Cámara ordena nuevo juicio contra militares que habrían desaparecido a tres jóvenes en Armenia

En el 2015 un tribunal de Sentencia de Sonsonate llevó a juicio a los militares, pero al final los dejó libres porque las pruebas de la Fiscalía no lo convencieron

Foto Por Archivo

Por Leidy Puente

Dic 23, 2017- 08:53

La Cámara Penal de Occidente ordenó este sábado un nuevo juicio contra un sargento y cinco soldados acusados de la privación de libertad de dos jóvenes y la desaparición forzada de tres de ellos, ocurrido el 18 de febrero de 2014 en Armenia, Sonsonate.

El 3 de noviembre de 2015, el sargento Santos Manuel Coreto Ramírez y los soldados Ronald Alberto Rodríguez Pozo, Juan Ovidio Santiago García, José Alexander Santamaría Constante, Manuel de Jesús Santos Sánchez y Arely Elizabeth Esquina de Ramos fueron absueltos por el Tribunal de Sentencia de Sonsonate porque las pruebas de la Fiscalía no fueron suficientes.

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No obstante, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia comprobó, el 16 de enero de este año, la participación de los militares en la desaparición forzada, por lo que declaró ha lugar una solicitud de hábeas corpus (exhibición personal) a favor Francisco Javier Hernández Gómez, de 20 años; Óscar Oswaldo Leiva Mejía, de 23, y Fernando José Choto, de 22,  de quienes hasta la fecha el paradero sigue sin conocerse.

Según la investigación de la Fiscalía, los tres jóvenes estaban reunidos la mañana del martes (febrero 2014) con dos personas que los habían contratado para trabajar en tareas de construcción, cuando de repente llegaron los soldados y se los llevaron a la colonia San Damián, que es asediada por la mara Salvatrucha (MS).

Después de varios minutos, los militares dejaron en libertad a los dos contratistas, pero no a los tres jóvenes, según los denunciantes.

Posteriormente, los soldados se los habrían llevado por la fuerza hacia una colonia donde delinque la mara contraria a la que asedia la zona donde vivían los jóvenes.

En enero, la Sala ordenó al Ministerio de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada a que “proporcionara información en relación con la desaparición forzada de los favorecidos; cuyos resultados deberían ser comunicados a este tribunal constitucional y a la Fiscalía General de la República (FGR)”.

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A la FGR también le ordenó que “conforme a sus atribuciones constitucionales, por los medios y en la forma legalmente establecida”, continuara la investigación sobre la desaparición forzada o involuntaria de Leiva, Hernández y Choto.

Tras las investigaciones, la FGR informó a través de su cuenta de Twitter que la “Cámara Penal de Occidente le da la razón al ministerio público”.

 

 

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