Un estudio presentado por la Fundación Educo, en el que han participado organizaciones e instituciones del Gobierno, reveló que la sociedad salvadoreña incumple los derechos de la niñez y adolescencia.
Según los miembros de la fundación, el estudio es relevante debido al contexto de violencia e inestabilidad social que se vive en el país, por lo que es de importancia el análisis del cumplimiento de los derechos de los niños y los adolescentes.
Uno de los datos principales tomados en cuenta para la investigación es que el 32.1 % de la población son menores de 18 años, de este total el 68.8 % son niños entre los cero y 12 años.
Una cifra alarmante para las instituciones participantes es que en el 2016, un total de 1,700 menores fueron agredidas sexualmente, lo que significa que, en promedio, una niña es víctima de este delito cada cinco horas.
Otro dato que destacaron es el reporte del 2016 del Ministerio de Salud (Minsal) en el que se detalla que 21,477 embarazos son de menores, adolescentes y jóvenes entre los 10 y 19 años, lo que equivale al 30% del total de embarazos en el país.
Del total de niñas y adolescentes embarazadas, 8 de cada 10 mujeres abandonaron su proyecto educativo a consecuencia de la maternidad.
Otras cifras alarmantes son la deserción escolar, donde el 20.3 % de los centros escolares dieron este resultado; además de que 675 niños y adolescentes sufrieron desplazamientos forzados a causa de la violencia en el mismo año.
Sobre la base de ese contexto es que la Fundación Educo, junto al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), la Fundación Salvador del Mundo (Fusalmo), Ayuda en Acción y la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental (Fundesyram), realizaron el estudio en el 2017, informe que dieron a conocer ayer.
Entre los resultados que dieron a conocer está el que la sociedad salvadoreña actual no concibe a los menores como personas con derechos, además de identificar que las adolescentes están limitadas en su ejercicio pleno del derecho, ya que existe una diferenciación sexista que se impone en su vida cotidiana.
Otro dato importante es el que la concepción de adolescente hombre está estigmatizada, donde la violencia hacia ellos se considera como algo casi natural, a esto se suma que los espacios donde habitan está afectado por la pobreza, la violencia y la contaminación ambiental, detalla el informe.
El estudio también reveló la poca capacidad de las instituciones del Estado para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, además de que no existen espacios adecuados y efectivos para la participación de los menores.
Alicia Ávila, directora de Educo, dijo que los resultados del estudio son un llamado de atención para que la sociedad actúe para realizar un trabajo en conjunto para generar condiciones en la que los niños puedan ejercer plenamente sus derechos en este país, si El Salvador quiere una sociedad más justa.
“Este estudio está enmarcado en la responsabilidad compartida y guiará la implementación de programas institucionales”, expresó Elda Tobar Díaz, directora ejecutiva del ISNA.
El estudio explica que la voluntad política y la capacidad de gestión de las instituciones estatales, obligadas a la protección de la niñez, son escasas e insuficientes para enfrentar lo retos de protección integral por la situación de exclusión y vulnerabilidad en la que viven cerca de la mitad de los menores en el país.
El estudio fue realizado en las zonas donde la Fundación Educo desarrolla programas y donde hay presencia de las instituciones que velan por la niñez en el país.
Por su parte Reinaldo Plasencia, coordinador de calidad de programas para la región de América de Educo, dijo que la gobernanza es un ejercicio social, no solo de los gobernantes; y la niñez es un sujeto social de derecho, lo que “significa que yo soy tan ciudadano si tengo 18 años, como si tengo cinco años, como si tengo 51”, enfatizó.
El coordinador explicó que vivimos en países en donde, quizás, a una mascota se le da un mejor trato que a muchos niños, a pesar de lo que la ley dicta porque no ha consciencia de protección.