El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador suspendió este miércoles una audiencia especial de aportación de pruebas en el proceso que enfrenta el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y seis exfuncionarios de su gobierno, por los delitos de lavado de dinero y peculado.
Uno de los jueces que conforman el tribunal colegiado informó a los defensores y a los fiscales que la diligencia no se realizaría porque la Cámara Segunda de lo Penal no ha resuelto una petición hecha por el abogado de César Funes, exsecretario de la Juventud, para que la jueza sea separada del caso.
Lizandro Quintanilla, defensor de Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones en la administración Saca, explicó que su colega ha pedido que la funcionaria sea apartada del proceso porque entre ellos “parece que ha habido una trayectoria de conflictos o animadversiones”, que a juicio del abogado de Funes afectaría la imparcialidad de la jueza.
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Un testigo criteriado de la Fiscalía dijo que recibió del gobierno de Saca $7.7 millones para pautar publicidad en radios del expresidente.
En la audiencia, los defensores iban a pedirle a los jueces que admitieran algunas pruebas que el Juzgado Cuarto de Instrucción, durante la audiencia preliminar, rechazó; entre ellas un dictamen de opinión técnica sobre el peritaje contable financiero realizado por el Ministerio Público.
Junto con Saca, Funes y Rank están siendo procesados Élmer Roberto Charlaix Urquilla, exsecretario privado de la presidencia; Francisco Rodríguez Arteaga, exjefe de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial; Pablo Gómez, excontador del secretario privado de la presidencia, y Jorge Herrera, extesorero institucional.
La Fiscalía los acusa de haber desviado, entre 2004 y 2009, más 300 millones de dólares provenientes de fondos públicos hacia cuentas particulares.
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Esa cantidad de dinero fue depositado en cuentas de dos bancos, las cuales, según los investigadores, las abrieron para ese fin personas de confianza de Antonio Saca.