Los cinco municipios del Área Metropolitana de San Salvador que el Ministerio Público ha identificado como parte de un “corredor criminal”, debido a la incidencia de hechos delictivos que cometen las pandillas, sobre todo asesinatos, deben ser recuperados por el Estado, incluso con ayuda de la Fuerza Armada, a juicio del Fiscal General, Douglas Meléndez.
Los registros de Medicina Legal arrojan que entre octubre de 2017 y marzo anterior fueron cometidas 193 muertes violentas solo en Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Martín, municipios de San Salvador.
Los cadáveres de parte de estas víctimas fueron encontrados abandonados en diferentes tramos de la Carretera de Oro, que abarca a dichas localidades.
Estar incluidos en los municipios donde se lleva a cabo en Plan El Salvador Seguro -que consiste en llevar a cabo acciones para prevenir la violencia con la inyección de fondos recolectados por el Gobierno- no los ha librado de estar entre las zonas con altos índices de muertes sangrientas y extorsiones.
Homicidios en El Salvador incrementan en un 22% en lo que va de 2018, según PNC
De acuerdo a datos de la corporación policial, el miércoles fue el día más violento de este año con 23 homicidios.
En el último trimestre del año pasado y el primero de este, Mejicanos fue escenario del mayor número de homicidios: hubo 68 víctimas. De ahí que el Fiscal Meléndez insistiera este viernes en que el problema delincuencial en ese municipio debe ser tratado “urgentemente y de forma extraordinaria”.
“Respetuosamente estoy haciendo un llamado: la ciudadanía de esa zona tiene que ser protegida. Si hay que tomar medidas territoriales hay que hacerlo; si la Fuerza Armada va a apoyar tiene que apoyar… Hay que tomar control sobre esa zona”, instó Meléndez.
Otros municipios a los que el Ministerio Público también ha incluido en el “corredor criminal” son Soyapango, Ilopango y Aguilares.
Tampoco escapan de estar en esta categoría San Juan Opico y Zaragoza, en la jurisdicción de La Libertad.
Según las autoridades, la tregua entre pandillas, pactada en el Gobierno de Mauricio Funes, les permitió fortalecerse y ganar territorio en diferentes cantones y colonias.
En la mayoría de zonas que son asediadas por los grupos delincuenciales, sus habitantes deben seguir un “protocolo” impuesto por los pandilleros, como apagar las luces de los automóviles, conducir a baja velocidad y someterse a determinados horarios para ingresar y salir de las colonias, por ejemplo.
Además, los afectados se ven obligados a adquirir productos o servicios en los negocios que pertenecen a los pandilleros o familiares de estos, como ventas de gas propano, tiendas, panaderías, molinos o pupuserías, así como dar dinero a los delincuentes para dejarlos transitar.
El Salvador registró 317 homicidios en enero de 2018, 58 más que en 2017
El promedio diario de homicidios en enero del año en curso fue de 10.23, indicaron las autoridades
Vigilar accesos a municipios
El Fiscal General también ha instado a las autoridades encargadas de velar por la seguridad ciudadana a que pongan puntos de control en las entradas y salidas de los municipios con mayor incidencia de violencia. Con ellos se evitaría que los delincuentes cometan sus fechorías y luego escapen en motocicletas o vehículos hacia otras jurisdicciones.
“No puede ser que haya ametrallamientos en distintos lugares y los sujetos se vayan huyendo sin que haya capturas en flagrancia. Hemos tenido ocho ametrallamientos y muertes de dos personas en adelante”, cuestionó Meléndez.
A la voz del Fiscal General se ha sumado la de analistas en el tema de la seguridad, quienes sugieren que es urgente que el Gobierno combine la política con un plan de control territorial, pues de esa manera las pandillas no van a tener territorios donde puedan someter a los ciudadanos.
Dicho control, según sugieren, pasaría por la intervención de la Policía, el Ejército y los cuerpos municipales, para desalojar a los pandilleros y empezar a administrar esos sitios. Luego se combinaría el dominio entre autoridades civiles y comunales y la Policía.
Jóvenes blanco de pandillas
En días recientes, algunas colonias de Mejicanos como la Zacamil, la España, Metrópolis, Lincoln, Bernal y San Pedro han sido escenario de balaceras que han acabado con la vida de estudiantes, empleados del transporte público, trabajadores de car wash o clientes de pupuserías y cervecerías. Otras víctimas resultaron lesionadas y sobrevivieron.
Además, el mes pasado, cuatro parientes de un policía fueron raptados en el cantón Los Llanitos, de Ayutuxtepeque, y la colonia Santa Marta, de Ciudad Delgado.
Mientras que el cadáver de un hombre fue hallado en un vehículo abandonado frente a una escuela parvularia de la zona. Estudiantes y taxistas “piratas” también se cuentan entra las víctimas recientes de la violencia en estos municipios.
En San Martín, por ejemplo, Juan Polío, coordinador de la Mesa de Prevención de la Violencia de la Alcaldía, reconoció meses atrás que en el municipio ha habido un repunte de homicidios.
La mayoría de crímenes reportados en este “corredor criminal” siguen impunes porque, aunque después de los ataques la Policía llevó a cabo rastreos para dar con los delincuentes, no logró hacer arrestos.
Parte del problema del desbordamiento de la violencia en esto municipios pasa por la poca capacidad de reacción que tienen las autoridades de ante un hecho criminal.
El Diario de Hoy publicó el 26 de marzo pasado cómo el Estado perdió el control territorial de los referidos municipios tras ejecutar el Plan El Salvador Seguro, que desarticuló toda la operatividad policial que estaba establecida en las zonas.
Antes de que la Policía en Mejicanos fuera degradada a subdelegación, la Unidad de Emergencias 911 de ese municipio solo cubría dos municipios: Mejicanos y Ayutuxtepeque, ambos con la mayor parte de su territorio urbanizado. Pero a inicios desde 2016, esa misma unidad, con los mismos recursos, personal y material, fue obligada a cubrir Ciudad Delgado y Cuscatancingo.