Familias de Caluco se organizan y enfrentan a los delincuentes

85 familias del cantón El Castaño, que huyeron por la criminalidad en 2016, han retornado.

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Foto/ René Quintanilla

Por Gadiel Castillo

2018-05-12 9:11:19

En el cantón El Castaño, en Sonsonate, ya se respira tranquilidad. La angustia por sobrevivir a las amenazas y crímenes de los pandilleros que llevó a 85 familias a abandonar sus hogares, en 2016, se ha esfumado, pues desde que retornaron, viven organizados y trabajan de forma coordinada con las autoridades para que los criminales no los perturben más.

La vida cotidiana que llevan hoy en el cantón y la vida académica de muchos jovencitos ya no sufre sobresaltos como cuando tuvieron que abandonar sus hogares en septiembre de 2016 y se alargó un mes. En ese entonces, sus pobladores huyeron ante el alza de asesinatos y las amenazas de pandillas en la zona.

El efecto de las acciones de esas bandas criminales fue tal que en ese año la población de 106 estudiantes del Centro Escolar El Castaño se redujo a seis alumnos, según relatan.

Ahora, tras un año y ocho meses de haber retornado en su totalidad las familias, las risas, los juegos y las carreras en los pasillos de la escuela reflejan que viven nuevos tiempos en esta pequeña localidad de Caluco.

Foto/ René Quintanilla

Por sus calles de tierra se ve caminar a los pobladores sin ninguna preocupación, mientras un anciano sentado sobre una piedra afuera de su casa observa a un grupo de niños jugar a la pelota. Los pobladores desarrollan sus actividades, que en su mayoría son agrícolas, con toda normalidad. Han dejado atrás lo vivido en días pasados.

Sus habitantes aseguran que la organización de la comunidad, la buena comunicación y el trabajo conjunto con la Policía y el Ejército han sido las claves para que en El Castaño se haya restablecido la tranquilidad, la que por muchos años las estructuras criminales les habían robado.

Juan Zepeda, un habitante de la comunidad, asegura que tras el retorno a El Castaño “se viven nuevos tiempos”, y prueba de ello, dice, es que ahora se desplaza sin temor. “Ya no estoy pensando que les van a hacer mal a mis hijos, que son jóvenes”, afirma.

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Los datos son parte del primer estudio realizado por una universidad estadounidense donde fueron entrevistados 1.200 pandilleros y expandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.

La directora del centro escolar, Dora Elena Rodríguez, quien tiene más de 13 años de laborar en la institución, cuenta cómo les fue difícil trabajar junto con dos profesores en ese periodo en el que había tan pocos estudiantes, debido a la zozobra y al temor generado por los criminales que llegaron a causar 25 asesinatos en la zona y 19 en 2016.

“Fue muy difícil de un día para otro ver cómo la mayoría de estudiantes se fue, ver las instalaciones de la escuela vacías, fue muy duro para nosotros. Gracias a Dios, luego de unas semanas, la situación fue mejorando”, dice la docente.

Esa mejora llegó con el paso del tiempo, cuando muchos de los niños que se habían marchado, y estaban en un albergue en Caluco, esperaban a los profesores en el parque y se iban con ellos hasta la escuela. “De esa forma en el año logramos graduar a 86 alumnos”, relata la profesora.

Agrega que la ayuda de la Policía, instituciones no gubernamentales y el mismo Ministerio de Educación colaboraron para trabajar en el retorno de la población estudiantil. Para Rodríguez, las charlas a los niños y a padres de familia en temas de salud mental comenzaron a surtir sus efectos, pues el temor se fue minimizando cada día.

Foto/ René Quintanilla

También recuerda que tras el retorno, muchos de los niños tenían miedo a la Policía y hasta lloraban al verlos debido a que la presencia policial era fuerte y en muchos casos les habían hecho registros en sus casas.

“Era un trauma, los niños salían corriendo, pero el acercamiento, el trabajo conjunto, hizo que se restableciera la tranquilidad, ahora hasta hay niños que dicen que quieren ser policías y otros soldados”, dice Rodríguez.

Lo que llevó al éxodo
Luego de que miembros de pandillas asesinaran a una joven identificada como Yesenia Carolina Rodríguez, de 20 años, en una de las calles de El Castaño, el 31 de agosto de 2016, hubo un primer desplazamiento. Pero fue el asesinato de Francisco Zepeda Barrientos, de 64 años y líder de la comunidad, lo que desencadenó la huida total.

A don Chico, como le llamaban a su líder comunal, lo mataron el 13 de septiembre de 2016. Dos días después, el Día de la Independencia, el resto de familias decidió abandonar sus viviendas, sus terrenos y hasta sus animales domésticos.

Tras conocerse este éxodo, el gobierno reaccionó enviando a un grupo de policías y soldados para tratar de infundir confianza en la población de ese lugar. La Policía instaló en una de las casas abandonadas a un Grupo Conjunto de Apoyo Comunitario (GCAP), formada por dos agentes y tres militares, los cuales brindan seguridad las 24 horas.

El jefe de la delegación policial de Caluco, sargento Joel Castro, dice que hubo al menos 100 capturas, lo cual, afirma, llevó a las desarticulación de la estructura criminal que operaba en la zona. “Hasta la fecha no se reportan mayores incidentes”, confirma.

A Irma Portillo, una de las vecinas, le asesinaron a un hermano en septiembre de 2016 en el cantón, en esa época junto a su esposo e hijos huyeron porque las pandillas los amenazaban.

Foto/ René Quintanilla

Ahora, Irma dice sentirse “bien protegida” por la autoridad, es por eso que ella y varios de los pobladores entrevistados por El Diario de Hoy piden que nunca quiten quitar el puesto policial.

“Primero Dios que aquí nunca vuelva a pasar algo así otra vez”, dice la señora recordando los días de éxodo.

De acuerdo con la organización Cristosal, que monitorea este tipo de casos en el país, 701 personas fueron desplazadas por la violencia en 2017. Mientras que el informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos reveló que en los primeros tres meses de este año registraron 38 casos.

Organizados contra la delincuencia
Los habitantes de El Castaño manifestaron que “la limpieza” realizada por las autoridades contra la pandilla que delinquía en el lugar les motivó a la mayoría de las familias a regresar. “Hasta que se anunciaron de capturas de los mareros y todos los colaboradores nos sentimos confiados en regresar”, afirma Francisco Medina.

Tras el retorno, la comunidad comenzó a organizarse contra la violencia, es por eso que se formó una directiva y diferentes comités que velan para que la tranquilidad de la que gozan desde hace mas de un año continúe.

Cada 15 días desarrollan una asamblea general en la que se trata temas de seguridad, proyectos de mejoras en la comunidad entre otros que bajaron los crímenes a uno en 2017.

Aseguran que tras el retorno, la comunidad se volvió mas unida y controlan quién entra y quién sale del lugar. “Estamos alertas de quién quiere vivir aquí, investigamos su proceder porque ya no queremos que gente de mal proceder viva entre nosotros”, dicen.

A los jóvenes del cantón se les capacita en computación y a otros en talleres. Con el apoyo de la Policía se brindan charlas relacionadas a temas de pandilla y todo lo que implica pertenecer a esos grupos.