El juicio que se instalaría contra 91 detenidos en la Operación Jaque, a fines de julio de 2016, con el que las autoridades aseguraron “haber dado un duro golpe” a las finanzas de la mara Salvatrucha y que estaba programado para que comenzara ayer, se retrasó por un día luego que no se supiera del paradero de seis reos, quienes en teoría están detenidos en centros penales.
Tras dos horas de espera, el juez Antimafia de Sentencia “C” de San Salvador aclaró que el retraso del juicio no era por falta de coordinación de la Corte Suprema de Justicia, sino de la Dirección General de Centros Penales.
Por ejemplo, según Centros Penales, el imputado Nelson Francisco Javier Girón está registrado en el penal de Apanteos, Santa Ana, pero no pudieron localizarlo ayer.
En el caso del prisionero David Edgardo Parada Hernández, la situación es más compleja, pues pareciera que salió libre de una cárcel sin que un juez lo haya certificado.
Operación Jaque se desarrolló a través de escuchas telefónicas
Douglas Meléndez, Fiscal General, confirmó que se intervinieron 209,000 llamadas en 2016. Estas también se relacionaban con casos de corrupción y crimen organizado, indicó.
La audiencia que estaba programada para que iniciara a las 8:00 de la mañana, ayer, quedó para que se instale hoy.
No todos los imputados fueron llevados al Centro Judicial de San Salvador; de la totalidad, solo 26 comparecieron ante el juez.
Los restantes 65 que enfrentan el juicio, el juez verificó vía vídeoconferencia, cuando los llamaban por su nombre y apellidos; al tiempo que se ponían en contacto con el abogado que los representaría.
En algunos casos, resultó que los reos cambiaron de abogado pero no estaban acreditados en los expedientes judiciales. Otro grupo de reos sigue el juicio desde los penales de Zacatraz en Zacatecoluca, en Izalco en Sonsonate y en Gotera, entre otros.
La Fiscalía General de la República ha llevado a juicio a los detenidos en la Operación Jaque por tráfico ilícito de drogas, homicidio, extorsiones, lavado de dinero y organizaciones terroristas, entre otros delitos.
Estado recibe vehículos incautados en Operación Jaque
El Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) procedió a la distribución de vehículos incautados a estructuras de pandillas en la Operación Jaque realizada el año pasado.
Uno de los fiscales del caso afirmó que los pandilleros deberán rendir cuentas al juez por al menos 200 homicidios.
Para demostrar este y los demás delitos que se le atribuye a la estructura de la MS en el juicio, la fiscal del caso afirmó que cuentan con más de 100 testigos, abundante pruebas como los mismos celulares decomisados, la intervención de cientos de llamadas en las que coordinaban los hechos, libros de cobro de extorsiones y los documentos de las propiedades incautadas, entre otros.
“Tenemos autopsias, balísticas, pruebas fisicoquímicas para detectar rastros de droga, pruebas físicoquímicas a la droga incautada, otras pruebas que se han hecho a vehículos”, detalló.
El “Piwa” no está en este juicio
Lo curioso del caso es que el cabecilla de la estructura de la MS desarticulada en la Operación Jaque, Marvin Quintanilla, alias “Piwa”, no figura en la lista de los que van a juicio.
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La fiscal dijo que ella era de la Unidad Antinarcotráfico y explicó que la operación consistió en una mezcla de distintas unidades y, en su caso, no acusan al “Piwa” por ningún delito y que, en todo caso, podría estar a la orden de otras áreas de la Fiscalía.
Agregó que 46 de los 91 imputados están implicados en delitos de tráfico de drogas.
Los demás fueron detenidos por investigaciones de las unidades Antiextorsiones y Lavado de Dinero.
De acuerdo con la fiscal, los imputados son pandilleros en libertad que integraban la estructura a nivel nacional.
“Ellos tenían el movimiento en todo el país, el dinero se movía y llegaba a la cúpula de la MS a través de todos los grupos y programas de la MS en todo el país”, puntualizó.
Dentro de los procesados hay pandilleros de la Clica San Cocos (CSC), así como otra estructura que operaba en Sonsonate y Ahuachapán.
“No puedo cuantificar la cantidad exacta de dinero que movían pero todo provenía de extorsiones, droga y lavaban el dinero (legalizaban) con la venta de vehículos y rutas de microbuses”, dijo la fiscal.
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Según la Fiscalía, los grupos territoriales reportaban 600 mil dólares quincenales a la los cabecillas nacionales, dinero que, además de para darse la buena vida, era para la inversión de negocios de los cabecillas, como moteles, cafeterías, casas de prostitución y rutas de buses, todo con testaferros o prestanombres.
Esos ingresos habrían sido obtenidos de 2015 a julio de 2016. Entre los principales testaferros enjuiciados está Nelson Aguirre (a) “Paila”, quien se apoyaba del cabecilla Juan Francisco Parada Morán, Dennis que se dedicaba a lavar dinero obtenido de la venta de droga y extorsiones mediante compra venta de vehículos, aprovechando los permisos de importación que tenía, afirmó otro fiscal.