El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blanco, sospecha que el actual tribunal de justicia no tiene interés por combatir la corrupción, eso tras analizar el ritmo con el que venía el trabajo de la Sección de Probidad y los casos que fueron enviados a juicio civil.
“Yo sospecho que la Corte no tiene prioridad de combatir la corrupción”, apuntó Blanco en la entrevista de esta noche de Focos, en el Canal 33.
En el año 2015, cuando fue reactivada la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, el diputado por el PCN, Reynaldo López Cardoza, fue el primer funcionario en ser remitido a una Cámara para enfrentar cargos por su incremento patrimonial no justificado. A él siguió el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores Sosa. Cardoza fue exonerado de cargos, y Flores Sosa fue condenado a pagar al Estado $812,740.62.
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Diputados dijeron que la elección de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia corresponde no solo a las mayorías de la Asamblea sino a los 84 diputados, incluyendo al FMLN.
Para el año siguiente, la CSJ ordenó juicio civil para los expresidente Elías Antonio Saca y Mauricio Funes; para el exsecretario privado de Saca, Elmer Charlaix; el exfiscal general Luis Martínez; el exdiputado del CD, Douglas Avilés. Y el año pasado remitió a un tribunal, los casos del alcalde de Olocuilta, en La Paz, Marvin Ulises Rodríguez, y el expresidente la CSJ, Agustín García Calderón, quien frenó en su administración a la Sección de Probidad para hacer investigaciones patrimoniales.
Blanco señaló que en la CSJ han ocurrido tácticas dilatorias en los procedimientos para debatir si funcionarios cuentan o no con indicios de enriquecimiento ilícito. Mencionó el caso del exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, cuyo expediente ya fue enviado a Fiscalía para que sea investigado por fraude de ley, y quien lo recusó durante la etapa investigativa de su patrimonio, lo cual retrasó la discusión del proceso.
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En ese sentido, también se refirió a la solicitud de separación de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional presentada por el expresidente de la Asamblea Legislativa y actual presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), Sigfrido Reyes, para que los funcionarios no conozcan la investigación que Probidad le realiza.
Según Blanco, quien también es el coordinador de la Comisión de Ética y Probidad, en el caso de la expresidenta de la República y exdiputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, llevan tres semanas revisando cuentas y documentación extensa para tomar una decisión en Corte Plena.