Nueve policías comparecieron ayer ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla para enfrentar el juicio por cuatro ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido el 8 febrero de 2016 en la colonia Villas de Zaragoza, en La Libertad.
Ocho de los agentes son acusados de homicidio agravado y fraude procesal, mientras que otro enfrenta cargos por encubrimiento y también se le acusó alternamente por incumplimiento de deberes. Sus nombres no fueron revelados, ya que el caso tiene reserva parcial.
Según la Fiscalía, el día de los hechos, a las 9:00 de la mañana, la Policía recibió información que un grupo de supuestos pandilleros de la 18 había asaltado a comerciantes.
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Organizaciones de derechos humanos manifestaron que tienen documentación que contiene información de más de mil casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2014 y 2017.
Cuando llegó una patrulla, los agentes se enfrentaron con los denunciados, uno de ellos murió, otros huyeron y resultó lesionado un policía.
Luego, a eso de las 11:00 a.m., a través de coordinaciones, se reunió un grupo de agentes, entre ellos del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), para ubicar a los sujetos. Dos horas después llegaron a una casa donde, presuntamente, los policías mataron a tres pandilleros y también a una persona que vivía en ese lugar. El hecho fue reportado como un enfrentamiento.
No fue enfrentamiento
“En el transcurso de la investigación se logró establecer que no fue un enfrentamiento, más bien, se ha manejado como ejecución extrajudicial”, señaló el fiscal del caso, Juan Antonio Reyes.
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Procuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero de Guevara dijo también que el Estado tiene la obligación de impulsar acciones concretas para proteger a los policías, militares, custodios; y sus familias.
El representante de la Fiscalía planteó la necesidad de la creación del delito de ejecución extrajudicial. Una petición realizada por organizaciones de Derechos Humanos a Agnes Callamard, relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas, en su visita al país, en enero pasado.
El inicio del juicio estuvo marcado por el planteamiento de incidentes por parte de la representación fiscal y la defensa. Ningún abogado defensor brindó declaraciones por la reserva con la que cuenta el caso.