Mauricio Funes comandó una estructura “sofisticada” y “casi perfecta” para desviar poco más de $351 millones del Estado, ha dicho la Fiscalía General de la República, y el mecanismo que utilizó fue transferencias de dinero a la Presidencia de la República para reforzar la partida presupuestaria Gastos Reservados o “partida secreta”.
De esa partida, los presidentes echan mano del fondo estatal de manera discrecional. Oficialmente se sabe que de allí sale dinero para financiar actividades de dependencias de la Presidencia como el Organismo de Inteligencia del Estado, entre otros gastos, pero por otro lado se ha cuestionado porque puede ser una vía para desviar dinero.
En el periodo de Funes se programó asignaciones por $506,624,133 para la Presidencia, pero las modificaciones durante su administración ascendieron a $711,720,342.70. Estos provenían del Fondo General por $605,584,693; préstamos externos por $77,636,795.80; y donaciones por $28,498,853.50.
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En todo su periodo presidencial, dice la investigación fiscal, Funes tenía asignado solo para la partida de gastos reservados un total de $80,818,285 pero que a través de los mecanismos mencionados lo incrementó en $270,217,116.
¿Cómo lo hizo?
Según la Fiscalía, durante todos los ejercicios fiscales (2009 a 2014) en los que gobernó Funes, transfirió fondos de unidades presupuestarias dentro de la misma Presidencia, de otras carteras ministeriales vía decretos legislativos y por modificaciones y ajustes a la Programación de Ejecución Presupuestaria (PEP).
Todas esas transferencias iban a parar a la Presidencia, algunas veces bajo argumentos claros, pero otros escuetos como “compromisos de carácter urgente y especial durante el tercer trimestre” o “cubrir gastos operativos de la Presidencia durante el mes de septiembre del corriente año”. Eran avaladas por Funes, el ministro de Hacienda y el resto del Consejo de Ministros.
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En noviembre de 2011, la Sala de lo Constitucional sentenció que las transferencias entre ministerios sin el aval del Congreso violaban la Constitución, y pese a ello, dice la Fiscalía, Funes creó unidades de gastos imprevistos en distintas instituciones y se facultó al Consejo de Ministros para efectuar traslado de recursos de estas unidades y que en un plano no mayor a 30 días informarían a la Asamblea.
Antes de la sentencia, Funes aprobaba estas transferencias con el acompañamiento del Consejo de Ministros hacia las arcas de la Presidencia sin que en ese consejo se hiciera “mayor análisis” y donde el exministro Cáceres lo exponía de manera “sucinta”, breve.
Incluso, dijeron testigos al Ministerio Público, esas decisiones eran votadas por Funes y ministros, aunque no siempre firmaban actas.
Para hacer esos traslados, hacía peticiones de refuerzos presupuestarios al Ministerio de Hacienda mediante “notas” que, según Fiscalía, no llevaban ningún respaldo.
La Fiscalía determinó que “dentro de la documentación que respalda el procedimiento de autorización y ejecución de dichos gastos, no existen documentos probatorios que cumplan con los requisitos legales y técnicos que comprueben que dichos gastos correspondían a necesidades prioritarias”.
Pero, además, dice que el ministro Carlos Cáceres y su viceministro aprobaban las transferencias con una nota suscrita por el entonces secretario privado de la Presidencia, Francisco Cáceres Zaldaña, en la que no se establecía la finalidad específica de los fondos, por lo que no es posible determinar si se trata de un gasto no previsto en el presupuesto de la Presidencia y que fuera algo prioritario”.
El otro mecanismo
En cuanto a traslados de dinero que hizo mediante las modificaciones PEP entre 2009 a 2014, dice Fiscalía, estos suman $193,106,865.17, los cuales fueron reorientados hacia el rubro de Gastos Reservados, y fueron autorizados por la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia y la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
La Fiscalía también detectó que, a través de este mecanismo, había casos en los que se aprobaban reorientaciones para un fin y al final se destinaba para la partida secreta. Esto hacían incluso tomando dinero de préstamos. (Ver nota aparte).
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Las modificaciones y ajustes a la PEP fueron solicitados o autorizados por Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia, quien es procesado por el caso de desvío de $301 millones de Antonio Saca y por el atribuido a Funes.
La Fiscalía ha concluido que todos los gastos reservados ejecutados en la Presidencia de Funes por $351,000,000 fueron utilizados para pago de bienes y servicios proporcionados por el proveedor ficticio “Gastos Operativos de la Presidencia de la República”.
Según la Fiscalía, para transferir el dinero a ese proveedor ficticio se creó la figura de “orden de pago”, pero que no hay documentos legales que hagan constar qué bien o servicio se le pagó.
Rodríguez, según testigos fiscales, en ocasiones pasaba esas órdenes de pago en las que consignaba las cantidades de dinero para esa cuenta, pero no especificaba para qué era, ni vieron documentos sobre compra de bienes o servicios. Además dijeron que esas “cantidades grandes de dinero” eran manejadas por Funes y su exsecretario privado.
“Se evidenció que la Presidencia de la República no presentó la documentación de respaldo que deben contener los registros contables en lo que respecta a los gastos reservados”, concluye la Fiscalía.
Asimismo, dice que “ninguno de los pagos realizados a nombre de Gastos Operativos de la Presidencia posee soporte legal, ya que ninguno de ellos está respaldado con datos como: DUI o NIT, comprobante de crédito fiscal o factura de consumidor final, copia del proceso de libre gestión, concurso público o licitación pública, ni siquiera acta de recepción de los bienes y servicios.
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Dice que a falta de esos comprobantes, los pagos los respaldaron como “compromiso presupuestario” y “comprobante contable” pero que estos tampoco tienen soporte legal como números de documentos de identificación personal ni tributaria, sino que únicamente tienen el concepto “V/p Gastos Operativos”.
La acusación fiscal apunta a que Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez abrieron ocho cuentas particulares a las que remesaron $351,000,000. Gómez es señalado de haber hecho los retiros millonarios del Banco Hipotecario y que los trasladaron en bolsas negras a la Presidencia.