El escándalo desatado tras las revelaciones de la Fiscalía General de la República sobre los 351 millones de dólares que presuntamente fueron “saqueados” del fondo de la Presidencia durante el primer Gobierno del FMLN dirigido por Mauricio Funes, han salpicado a decenas de personas, varios exfuncionarios.
Algunas instituciones que, en teoría, debían estar atentas a la fiscalización en Casa Presidencial, léase Corte de Cuentas, Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, nunca emitieron algún tipo de alerta, como tampoco lo hizo la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a la que, entre otras funciones le corresponde la fiscalización y supervisión de los bancos.
En este caso, el salpicado y acusado de pagar en efectivo $292 millones es el Banco Hipotecario, cuyo expresidente está preso por presunto lavado de dinero y peculado (malgastar dinero del Estado). Los que han aparecido tras el escándalo que implica a 32 personas: desde Funes, sus exparejas y la actual, sus hijos y su círculo íntimo, así como a varios de sus exfuncionarios, son el presidente del Banco Central de Reserva, Oscar Cabrera, el superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo, para decir que no pueden hablar de lo pasado, y el ministro de Hacienda para justificar que su antecesor Carlos Cáceres hizo todo bajo la legalidad.
La Fiscalía le tiene abierta una investigación al ahora embajador en México. Y todos estos funcionarios han acuerpado al Secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones, Roberto Lorenzana, para desvincularse de los presuntos delitos cometidos a la hacienda pública por el primer presidente del FMLN, ahora asilado en Nicaragua.
¿Qué contenía el maletín negro que cargaba el expresidente Mauricio Funes?
Un testigo del caso Saqueo Público reveló los detalles
Los retiros de millones de dólares en bolsas plásticas negras fueron realizados a plena luz del día. Pablo Gómez, quien está preso porque también es procesado por el caso Saca, era el que llegaba los miércoles a retirar el efectivo, los que según el Fiscal General Douglas Meléndez eran avalados por el entonces presidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro.
Estas son las instituciones que, si la Fiscalía logra comprobar que se desviaron esas cantidades de millones y hasta en efectivo, deberían tener responsabilidad en el mayor desfalco al Estado en el presente siglo.
Corte de Cuentas dio “finiquito” a Funes en menos de dos semanas
A juzgar por las investigaciones de la Fiscalía General de la República, FGR, en el caso Saqueo Público, la Corte de Cuentas no desarrolló su papel de fiscalizador a las cuentas que se manejaron en la Presidencia de Mauricio Funes (2009-2014), a pesar de que tenían el precedente del caso Saca, en el cual se utilizó un mecanismo similar para saquear $301 millones.
Por el contrario, tanto a Saca como a Funes, la Corte de Cuentas les extendió finiquitos exprés. En el caso de Funes -asilado en Nicaragua- la Corte de Cuentas, dirigida en 2014 por Rosalío Tóchez Zavaleta, le entregó un finiquito y el exmandatario hizo público ese documento en su cuenta de Twitter, el 23 de junio de ese año, tres semanas después de terminar su período.
Ese hecho provocó una serie de cuestionamientos de parte de instituciones de la sociedad civil. El Diario de Hoy pidió copia del finiquito de Funes pero la Corte dijo que no se le había extendido. El siguiente presidente de la Corte de Cuentas, Johel Humberto Valiente, puso en duda ese finiquito, en abril de 2016, y envió el caso a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, hasta entonces. Posteriormente, Valiente dijo que ni siquiera existían copias de la solicitud ni de la entrega del finiquito que Tóchez Zavaleta habría extendido a Funes, quien había solicitado ese documento dos días antes de terminar su mandato.
En noviembre de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y le quitó esa y otras facultades al titular de la Corte. “Corresponde a la Corte librar ejecutorias en los juicios de cuentas y extender finiquitos”, reza la reforma al artículo 93 de la ley.
Mauricio Funes saqueó $58.5 millones de donativos y préstamos
La cláusula de un préstamo prohíbe comprar alcohol, joyas y bienes de lujo; si se comprueba fraude o corrupción, el préstamo podrá ser cancelado. Aún así, Funes lo habría desviado a Gastos Reservados de la Presidencia.
Exfiscal recibía hasta $20 mil mensuales de presidencia Funes
Los dimes y diretes que en su momento cruzaron el exfiscal general Luis Martínez y Mauricio Funes, y los que también se pusieron de moda entre Martínez y el ministro de Defensa David Munguía Payés, en relación a la tregua entre maras, fueron reducidos a una especie de “show orquestado” cuando Martínez aceptó que recibía entre $10,000 y $20,000 mensuales de la Presidencia Funes y en los primeros meses de mandato de Sánchez Cerén.
Luis Martínez está recluido en el penal La Esperanza (Mariona), acusado de dos casos de corrupción.
Foto/Archivo
Con esos pagos era improbable que Martínez fuera a investigar en determinado momento a Funes. “Los ingresos mediante los cuales se obtuvo los fondos que fueron manejados a través de dichas tarjetas fueron obtenidos por medio de mi persona y eran provenientes de ingresos que me fueron facilitados por medio de diferentes delegados de Casa Presidencial inicialmente dentro del período del expresidente Mauricio Funes (29 meses) y posteriormente durante la gestión del actual presidente Salvador Sánchez Cerén (7 meses), respondió Martínez a Probidad cuando le tocó el turno de rendir cuentas.
Martínez está preso en relación a casos de corrupción y por omisión de investigación y fraude procesal. En un vídeo del 31 de julio de 2013 se ve a Martínez recibir un paquete de manos de Mecafé, amigo de Funes y ahora procesado en el caso Saqueo Público.
Silencio en secretaría anticorrupción
Otra de las instituciones para las que no hubo nada raro y menos sospechoso tras las paredes de Casa Presidencial y frente a los lujos del exmandatario Mauricio Funes, su familia y varios exfuncionarios, es sin duda la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, que dirige Marcos Rodríguez.
En efecto, el desempeño de esta secretaría, creada por Funes, ha sido propagandístico en favor de las cosas “buenas” que hacen las instituciones y muy “crítica” y detallista hacia sus oponentes políticos. Para el caso, cuando periodistas pretendieron acceder al detalle de viajes y gastos de Funes, esta secretaría se tomó el tiempo para dar detalles desde las gestiones desde 1989 a 2016.
De acuerdo a Rodríguez, Funes solo realizó 77 viajes, pero según la Fiscalía fueron 369 viajes pagados, en efectivo, y desde la Presidencia para el círculo íntimo del ahora asilado. De acuerdo con el Ministerio Público, Funes viajó al menos en 166 ocasiones con Vanda Pignato, a Panamá, Colombia, EE.UU., Dominicana, Liberia y Brasil, entre otros.
Hasta el pasado 18 de junio el Gobierno de Sánchez Cerén, y en el que sigue Rodríguez con un salario de $6 mil al mes, emitió un comunicado en el que dicen que no defienden a nadie. “Que Mauricio Funes se llevó $351 millones es la percepción de la gente.
El presidente Mauricio Funes, igual que Saca, igual que Flores, tendrá que responder por sus propio actos. Me parece que el caso Saqueo Público es un hecho mediático”, ha dicho.
Superintendencia del sistema financiero
Cuando Funes era presidente, la SSF estaba en manos de Víctor Ramírez Najarro, y está claro que esta institución no cumplió su papel de agente fiscalizador. En un vídeo institucional colgado en Youtube, Ramírez, dice que “es estratégico prevenir el lavado de dinero y activos para no convertirnos en base operativa del crimen organizado internacional y así mantener la sanidad de nuestro sistema financiero…”, pero hasta allí. No hay registros públicos de alguna alerta sobre los trasiegos de dinero desde el Banco Hipotecario, denunciados por la actual Fiscalía General.
Y es que desde que existe la SSF, la ley le ordena “Vigilar y fiscalizar las operaciones” de “Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamo…” (Ley de 1990). Las reformas a la ley de la SSF (febrero de 2011) establecieron que además está en obligación de “informar a la Fiscalía General de la República de cualquier hecho que presunta-mente sea constitutivo de delito, sobre el cual tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones”.
De acuerdo a las normativas, los bancos están obligados a cumplir la Ley Contra el Lavado de Dinero ya que están regulados por la SSF, y en la que se establece (Artículo 4): Se entenderá también por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.
Consultado sobre qué papel jugó la SSF mientras presuntamente se perpetraba el saqueo denunciado por la Fiscalía, la institución que ahora dirige Ricardo Perdomo -exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) en la gestión Funes-, fue que “la SFF, mantiene en reserva toda información relacionada con los casos en procesos judiciales y se abstiene de opinar al respecto” y que “colabora con las autoridades, atendiendo requerimientos durante el desarrollo de las investigaciones y los procesos judiciales sobre diversos hechos delictivos”.
Perdomo dijo en una conferencia en Casa Presidencial realizada esta semana que no pueden hablar por lo que hayan hecho sus antecesores.
De Ministro de Hacienda a embajador
El mecanismo que Funes utilizó para disponer de $351 millones a su antojo, fue -según la Fiscalía- a través de transferencias de dinero a la Presidencia para reforzar la partida de Gastos Reservados o “partida secreta”. En el período que Carlos Cáceres fue ministro de Hacienda -ahora embajador en México-, se programó asignaciones por $506,624,133 para la Presidencia, pero con las modificaciones ascendieron a $711,720,342.70. Estos provenían del Fondo General por $605,584,693; préstamos externos por $77,636,795.80; y donaciones por $28,498,853.50.
Foto/ Archivo EDH
Todo lo anterior siguió ocurriendo, pese a que en 2011 la Sala de lo Constitucional determinó que las transferencias entre ministerios sin el aval de la Asamblea Legislativa violaban la Constitución. Pese a la presunta ilegalidad y que además Capres no justificara las transferencias, el actual ministro ha dicho que cree que Cáceres actuó bajo la ley.
Cáceres, no obstante, negó en por lo menos cinco ocasiones -según el Fiscal General- información relacionada a esas y otras acciones realizadas por Hacienda y que buscaban reforzar la investigación del caso Saqueo Público.
Lo anterior, pese que el Capítulo IV de la Ley Contra Lavado de Dinero y Activos, establece en el Art. 16: “Los organismos e instituciones del Estado y especialmente el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva, Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas y los organismos públicos de fiscalización, estarán obligados a brindar acceso directo o en forma electrónica a sus respectivas bases de datos y la correspondiente colaboración en la investigación de las actividades y delitos regulados por la presente ley, a solicitud de la UIF -Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía)…” El Artículo 17 de la mencionada ley da las potestades al Fiscal General de la República para “solicitar información a cualquier ente estatal, autónomo, privado o personas naturales para la investigación del delito de lavado de dinero y de activos, estando éstos obligados a proporcionar la información solicitada”.
De ahí que este amigo de Funes y que estuvo nueve años al frente de Hacienda, sea objeto de una investigación, aunque ahora el Ministerio Público se enfrenta al “blindaje” que le ha dado la administración de Sánchez Cerén al enviarlo a México a tener “un bonito descanso” -como Cáceres lo dijo en su oportunidad-.
Exviceministro de Obras Públicas recibió 2.2 millones para la mansión de Funes
Hugo Barrientos, exviceministro de Obras Públicas y extitular de CEPA, estuvo tras construcción de la lujosa residencia en Lomas de Altamira. El prófugo recibió $2.6 millones de Funes, según Fiscalía.
Banco Hipotecario pagó $292 millones en efectivo y lo entregó en bolsas de basura
La actual presidenta del Banco Hipotecario, Nora López, quien llegó al cargo en junio 2014 ha dicho en una reciente entrevista que, no disponen de los registros donde se reflejen los millonarios pagos realizados por ese banco que implican a Mauricio Funes y otras 31 personas.
Según la Físcalía fue del Hipotecario de donde se retiró en efectivo $292 millones. El jefe de la seguridad fue despedido, y una alta ejecutiva de la agencia Los Próceres, que se convirtió en el centro de las operaciones del desfalco se retiró de la institución. El expresidente del banco, Manuel Rivera Castro, está entre los seis detenidos por este caso.
De acuerdo a políticas bancarias, toda transacción por encima de $10,000 y que se considere sospechosa debe propiciar una alerta ante la Fiscalía y obliga al usuario a llenar documentos para declarar de dónde proceden esos fondos. Por supuesto que no se giró ni una alerta mientras fueron retirados los $292 millones en efectivo.
El Art. 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos obligaba a este banco a “Reportar a la Fiscalía General de la República, a través de la UIF, de conformidad al Art. 9-A de la presente Ley, cualquier información relevante sobre manejo de fondos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes; o sobre transacciones de sus usuarios que por los montos involucrados, por su número, complejidad, características o circunstancias especiales, se alejaren de los patrones habituales o convencionales de las transacciones del mismo género…”.