Se omitió estudio de suelos previo a millonaria construcción de edificio para la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no estudió el suelo y tampoco realizó los análisis de asentamiento previo a la construcción de un edificio de tres sótanos y ocho plantas, sobre la Diagonal Universitaria de San Salvador, de acuerdo con un informe de la supervisora externa de la obra, Consulta S.A. de C.V.

Esa omisión, además de dejar una obra inacabada en los 900 días que estaban previstos en el contrato firmado el 21 de diciembre de 2012 con Ingeniería Integrada de Proyectos, S.A. de C.V. (INPRO), hizo que el Órgano Judicial, tras una orden de cambio, elevara el monto de la obra de $26,357,447.15 a $30,372,673.83.

 

 

En el inmueble se tiene previsto que funcionen las cámaras de segunda instancia de la Corte. Algunas de ellas realizan sus labores en edificios alquilados.

Un memorándum que la Directora de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de la CSJ, Elda Nury Gutiérrez Sariles, remitió el 4 de diciembre de 2013 a Mario Mancía, administrador del contrato, indica cómo quedaron los nuevos montos de la obra: al inicial se les sumaron otros $4,015,226.68 en concepto del monto neto de la orden de “cambio contractual”.

Según el documento, el aumento negociado por las partes fue de $5,474,131.64, pero luego se redujo en $1,458,904. Dicho decremento fue por el cambio de zapatas por pilotes (piezas parecidas a postes), una vez INPRO encontró los problemas en la tierra, explicó una fuente vinculada al proceso de construcción, quien pidió su anonimato.

En el primer informe, que abarcaba un mes de observaciones, y que Consulta presentó a la CSJ el 11 de marzo, un día antes que INPRO iniciara la ejecución del edificio, señaló que el diseñador de la estructura del edificio había reconocido que ninguno de los dos estudios de suelo hechos aportaron información suficiente para determinar la capacidad de carga del terreno donde se asentaría la edificación, y recomendó más análisis.

Un mes antes, entre el 13 y el 18 de febrero, la supervisora había requerido, a través de cartas a la CSJ, documentos del contratista, con su oferta técnica-económica, las especificaciones técnicas y el plan de oferta, encontrándose con discrepancias.

La CSJ, a través de su equipo técnico, desmintió que INPRO desconociera la situación y aseguró que el contratista ya sabía que tenía que realizar estudios.

Diversa documentación revisada por El Diario de Hoy establece que en las bases de licitación existían disposiciones que apuntaban a un problema de ese tipo, y por lo tanto, INPRO sí ofertó un estudio complementario al que se suponía ya había realizado la institución contratante.

Consulta, en su informe, dijo que solo se realizaron cinco sondeos de penetración estándar o SPT (Standard Penetration Test, por sus siglas en inglés), que sirven para reconocer las características del terreno. Las profundidades para hacer los análisis fueron entre 11 y 16 metros.

La supervisora advirtió que lo normal para construcciones fundadas sobre losa de cimentación, tal como se había establecido entre las partes, era un estudio de al menos 25 metros debajo del desnivel de desplante de la estructura (donde están las fundaciones el edificio), pero en las excavaciones no se recuperaron muestras, solo hubo resultados hechos con golpes realizados con una herramienta de punta cónica, que no daban valor a los parámetros de un diseño aceptado.

También aclaró que los estudios SPT son parámetros a aceptar cuando hay arena, pero no para el tipo de suelo donde se construye este edificio, porque había cohesión, la cual era necesaria conocer para el diseño de los cortes de sótanos y diseño de obra de retención.

Agregado a ello, cuestionó que hubiese un diseño incorrecto en la losa de cimentación del edificio, debido a ausentes estudios de suelo y análisis de asentamientos.

“La aseveración por parte del diseñador que los estudios de suelos no aportaron información suficiente para determinar las capacidades de cargo al desplante requerido deja abierta la posibilidad de actividades no contempladas en el plan de oferta como sobre excavaciones y restituciones no previstas. Estas pueden tener una incidencia económica muy significativa para la ejecución del proyecto”, fue una de las conclusiones de Consulta.

Aunque INPRO inició las construcciones el 12 de marzo de 2013, fue hasta el 20 de mayo de ese año que descubrió el problema del suelo.

El presidente de Consulta, Nelson Vásquez, informó al gerente del proyecto de INPRO, Jorge Sánchez, ese día, que debían reunirse con personal de la CSJ para decidir la solución a la cimentación del edificio, también le dijo que debía buscar la cotización de dos empresas para que realizara los sondeos rotativos, según consta en las actas de reuniones entre las partes y la bitácora de trabajo nº 0074.

Ocho días después, el acta de reunión nº 9 indica que el administrador del contrato, Mario Mancía, avaló que fuese Laboratorio Padre Arrupe el que se encargara de los estudios de suelo, lo cual fue reconfirmado por Consulta. Asimismo, le solicitó a INPRO que preparara la orden de cambio para realizar las modificaciones en el contrato.

El 1 de agosto de 2013, la CSJ envió a INPRO, por medio de correo electrónico, el rediseño del edificio, a partir de las observaciones, para que la constructora calculara los costos unitarios de los pilotes, los cuales habían sido recomendados por la supervisora.

Los pilotes fueron construidos por una empresa subcontratada por INPRO, luego que la CSJ analizara cuatro ofertas, rechazando inicialmente la presentada por el contratista.

De esa manera, entre mayo de 2013 hasta agosto de 2015, INPRO estuvo sin realizar las labores para las que específicamente fue contratada.