Óscar Chacón: “A los salvadoreños con TPS les digo que no hay que rendirse”

El especialista en temas migratorios explica qué significan para los compatriotas en EE. UU. los recientes anuncios del Gobierno Trump, como ya no poder pedir asilo por violencia de pandillas

Foto EDH

Por Katlen Urquilla

Jun 28, 2018- 21:05

Luego que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunciara recientemente que los inmigrantes ya no podrán solicitar asilo bajo el argumento de sufrir violencia de pandillas o doméstica, así como el anuncio de “cero tolerancia” a la inmigración ilegal y el combate frontal a la Mara Salvatrucha (MS-13), Óscar Chacón, especialista en temas migratorios, explica en entrevista a El Diario de Hoy cómo inciden estas nuevas medidas sobre los salvadoreños que residen en Estados Unidos.

Y si bien el panorama puede ser desalentador, Chacón afirma que no todo está perdido, especialmente para los tepesianos que se quedarán sin protección migratoria en 2019.

¿Cómo ve el anuncio del fiscal general sobre las peticiones de asilo?

Hay que entender que el anuncio que hizo el fiscal general, Jeff Sessions, tiene mucho sentido si uno estudia la trayectoria que el sector político que representa el señor fiscal ha venido impulsando ya por varias décadas. Es una visión que tiende a promover la idea de que es crucial restringir todos los accesos posibles a personas que ingresan sin la autorización migratoria para encontrar algún tipo de protección o amparo migratorio en Estados Unidos.

En este sentido, el anuncio reciente busca esencialmente cerrar la puerta a personas que han logrado presentar solicitudes de asilo político utilizando (como argumento) la persecución, la violencia, muchas veces a manos de sus mismos cónyuges, presentando evidencia de cómo han sido victimizados por grupos irregulares como las pandillas, no solo en El Salvador sino en otros países de la región, incluso México.

Al hacer esta reclasificación y desconocer estas condiciones como criterios que se pueden usar como fundamento para una solicitud de asilo político, el fiscal general está, efectivamente, cerrando puerta.

Este anuncio es muy consistente con otro reciente que hacía también el fiscal general de lo que han denominado la política de “cero tolerancia”.

En esencia el fiscal planteaba que personas que ingresaron a Estados Unidos, aun cuando fuese en grupos familiares donde se incluían a menores de edad, los separan y al hacerlo ocupan esa separación de la familia como incentivo para que los adultos acepten ser deportados.

Al final es la misma meta: reducir la posibilidad de que personas, como los salvadoreños, que han estado ingresando a Estados Unidos los últimos años puedan acceder a algún tipo de ayuda humanitaria.

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¿Qué pasa con aquellos procesos de asilo o refugio que ya estaban encaminados, especialmente de centroamericanos y específicamente de salvadoreños, ante estos anuncios?

Indudablemente los casos que estaban basados en alegatos utilizando cualquiera de estos dos argumentos corren ahora el riesgo que, a razón de la orden emitida por el fiscal general, que tiene jurisdicción directa sobre los jueces de Inmigración, pudiéramos ver un patrón de negación sistemática de casos que ya habían sido presentados previo al anuncio más reciente.

Esto está por verse, porque también la Ley de Inmigración le otorga al juez migratorio bastante poder discrecional que no necesariamente puede ser revertida por el fiscal general. Entonces, yo creo que va a variar mucho con base al criterio propio de cada juez migratorio que pudiera considerar válidos estos argumentos que se han presentado en una solicitud de asilo político o bien podrían acatar lo que el fiscal señala y denegar los casos. Esto seguramente va a abrir la puerta a una serie de demandas con la intención de demostrar que el fiscal general está haciendo un abuso de poder al tomar este tipo de decisión y de forma prácticamente dictatorial considerarlos como casos sin mérito para efectos de una solicitud de asilo.

¿Qué contrapeso tiene el fiscal ante estas decisiones? ¿El Congreso o los jueces pueden frenar esas decisiones?

Hay que diferenciar dos cosas: en Estados Unidos el sistema judicial, es decir, las cortes son uno de los tres poderes autónomos. En cuanto al sistema de justicia, el fiscal general no es la persona que tiene la última palabra, sino que la tienen las cortes federales, la Corte Suprema de Justicia, las cortes de distrito o de circuito; este sistema es independiente de la autoridad del fiscal general, quien sí tiene jurisdicción sobre lo que se conoce como la Corte de Inmigración.

Todos los jueces migratorios están sujetos a la dirección del fiscal general. Es importante entender que la decisión recientemente anunciada tiene que ver con los jueces de la Corte de Inmigración, pero esto no quiere decir que si el juez de una corte de inmigración toma decisiones que son cuestionables, desde una perspectiva constitucional o de ley jurídica en Estados Unidos, pudiera haber alegatos diseñados para cuestionar e interponer amparos ante el anuncio que ha hecho el fiscal general, pero no a través de la corte migratoria, sino a través del sistema judicial.

¿Es una ventana de oportunidad para todos estos procesos?

Es correcto, porque hay un número grande de personas afectadas por lo que ha decidido el fiscal general. Es concebible que esas personas puedan juntarse y demandar de forma colectiva, a través del sistema judicial y no necesariamente a través de la Corte Migratoria.

Hay como un contraste. Mientras aumentan las peticiones de asilo o de refugio, como se vio recientemente con la caravana de centroamericanos que llegó hasta la frontera con la esperanza de solicitar asilo, el Gobierno de EE. UU. está diciendo que se está abusando de esos procesos. ¿Qué opina?

El Departamento de Justicia ha venido por meses tirando notas a efecto de crear la percepción de que se está abusando del sistema de asilo. No hay evidencia para decir que se está abusando del sistema de asilo político, pero cuando se crean muchas notas periodísticas que dicen que el fiscal general asegura que se está abusando del sistema lo que sucede es que se tiene una opinión pública acondicionada para favorecer esa idea.

Cuando lo de la caravana sucede ya han pasado meses de que se viene diciendo que el sistema de asilo es objeto de abuso. En realidad, la caravana es utilizada para impulsar la política de “cero tolerancia” y se les decide separar, a pesar que la misma ley de EE. UU. dice que cuando hay un menor de edad viajando con su familia nunca deberían ser separados.

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¿En EE. UU. cómo se perciben estas políticas entre los estadounidenses hacia los inmigrantes, especialmente hacia los centroamericanos?

La campaña de difamación acerca del inmigrante mexicano, centroamericano, latinoamericano tiene ya casi 30 años de venirse impulsando. En esencia pinta a estos extranjeros como poblaciones indeseables, como amenazas para la sociedad estadounidense. Esa narrativa no ha sido desafiada frontalmente por nadie hasta ahora. Lo que estamos viendo es el fruto de estas décadas de venir creando la percepción de que estamos hablando de un sujeto social amenazante.

Hay mucha población estadounidense, particularmente personas de raza blanca y que siguen siendo la mayoría de la población, que tiene una percepción negativa acerca del inmigrante centroamericano y está alineada con la idea de que EE. UU. debe cerrar la puerta, porque ha llegado demasiada gente, ignorando las razones por las que tanta gente sigue saliendo de países como El Salvador.

También se ha visto un discurso del presidente Donald Trump cada vez más fuerte contra la Mara Salvatrucha. ¿Pero cómo ven las organizaciones cuando se relaciona a esta pandilla con los inmigrantes en general?

Ha adoptado el discurso antipandillas, y muy específicamente anti MS-13, para tratar de sugerir que todas las personas que están ingresando de El Salvador, Honduras y Guatemala son personas vinculadas a las pandillas y que, por tanto, son una amenaza que hay que contener. Todo esto tiene en última instancia preparar a la población estadounidense a aceptar sin mayor cuestionamiento el que se trate de manera injusta a personas que no tienen nada que ver con pandillas, que más bien están huyendo con frecuencia de la violencia depandillas. Si se impulsa una campaña de deshumanización y de demonización de un sujeto social determinado es mucho más fácil maltratar a ese sujeto sin que haya mucha resistencia de la ciudadanía.

Con todo este panorama y con el anuncio de cerrar la puerta a pedir asilo, ¿qué esperanza pueden tener los tepesianos que tenían esa ventana de oportunidad para pedir protección?

Yo le diría a cualquier salvadoreño y particularmente a los beneficiarios de TPS que están preocupados por que llegado septiembre su condición de protección se va a acabar, que no hay que de ninguna manera rendirnos. Es importante equiparnos de la información a la que se pueda tener acceso que pueda ser beneficiosa para cada caso, porque siguen habiendo una serie de medidas que pueden ser beneficiosas para la población inmigrante que ha sido beneficiada del TPS. Creemos que es crucial que cada caso de TPS pueda tener la oportunidad de consultar con un experto migratorio que pueda ver su caso, que no va a ser igual que el de su vecino, primo, incluso del cónyuge.

Definitivamente creemos que no hay que darnos por vencido; lo que está pasando no quiere decir que todas las puertas están cerradas. Nosotros vamos a seguir batallando no solo en cuanto a la defensa legal individual, sino que a las demandas colectivas que se van a seguir presentando y vamos a seguir apoyando a las que ya fueron presentadas. Pero también vamos a seguir impulsando el esfuerzo de tratar de conseguir que el Congreso apruebe una reforma legislativa que ayude a que las personas que han sido beneficiadas del TPS puedan encontrar un camino para poder solicitar residencia permanente en EE. UU. De ninguna manera hay que asumir que esas batallas están perdidas.

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