Pese a las recomendaciones de Agnes Callamard, la relatora especial de las Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, de que cesen de inmediato las medidas extraordinarias en materia de seguridad, tanto la Presidencia de la República como diputados de la Asamblea Legislativa y un exministro de Seguridad defienden su continuidad porque las consideran una herramienta para la seguridad pública del país.
La experta condenó esa iniciativa gubernamental tildándola de inhumana y les restó eficacia. “Las medidas extraordinarias no estoy convencida de que hayan sido muy útiles, es una combinación de medidas, algunas son ilegales, violan derechos”, expresó Callamard anteayer.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, defendió las medidas pues, según él, con estas han disminuido la acción criminal de las pandillas. “Diferimos con la señora Callamard en el enfoque del rol, de la necesidad de las medidas extraordinarias porque obviamente nuestra responsabilidad, la responsabilidad de este Gobierno, es salvaguardar los intereses, la garantía de la vida y bienes materiales de la población trabajadora”, argumentó Chicas.
De igual forma el director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima, afirmó que las medidas extraordinarias han permitido tener un mayor control en las cárceles del país y se ha disminuido desde allí el cometimiento de delitos.
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Afirmó que ha recomendado que cesen estas medidas y advirtió al Gobierno que, de mantenerlas, puede ser denunciado internacionalmente.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, Antonio Almendáriz, dice que las medidas han dado algunos resultados y por ello ya están analizando su continuidad.
Para el exministro de Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, las ve como un intento legítimo del Estado para recuperar el control de los penales.
Gobierno: “Es más relevante el clamor por la seguridad”
“Nosotros respetamos esas opiniones, pero para nosotros la presión que es más relevante y más importante es el clamor de la población por garantizar, por mejorar las condiciones de seguridad en el país”, dijo el portavoz de la Presidencia Eugenio Chicas, en reacción al informe de la relatora de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard.
Callamard recomendó al Gobierno cesar inmediatamente dichas medidas extraordinarias porque dijo violan los derechos.
“Estas medidas pisotean las normas internacionales. He recomendado, no sé si se vayan a tomar en cuenta, si se siguen imponiendo el Gobierno se va a enfrentar a denuncias y presión internacional”, advirtió Callamard.
Pero para Chicas es más importante la presión que tienen de la población porque en el país haya tranquilidad.
Ante los altos niveles de criminalidad que causan principalmente las pandillas, el Gobierno echó a andar medidas extraordinarias desde 2016, entre ellas limitar la acción de las maras desde la cárcel.
“Lo que sí debe corregir el Estado es el hacinamiento”
El exministro de Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, aseguró que las medidas extraordinarias son razonables, pues son un intento legítimo del Estado para recuperar el control de centros penales.
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A su juicio, con el bloqueo de las señales en el interior de las cárceles, la separación de reos de máxima peligrosidad y el control de visitas son medidas correctas y con estas no se está violentando ningún derecho de los presos.
“Que haya control de visitas es lo normal, que no haya forma de poder sacar señal de los penales es normal, no le veo violación ni deshumanización”, sostuvo.
Pero para Bertrand Galindo, lo que sí hay que pedir al Estado es que corrija el hacinamiento en centros penales y no el cese de las medidas.
“Ya la Sala dijo que el hacinamiento era violatorio de un derecho”, manifestó el también abogado.
En cuanto a la advertencia por las ejecuciones extrajudiciales de la relatora, Bertrand dice que él ya ha señalado de indicios que podrían definirse como “ajusticiamientos” por parte de miembros la Seguridad Pública.
Almendáriz: “O se actualizan las medidas o se mejoran”
Bajo el argumento de que algo se ha logrado con la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad, el diputado del PCN, Antonio Almendáriz, sostuvo que es necesario analizar la continuidad o eliminación de esa iniciativa junto a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y con el Fiscal General, Douglas Meléndez.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, solicitó a la Asamblea que se extienda a un año más las medidas.
Sin embargo, la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas (ONU), Agnes Callamard, valora que estas deben cesar porque son “inhumanas”, en su informe.
Ante esto, es que la Comisión de Seguridad de la Asamblea acordó reunirse con el Gabinete de Seguridad, con la CSJ y la Procuraduría para la Defensa de los DD. HH., para analizar la continuidad de las medidas. Almendáriz reconoció que si los homicidios no han bajado implica que deben hacerse reformas, pero no apoya quitarlas.