La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió este día una demanda de hábeas corpus presentada por el señor Chistopher Robin Gardner Dunn Moreira, en contra de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), lideradas en la guerra, por el actual presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, por la desaparición forzada del exembajador de Sudáfrica Archibald Gardner Dunn en 1979.
Sánchez Cerén, en calidad de miembro de las FPL, deberá pronunciarse sobre la vulneración constitucional alegada y deberá brindar la información relacionada a la ubicación del exembajador de Sudáfrica. La petición está amparada en el decreto emitido por la Sala de auto de exhibición personal en contra del mandatario.
El hábeas corpus fue firmado por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.
El diplomático de Sudáfrica asesinado por las FPL y que nunca fue encontrado
Robin A. Gardner Dunn, hijo del embajador de Sudáfrica, Archibald Garnerd, asesinado por las FPL en 1980, envió a Salvador Sánchez Cerén una carta el 11 de marzo de 2009. En el documento pide en nombre de su familia que Cerén, uno de los líderes máximos de esa organización popular militar, revele el lugar donde están los restos de su padre, y por fin darle cristiana sepultura. Hoy se cumplen 38 años de su secuestro.
Asimismo la Sala admitió hoy un recurso de amparo contra el sobreseimiento dictado en 2012 a favor dos exguerrilleros por el asesinato del poeta Roque Dalton, informó el órgano de Estado.
El recurso fue presentado el 31 de mayo pasado por Juan José Dalton, hijo del escritor, para que los jueces constitucionales anulen el sobreseimiento dictado por el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador y que posteriormente fue ratificado por la Cámara Tercera de lo Penal.
El hijo del poeta también expuso en el escrito que la Fiscalía violó los derechos de su familia a conocer la verdad, a la “pronta y cumplida justicia y a la protección y conservación de sus derechos” al no investigar los hechos.
Los jueces admitieron la demanda porque “tales actuaciones habrían vulnerado el derecho a la verdad por la supuesta omisión del fiscal de investigar los hechos denunciados y por la presunta denegación de acceso a la justicia por parte de las autoridades judiciales que conocieron del caso”.