El Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó los ascensos arbitrarios de oficiales de la Policía lo que ha limitado la eficacia de la Policía Nacional Civil (PNC) en el combate a la criminalidad, según su informe sobre los derechos humanos del 2016.
Destaca además que otros de los factores que han limitado la eficacia policial es la falta de capacitación adecuada, la falta de la aplicación de la ley relativa a la carrera policial administrativa, insuficiencias de fondos públicos, la falta de aplicación eficaz de las normas probatorias, casos de corrupción y criminalidad.
En el informe, el Departamento de Estado también destaca que la Inspectoría General de la Policía recibió 709 denuncias en contra de agentes y oficiales por presunta conducta policial indebida. Los datos corresponden de enero hasta septiembre del 2015.
De esos casos, siete fueron enviados a la Fiscalía General para que investigara una presunta participación delictiva de los agentes denunciados y sancionaron a 296 policías por distintas faltas disciplinarias. Entre estas sanciones figuran la destitución de 62 policías por conducta indebida y la suspensión temporal de sus cargos de otros 234 oficiales de sus cargos sin goce de sueldo.
También refiere que la Fiscalía General investigó a 234 oficiales de Policía por distintos delitos, pero solo lograron siete condenas y se resolvieron cinco casos a través de la mediación.
Confirma además que hubo denuncias en contra de policías por supuestas detenciones arbitrarias de personas sospechosas de haber cometido algún delito.
Torturas y tratos inhumanos
En el informe se detalla que la Procuraduría de los Derechos Humanos recibió 58 denuncias por supuestas torturas, tratos, o penas crueles, inhumanas o degradantes que se supone fueron cometidas por funcionarios públicos.
De la totalidad de las denuncias, 47 fueron en contra de policías y ocho en contra de militares.
Destaca el informe que la referida institución recibió otras 371 denuncias de violaciones a la integridad física por parte de las autoridades del Estado. 303 de las denuncias iban contra agentes de la Policía, otras 60 contra soldados y ocho contra otros funcionarios públicos.
Señala el estudio del Departamento de Estado que la PDDH procesó 482 denuncias de personas que se sintieron afectadas por registros no autorizados, maltratos, abusos físicos, insultos y acosos por parte de las fuerzas militares en los oatrullajes con los policías.
Hasta el 24 de septiembre del 2015, el Departaento de los Derechos Humanos del Ministerio de Defensa recibió 89 denuncias de personas que dijeron haber sido víctimas de abusos de los derechos humanos de parte de militares. Sin embargo, cuestiona que no se había sancionado a ningún soldado por daño a la integridad física.
Reveló el caso de un supuesto pandillero que fue obligado por un soldado a realizar 100 flexiones con un tronco entre sus hombros. El presunto marero sufrió una fractura en una pierna a raíz de esos ejercicios.
El informe estadounidense señala que no hubo indicios de que las fuerzas de seguridad del Gobierno cometieran homicidios por motivos políticos, pero sí fueron responsables de homicidios extrajudiciales.
Destaca que la PDDH recibió 17 denuncias de supuestos homicidios cometidos por las autoridades policiales, militares u otros funcionarios públicos hasta agosto del 2015.
Cuestiona que “no hubo investigaciones completas ni condenas ni tampoco informes verificados de homicidios extrajudiciales intencionales realizados por el Gobierno ni con su complicidad”.
Destaca que la Inspectoría General de la Policía reportó que ocho agentes de la corporación habían sido acusados de haber asesinado a alguna persona en el año 2015. Los homicidios los habrían cometido los agentes cuando cumplían con su servicio.
Destaca el caso de la finca San Blas en San José Villanueva, La Libertad, donde ocho supuestos pandilleros murieron y un policía resultó herido en tiroteo registrado con agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP).
Hasta el 17 de noviembre del 2015, no se había realizado ninguna captura de policías ligados a esas muertes, señala el informe.
No obstante, en julio del año pasado, la Fiscalía ordenó las capturas de nueve integrantes del Grupo de Reacción Policial (GRP) por la muerte de una de las víctimas, Dennis Alexander Martínez, de 20 años, quien se supone era el administrador de la finca. Las capturas se ordenaron porque el Ministerio Público consideró que habían evidencias de que Martínez fue asesinado por los policías.
Además, trae a cuenta la masacre de cuatro supuestos pandilleros que fueron sacados de sus casas en San Rafael Cedros, Cuscatlán; y luego aparecieron sus cadáveres en la entrada a la finca La Paz en Cojutepeque, Cuscatlán.
Los familiares de las victimas aseguraron que ellos fueron sacados de sus casas por hombres vestidos como policías. Dos de las víctimas eran investigadas por el asesinato de un agente de la Policía. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía investiga el caso para establecer la probable participación de agentes de la Policía en la masacre. Hasta la fecha no se tienen sospechosos detenidos.