado el gobierno eran genéricas de un Estado que protege los derechos humanos.

“Tampoco ha diseñado y ejecutado un programa integral de reparación material y simbólica enfocado en todas las víctimas del conflicto armado, más allá de esfuerzos aislados derivados de compromisos internacionales del Estado salvadoreño”, se lee en la sentencia del tribunal.

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En la misma resolución, la Sala observó que el Ejecutivo no ha realizado gestiones para incluir una partida en los dos últimos presupuestos de la nación para dar cumplimiento de la derogación de la Ley de Amnistía.

Fiscalía investiga decenas de crímenes de guerra

De todas las instituciones que rindieron informe a la Sala de lo Constitucional, la única que ésta consideró que ha cumplido parcialmente el fallo de 2016, fue la Fiscalía, porque había reabierto o desarchivado crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Su titular, Douglas Meléndez, expuso en junio del año pasado que había creado una unidad compuesta por tres fiscales y coordinada por Julio César Larrama, el Grupo Contra la Impunidad (GCI). Hasta ese momento, habían recibido 139 denuncias, pero directamente trabajaban entonces en 19 casos.

Meléndez señaló que habían obstáculos para acceder a documentos del Ministerio de la Defensa, ya que respondían que no había archivos solicitados. Asimismo, que en octubre de 2016, había solicitado a la Presidencia fondos para investigar los hechos, pero hasta ese momento no recibía respuesta.

Como parte de la ejecución de la sentencia, el titular de la Fiscalía informó para entonces de la notificación de las acusaciones contra 18 militares que enfrentan proceso por la masacre en El Mozote, en Morazán, se encuentra actualmente en la fase de instrucción, además han recibido declaraciones de víctimas en el caso del derribamiento del helicóptero de la Fuerza Armada de Estados Unidos por parte del FMLN.

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En junio de este año, el funcionario confirmó que habían solicitado desarchivar o reabrir 160 casos, entre estos los asesinatos de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y el del expresidente de la Corte, Francisco José Guerrero, y que contaban con la ayuda de cuatro investigadores de la Policía, pero parecían insuficientes para todas las diligencias.

Meléndez volvió a denunciar las trabas que tenían para acceder a archivos militares.

En la resolución del viernes, la Sala le sugirió que ampliara el número de fiscales de la GCI, les proveyera recursos y capacitaciones para tramitar los procesos.