Si después de diez días de que la persona ha desaparecido y aún se desconoce su paradero, la Fiscalía General deberá de ordenar al Instituto de Medicina Legal de que le tome muestras de material genético (ADN) a cualquiera de los familiares de una víctima que se encuentre desaparecida y deberá de preservarlos como material de comparación, según el proyecto de reforma al Código Procesal Penal.
La institución forense también deberá de crear y de mantener un registro de muestras de material genético (ADN) de los cadáveres o restos humanos que sean inhumados como desconocidos con el objeto de compararlos, de forma expedita, con las muestras de material genético sustraídas a los familiares.
“Se pide a Medicina Legal que abra un expediente, que haga una prueba de ADN, no solamente a las personas que han desaparecido, sino que a los cadáveres que sean encontrados”, dijo el diputado Rodrigo Avila, promotor de la iniciativa.
Aseguró que con la comparación de las muestras de ADN de familiares y víctimas habrá una identificación más certera.
Además se evitaría de que los parientes puedan ir a reconocer el cadáver que en la mayoría de los casos se encuentra en descomposición de su familiar, según la propuesta de Avila.
Otras de las intenciones es evitar de que la familia de algún desaparecido pueda acudir a los tribunales de justicia a testificar en contra de los pandilleros responsables de haber desaparecido a su pariente.
“Hay madres que les ha tocado ir a reconocer a sus hijos después de tres años de descompuestos y eso es horrible, algunas veces ha resultado que no son ellos”, dijo Avila.
Las cifras de la Fiscalía General detallan que 14,925 personas desaparecieron entre el 2014 y el 2017.
Avila aseguró que en los últimos dos años se tiene un promedio de 10 desaparecidos por día.