Luego de varias semanas de juicio, 426 supuestos pandilleros conocerán esta tarde si serán condenados o serán absueltos tras haber encarado un proceso judicial por los delitos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, tráfico de armas y proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador dará a conocer el fallo del juicio del caso denominado “Operación Cuscatlán”, en el que las autoridades capturaron a cabecillas de la MS, golpeando las finanzas de la estructura criminal.
En una de las fases del juicio, se conoció que hace diez años aproximadamente la Mara Salvatrucha montó una estructura en tres colonias populosas en el municipio de Ilopango para obtener dinero producto de negocios ilícitos y de la extorsión que exigía a vendedores y distribuidores de golosinas y bebidas, lo cual les permite recolectar sumas de más de 50 mil dólares mensuales.
Dos pandilleros considerados cabecillas de uno de los principales corredores (zonas) que tenía la MS en Ilopango, fueron durante varios años los encargados de administrar el dinero en efectivo, según una investigación de El Diario de Hoy.
Todos los meses la clica recibía alrededor de $25,000 como pago de las viviendas que habían usurpado y que después alquilaron. Seis pandilleros, entre ellos dos cabecillas, se encargaban de administrar el dinero.
Estos pandilleros crearon algunos negocios de agua purificada y gas propano como parte de la inversión de la MS con el dinero de la extorsión. También eran dueños de restaurantes, bares, rutas de buses, microbuses y alquileres de vehículos.
Un empleado de una de las empresas en su condición de testigo y que pagó la extorsión durante varios años, relató que todos los viernes debía pagar 125 dólares a dos pandilleros que estaban en la entrada de la colonia Santa Lucía. Después, pagaba otros 100 dólares a los pandilleros que se apostaban en la entrada de la residencial Vista al Lago.
Entre los acusados que hoy conocerá el fallo es presunto miembro de la “ranfla histórica”, Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, Saúl Antonio Turcios, Eduardo Erazo Nolasco, Hugo Armando Hernández, Leonel Alexander Gonzales Leonardo, Ricardo Díaz, Jorge Chacón, David Alexander de León, entre otros.
Además, en juicio se dijo por parte del testigo “Noé” que las funciones de los “ranfleros” eran organizar toda la pandilla a nivel nacional, imponer reglas, administrar el dinero, entre otras funciones.
Pero el testigo Noé no solo anegó con sus declaraciones a sus compinches si no altos funcionarios públicos, políticos, exministros.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), la mayor parte de los acusados se encuentra por el delito de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas y proposición y conspiración en el delito de homicidio Agravado.
Asimismo, según la acusación algunos de los hechos fueron cometidos al interior del Centro Penal de Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, por problemas entre pandillas, hechos cometidos entre el 2012 al 2017.