La Fiscalía General de la República tiene 160 crímenes cometidos en la guerra civil por investigar, archivados o cerrados, y de algunos ya se realizan las diligencias para llevarlos ante los tribunales correspondientes. Los casos van desde desapariciones, homicidios contra una persona y masacres, y algunos no están en el informe de la Comisión de la Verdad.
El Fiscal General, Douglas Meléndez, le informó ayer a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la segunda audiencia de seguimiento tras la derogación de la Ley de Amnistía (julio 2016), que la unidad encargada de esos delitos cuenta con la ayuda de cuatro investigadores policiales, pero que en realidad necesitarían una unidad para que acompañen al grupo de fiscales.
“Son alrededor de 160 casos, hay de diferente índole, algunos dentro de los que se conocieron como los casos más graves de los crímenes de guerra y otros casos que son casos individuales pero no por eso no tienen importancia o relevancia, donde se violaron derechos humanos a los ciudadanos”, explicó Meléndez a los magistrados.
Entre los casos que han pedido sacar del archivo, según Meléndez, están el asesinato del expresidente de la CSJ, Francisco José Guerrero, un crimen atribuido a la exguerrilla y ocurrido el 28 de noviembre de 1989 en la alameda Juan Pablo II y el bulevar Los Héroes; para el cual se solicitado su reactivación al Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
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La mismas gestiones se han realizado para los casos de la profesora de la escuela John F. Kennedy, en la colonia Santa Lucía, en Ilopango, quien fue privada de libertad y asesinada en el sector conocido como El Plan de la Laguna, la zona franca de Antiguo Cuscatlán, el 5 de abril de 1989. La Fiscalía pidió al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla sacar su caso del archivo.
Al igual que el relacionado con la desaparición forzada de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, que tuvo lugar el 28 de julio de 1982, y cuyo proceso está archivado en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.
Asimismo, el Ministerio Público pidió al Juzgado Cuarto de Instrucción capitalino sacar del archivo el caso referente a los asesinatos de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR): Enrique Álvarez Córdova, Juan Chacón, Manuel de Jesús Franco, Enrique Barrera y Humberto Mendoza.
A los casos por indagar también se suma la masacre de 13 personas incluidos entre ellas cuatro miembros de la Marina de Estados Unidos y que fue perpetrada el 19 de junio de 1985 en la Zona Rosa, en la colonia San Benito, por la exguerrilla; y la masacre conocida como Las Hojas, perpetrada por la Fuerza Armada el 22 de febrero de 1983 en el cantón del mismo nombre, en San Antonio del Monte, Sonsonate.
Casos por reabrirse
Hasta el momento, el caso que ha iniciado nuevamente su proceso judicial es la masacre de El Mozote, a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán.
El jefe fiscal de los crímenes de guerra, Julio César Larrama, señaló que uno de los obstáculos que han tenido en esta y otras investigaciones es la negativa de archivos militares del Ministerio de Defensa, al mando de David Munguía Payés.
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Órganos no expusieron acciones concretas de seguimiento a sentencia de inconstitucionalidad emitida hace un año.
Meléndez dijo que, incluso, han recurrido al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de comandante de la Fuerza Armada, pero este los remite a Munguía Payés. Señaló que se toman acciones al respecto, pero no especificó si investigan al Ministerio de Defensa.
Por otra parte, el Fiscal General indicó que emitieron una “opinión positiva” sobre reabrir el homicidio contra el beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 en la capilla del hospital La Divina Providencia.
La solicitud fue presentada en marzo del año pasado por Tutela Legal Doctora María Julia Hernández y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes pidieron al Juzgado Cuarto de Instrucción la investigación contra autores intelectuales y materiales del crimen. Todavía está pendiente que el tribunal resuelva la solicitud de los abogados y la opinión fiscal.
A la lista de solicitud de reapertura se agrega la masacre contra cuatro periodistas holandeses, en Dulce Nombre de María, Chalatenango; el asesinato de Rodolfo Viera, expresidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), en 1981; y la masacre de los jesuitas de la UCA y dos colaboradoras.