La investigación del patrimonio de 43 funcionarios del expresidente Mauricio Funes ordenada el pasado martes por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), está respaldada por la Constitución de la República, explicó ayer el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González.
El fundamento, según el constitucionalista, es el artículo 240 de la Carga Magna, el cual el da plenas atribuciones a la CSJ para conocer los temas patrimoniales de funcionarios públicos, por lo que recordó que esto no se está desarrollando por solicitud del Instituto de Acceso a la Información (IAIP).
“En estos casos nosotros estamos cumpliendo una disposición que está en el artículo 240 de la ley fundamental, esto no se está haciendo porque lo ordena o no el IAIP. Eso es irrelevante”, afirmó González.
Sin embargo, el magistrado recordó que al IAIP se le va a informar, en una audiencia que se celebrará el próximo 30 de mayo, que se generarán las auditorías de los 43 funcionarios y que, en un plazo razonable, se entregarán a los demandantes, acorde a la carga de trabajo que tiene hasta hoy la sección de Probidad de la CSJ.
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“El IAIP aceptó mover la audiencia y la Corte Plena aprobó que todo lo solicitado se elabore y eso es parte de la investigación sobre los que fueron funcionarios del expresidente Funes, incluyendo a varios que siguen en el gabinete”, enfatizó.
El jefe de la sección de Probidad, Carlos Pineda, ha señalado en reiteradas ocasiones que dicha instancia está en aprietos para cumplir con la demanda de peticiones y análisis de declaraciones patrimoniales, ya que cuentan con poco presupuesto y personal, entre otros aspectos.
González también dijo que sobre varios funcionarios ya hay expedientes abiertos. Entre estos están el actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés; el viceministro de Transporte, Nelson García y el expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jaime Rodríguez.
“Hemos encontrado coincidencias porque en varios casos ya se habían abierto expedientes pero, a pesar de eso, no podemos entregar la información a corto plazo, igual, la información la vamos a generar porque es una obligación constitucional”, agregó.
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Las auditorías al exgabinete de Funes las solicitó el abogado Herbert Danilo Vega a la CSJ, a quien se respondió que, del listado que pidió el ciudadano, solo se tenía una auditoría terminada (de Vanda Pignato) y en proceso las de dos exfuncionarios.
Por ello el demandante argumentó, ante el IAIP, que la información entregada está incompleta y que la Corte no definió una fecha para entregar la información restante.
Actualmente la sección de Probidad de la CSJ tiene en la mira a otros 76 casos, entre ellos al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes así como los expresidentes areneros Alfredo Cristiani y Armando Calderón, y el actual gobernante, Salvador Sánchez Cerén.
Por su parte, Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones del gobierno, dice que la investigación es positiva, pero recordó que también se debería de incluir a exfuncionarios desde 1992.