El procurador adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Gerardo Alegría, señaló hoy que la institución ha atendido 38 casos de desplazamientos forzado en el primer trimestre de 2018, lo que apunta a un promedio de 12 mensuales, superando a los siete por mes que atendió el año pasado. La mayoría de las víctimas, dijo, son mujeres.
Alegría fue invitado hoy a un foro público junto al ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde; Jorge Pereza, jefe de la Misión Internacional para Migraciones (OIM) El Salvador; y Celia Medrano, directora de Programas de fundación Cristosal, en el marco de la presentación del informe anual de desplazamiento forzado de dicha fundación, correspondiente al año 2017.
Informe indica que 701 personas fueron desplazadas por violencia en 2017
Según el informe anual de la organización Cristosal. Un 53 % de las víctimas fueron mujeres.
El estudio revela que respecto a 2016, el problema ha aumentado en un 53 %. Para el año pasado se identificaron 701 víctimas aglomeras en 186 familias. Las causas: las pandillas, en un 96 %; la Policía y Fuerza Armada, en un 15.1 %; desconocidos (victimarios a los que las víctimas no identificaron), en un 7.5 %; y crimen organizado, en un 2.7 %.
Ramírez Landaverde sostuvo que la Policía es la que sigue atendiendo el 80 % de las denuncias por desplazamientos forzados, pero reconoció también que agentes estatales están involucrados en el mismo, y algunas víctimas no confían en alertar del problema. Estos elementos, dijo, deben ser sometidos a procesos disciplinarios.
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Según el Ministro de Seguridad, los desplazamientos fosados no se deben únicamente a la violencia.
“Hay miembros de la Policía y Fuerza Armada que provocan estos casos, nosotros tenemos casos, la sociedad civil tiene más y es entendible porque las víctimas tienen temor”, señaló, e instó en una mejor articulación de instituciones para atender a las víctimas.
Para el funcionario, los medios de comunicación “venden la imagen” de la Policía como aquella que ayuda a las personas a cargar sus pertenencias cuando son desplazadas de sus lugares de residencia, pero que hay casos como el del cantón El Castaño, en Caluco, Sonsonate, donde las familiares han retornado a sus lugares tras las capturas de los victimarios.