Uno de los alegatos que usó la defensa en el juicio contra ocho miembros de la Fuerza Armada que -en un hecho sin precedentes en El Salvador- fueron hallados culpables de retener y torturar a dos habitantes de Ahuachapán es que la Ley Militar ordena a sus miembros cumplir órdenes “sin vacilación ni murmuración”.
De no hacerlo, los soldados pueden ser sancionados con penas de entre seis meses y dos años de cárcel.
Este argumento, sin embargo, no fue suficiente para impedir que el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán condenara a los soldados a 14 años de cárcel, el 31 de marzo pasado.
El sargento Miguel Ángel Escobar, el cabo Ronald Bernabé Flores y los soldados Wilfredo Cortez, Mario Morán Mendoza, Carlos Antonio Romero, Abelino Juárez Beltrán, Juan Antonio Ramírez y Enrique Alfaro López, destacados en el Estado Mayor, fueron encontrados culpables de retener y torturar a Ángel Edgardo Rodríguez Lucha, de 22 años, y Héctor Orlando C., de 17.
Lea también: Ocho soldados pagarán 14 años de prisión por tortura
Los hechos fueron registrados el 3 de junio de 2016, en la colonia San Jorge, municipio de Apaneca, Ahuachapán.
Los soldados, quienes estaban destacados entonces en diferentes brigadas militares, fueron enviados a buscar a unos sujetos que 12 días antes irrumpieron en una casa de campo del coronel Federico Reyes Girón, jefe financiero del Ejército, y tras someterlo junto con su esposa les robaron un arma de fuego, 600 dólares, celulares y otras pertenencias.
A lo largo del proceso, e incluso tras haber sido condenados, los soldados han aseverado -a través de algunos de sus familiares- que únicamente acataron las órdenes que presuntamente les dieron los coroneles Héctor Alfredo Solano Cáceres y Leonel Ascencio Sermeño.
Lea también: 60 minutos en manos de soldados en una operación ilegal
El primero era jefe del Centro de Operaciones Conjuntas de la Fuerza Armada cuando ocurrieron los hechos, y el segundo, comandante del Batallón de Información y Análisis del Ejército.
No obstante, el Ministerio Público solo presentó la acusación contra los ocho militares por los delitos de privación de libertad por funcionario o empleado público, agente o autoridad pública, tortura, lesiones y allanamiento de morada sin autorización.
“Quien debe estar sentado aquí (en el juicio), acusado por esa orden ilegal, es el jefe superior”, fue otro de los razonamientos que hizo uno de los defensores, según consta en el expediente judicial.
Esta aseveración es compartida por los parientes de los soldados: “+ hicieron lo que hicieron porque así se los ordenaron los coroneles. Las autoridades también debieron arrestarlos y enjuiciarlos; pero no, ahí andan libres tranquilamente, reprocha un allegado de los convictos.
Otro señalamiento que hacen es que la Fuerza Armada habría intentado proteger a los coroneles al designarles a un equipo de abogados que, a juicio de los denunciantes, en términos generales, ejercieron la defensa de tal manera que la responsabilidad recayera solo en los ocho soldados.
Lea también: Fiscalía: Un coronel dio la orden a soldados de privar de libertad a jóvenes
Algunos de sus familiares aseguran que muestra de lo involucrados que se sentían en el caso los altos mandos es que, tras la captura, Ascencio Sermeño les dijo que la institución se comprometía a entregarles “una ayuda económica y canastas con víveres” a las esposas e hijos de los acusados, porque no iban a recibir su salario (que no supera los 350 dólares) mientras duraba el proceso en su contra.
El mismo ofrecimiento les hicieron días después de que el Juzgado de Sentencia los condenara.
Las fuentes señalan que inicialmente les entregaron el dinero prometido, pero ya les adeudan cinco meses.
“Lo manejaron como una ayuda familiar que sacan de la planilla, ni siquiera es un salario lo que dan. Las canastas en realidad son bolsitas limosneras de unos 10 dólares. Todos ellos (los soldados condenados) son cabezas de hogar, de ellos dependemos económicamente”, señala la cónyuge de uno de ellos.
Coronel enviado como agregado a Honduras
El coronel Solano Cáceres, quien habría ordenado al coronel Ascencio Sermeño enviar a los soldados a la misión, fue enviado por el Ministerio de Defensa semanas atrás como Agregado de Defensa a Honduras, según los parientes de los condenados. Además, dicen tener información de que Ascencio Sermeño presuntamente estaría planeando irse a Nicaragua o Estados Unidos por la misma razón.
Posición de Defensa
Consultado sobre el tema, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, no niega ni confirma la salida del país de ambos coroneles y se limita a referirse al “juzgamiento inadecuado” de los soldados.
“Cualquier comentario de ese tipo es altamente especulativo. Nuestros soldados están enmarcados siempre en una unidad, pero el tema para nosotros es la inconformidad por la forma en la que se ha llevado a cabo el juzgamiento de estos soldados”.
Según el ministro, los ocho militares fueron condenados por haber aprehendido a “dos reconocidos mareros” de la zona, quienes un día antes habían asaltado a un coronel.
La versión del Ejército es que después que los soldados capturaron a los hombres, éstos accedieron a mostrarles el lugar donde supuestamente estaba oculta el arma que le robaron al coronel Reyes Girón y otras que tenían en su poder.
Fue justo en ese momento que un grupo de policías los sorprendió y se los llevó retenidos al puesto de Apaneca hasta aclarar los hechos.
Munguía Payés dijo que la institución que dirige apelará el fallo del juez ante un tribunal superior y agregó que, paralelamente a la investigación que hizo la Fiscalía, la Fuerza Armada inició sus propias averiguaciones. Pero aunque ya casi se cumple un año del hecho, según el funcionario, estas aún no han concluido.
Se hizo la gestión con el Ministerio de la Defensa para hablar con los coroneles Solano Cáceres y Ascencio Sermeño sobre las acusaciones de los familiares de los condenados pero la solicitud sigue en trámite en esa institución a la espera de una respuesta.
Por su parte, los familiares de los militares aseguran que la desconfianza y el descontento que sienten por el desempeño de los defensores que delegó la institución castrense los ha llevado a contratar a sus propios abogados, quienes esta semana iniciarán el proceso de apelación.
Durante el proceso judicial, los soldados estuvieron recluidos en el Destacamento Militar 7, de Ahuachapán.
Tras ser condenados fueron trasladados al cuartel central de la ex Guardia Nacional, a la espera de que Centros Penales designe los espacios que ocuparán en el penal de Metapán, donde el juez ordenó que cumplan su condena.
Hasta el martes por la tarde, los militares continuaban recluidos en la base militar.
Sus parientes han denunciado que en el cuartel militar se les han violado algunos derechos, no solo a ellos sino también a quienes los visitan. Ellos advierten que ya pidieron en varias ocasiones la intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos pero esta no les ha dado respuesta.
Entre las violaciones que le atribuyen a la institución es que los soldados y sus parejas son sometidos a “tratos humillantes” cuando es el día de la visita íntima.
También denuncian que, en los últimos días, cuando la institución aparentemente supo que El Diario de Hoy estaba trabajando esta publicación, unos jefes militares llegaron a recriminarles a los militares condenados que había “fuga de información” y les dejaron entrever que tienen intervenidos los teléfonos de sus parientes.