Los hechos que en diciembre llevaron al agente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo, a lesionar de bala y raptar a su colega Carla Ayala, tras participar en una fiesta, serán reconstruidos el jueves, por orden del Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
La resolución del juez Roberto Arévalo Ortuño se conoció ayer, cuando se cumplieron 76 días sin que se conozca el paradero de la víctima, ni de su atacante.
Cuatro compañeros del policía del GRP permanecen detenidos y enfrentan un proceso judicial por incumplimiento de deberes. La Fiscalía los señala de haber permitido que Castillo huyera.
IDHUCA pide formar parte del caso Carla Ayala
Presentó la solicitud ayer ante el Juzgado Sexto de Instrucción y demandó a la PNC. Hoy, Ayala cumple 69 días de estar desaparecida.
Ayala fue raptada por Castillo, la madrugada del 29 de diciembre, tras la fiesta de Fin de Año realizada por los agentes del GRP, en la base situada en la colonia La Cima, al sur de la capital. En el festejo, según algunos testigos, se repartieron bebidas embriagantes.
Lo que se pretende con la diligencia judicial es obtener elementos de investigación antes de que se lleve a cabo la audiencia preliminar, programada para mediados de año.
La Oficina de Comunicaciones de los Tribunales informó que la Fiscalía ha pedido que en dicha audiencia declaren 125 personas, por lo que los resultados de la recreación de la escena permitirían depurar la cantidad de testigos.
El juez girará instrucciones en las próximas horas a la División de Tránsito de la Policía para que haga las coordinaciones necesarias para que el jueves se pueda hacer el trámite en los alrededores del local donde funcionó el GRP.
El error de una exhumación para buscar a Carla Ayala que dañó a una familia
La Policía no encontró a la agente Carla Ayala en una exhumación de un cadáver que se realizó en el cementerio de San Francisco Javier, en Usulután.
La semana pasada, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) solicitó al Juzgado ser parte acusadora (querella) en el caso y que la Policía indemnice a la familia de la víctima.
Para el director del IDHUCA, José María Tojeira, el caso tiene todas las características de una desaparición forzada, lo cual considera un crimen de lesa humanidad.
Con la petición hecha al Juzgado, según Tojeira, buscan que se esclarezcan los hechos, que se arresten a todos los involucrados y se devuelva el cadáver de Ayala, en caso de que haya sido asesinada.
