Sonia y Marcos (nombres ficticios) son una pareja que desde hace más de tres años iniciaron el proceso de brindarle el derecho a un niño a tener una familia. Aunque un juez les otorgó la custodia de una niña tras un proceso largo y burocrático, ellos no han podido finalizarlo debido a que no se ha creado la nueva Oficina para Adopciones (OPA) que manda la Ley Especial de Adopciones.
La inexistencia de la OPA se da pese a que la ley entró en vigencia el 24 de abril de 2017.
Sonia y Marcos, de 35 años de edad cada uno, cuentan que tras varias pláticas entre pareja decidieron embarcarse en la batalla de llevar un niño o niña a su seno familiar. Para lograr el objetivo y no entorpecer el proceso, decidieron enfrentarse sin abogados privados y dejaron todo en manos de la antigua OPA.
Entre los documentos que los futuros padres debieron presentar estaban las partidas de nacimiento de ambos, constancias de buena salud, constancias salariales, solvencias legales, etc.
Desde un principio, Sonia comenta que realizaron todos los procedimientos en tiempo y en forma tal cual lo establece la ley: evaluaciones psicológicas, estudios sociológicos, entre otros. Sin embargo, los atrasos iniciaron desde el momento en que el psicólogo del caso se jubiló y no anexó dicha evaluación al expediente de la futura familia.
“Ese tipo de cosas afectó y significó seis meses más en el proceso. Uno tiene la ilusión y se viene a enfrentar con algo burocrático y sumamente largo. Uno está consciente de que no es una mascota la que te van a entregar, pero te enfrentás con un proceso que te da decepción”, afirma Sonia.
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Después de dos años en el proceso, lograron la certificación en la que se les calificaba como aptos para adoptar. Después de ir de una institución a otra y enfrentarse a varias audiencias, un juez de Familia resolvió entregarles una niña, quien según Sonia trajo un ambiente diferente a la casa. El sueño de ser padres comenzó a materializarse.
Pero luego, “te dicen que el documento no se ha firmado, que no ha pasado por aquí. Había lapsos en los cuales no sabía nada, hablaba a un lado y al otro, nadie se hacía cargo, entonces causaba frustración”, agrega Sonia.
Según la Ley Procesal de Familia, que establece los procedimientos legales y judiciales del Código de Familia, la PGR debe extender, anexada a la solicitud de adopción de menores, una certificación que autorice la adopción la cual debe ser resuelta en un plazo no mayor a 60 días después de haber sido solicitada.
Pero ese plazo no se ha cumplido y la pareja, a pesar de tener la custodia de una niña, no ha podido finalizar el proceso que está pronto a cumplir cuatro años. Y es que desde febrero de 2017, todos los casos están detenidos porque no se ha creado la nueva OPA, debido a que la nueva ley que entró en vigencia hace nueves meses, obliga a su creación. La carencia de presupuesto y la burocracia obstaculizan su creación.
Al igual que el caso de Sonia y su pareja, al menos 10 solicitudes de adopción están archivadas desde hace nueve meses. Admitidas, pero sin trámite. La razón: no hay presupuesto para la creación de la nueva OPA. Las mismas autoridades de la PGR lo admiten.
“El que no estén dando trámite a los casos no sólo afecta a mi familia, sino a muchas familias que tienen esa buena voluntad de darle un futuro mejor a un niño que por circunstancias de la vida no lo ha tenido”, lamentó Sonia.
Por el momento, esta pareja tendrá que seguir esperando para finalizar el proceso, en el que se va ordenar un juicio de pérdida de autoridad parental, en el que los padres, a través de una nueva partida de nacimiento van a poder darle sus apellidos a la menor. Ya con eso vamos a poder bautizar a nuestra hija y sacarla de viaje”, manifestó la madre.
El Código de Familia afirma que para adoptar a un menor de edad, es preciso que los padres biológicos den el consentimiento expreso; no obstante, si el niño es huérfano o no posee filiación conocida, el consentimiento se deberá tramitar a través de la PGR.
“El juez nos puede dar el permiso, puedo sacarle un pasaporte (pero) cuando el proceso de adopción termina el menor tiene una partida de nacimiento nueva y eso se va a complicar más; mejor hemos decidido esperar”, afirma Sonia de forma resignada.
Familias sin respuesta sobre procesos estancados
Un millón de dólares debió ser incorporado al presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR) para que aplique la Ley Especial de Adopciones, con la que se pretende regular las adopciones de menores de edad y así garantizarles el derecho a vivir con una familia.
De acuerdo con la procuradora adjunta de Familia, Adopción y Mediación de la PGR, Rosario de Barillas, desde antes de la entrada en vigencia de la ley, la titular de la PGR sabía de los retos a los que se iban a enfrentar sin presupuesto para la puesta en marcha de la nueva ley.
“Para la implementación de la ley se deberá asignar de recursos a la PGR, se aprobó la ley pero no se asignaron recursos que se mandata en la misma, por lo que solicitó en diferentes ocasiones a la Comisión de Familia que se abordara la necesidad de poder asignar de recursos a la institución”, declaró Barillas.
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La mayoría de los infantes en abandono tiene de cero a nueve años de edad. En 2016 hubo 535 menores de edad abandonados, de esos 296 quedan institucionalizados, según datos del Isna.
Agregó que la titular de la institución hizo la gestión para que a través de la Ley de Extinción de Dominio se asignara un inmueble donde pudiera funcionar la nueva OPA, pero hasta el momento no han tenido respuesta alguna.
Al consultarle a la diputada de Comisión de la Familia de la Asamblea, Mayté Iraheta, sobre si se plantean asignar algún fondo especial para la nueva ley manifestó que están conscientes de la situación que viven las familias que desean adoptar, y que en esa línea están pensando en alguna alternativa transitoria que solucione el estancamiento de las adopciones, sin embargo no explicó cuál sería una posible solución.
Abogados solicitan inconstitucionalidad
La inoperancia de la nueva ley motivó a que el pasado 25 de enero un grupo de abogados interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Adopciones.
De acuerdo con el abogado Alexis Castro, este recurso se debe a que han omitido cumplir la ley, por tanto, están violando el derecho de la niñez a tener una familia.
“El recurso pretende que la Sala ordene la creación inmediata de la institución o dejan sin efecto la ley”, explicó.
De igual forma, con este recurso se pide que se ordene la inmediata aplicación de la ley. Es decir, que se le ordene a la PGR que al siguiente mes comience a implementarla y a trabajar.
La legislación entró en vigor en abril del año pasado en teoría, más no en la práctica, pues el argumento de la PGR es que no hay dinero, ni siquiera para contratar al personal que debería conformar la nueva OPA, tal como lo manda la nueva ley.
El artículo 134 de dicha legislación, ordena que para la implementación de la ley, por medio de la PGR, incluirá en su presupuesto institucional los recursos necesarios para que funcione la OPA, que deberán ser aprobados en el próximo Presupuesto General de la Nación.
Castro comentó que antes de decidirse a promover el recurso, esperó un tiempo prudencial para revisar si en el presupuesto 2018 aparecía una partida presupuestaria asignada para el funcionamiento de la nueva OPA, pero no ocurrió.
“Tendríamos que esperar que con suerte esa institución en 2019 pida los recursos o si no las familias van a seguir esperando, es una violación de derechos fundamentales”, aseguró Castro.
Mientras no haya una resolución de la Sala o los diputados eroguen un presupuesto especial para crear la OPA, muchas familias continuarán esperando para finalizar el proceso de adopción, como es el caso de Sonia y Marcos, quienes ansían darle los apellidos a la niña que les ha llevado “nuevo brillo” al hogar.