Aunque El Salvador suma 59 sentencias condenatorias por el delito de trata de personas hasta 2016, con ello se coloca en el país latinoamericano con más condenas por este ilícito, para el Departamento de Estado de Estados Unidos que año tras año evalúa los esfuerzos de prevención, atención a víctimas y sanciones a los imputados, el país todavía “no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata”.
Organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema como el Observatorio Latinoamericano contra la trata de personas en El Salvador también han alzado su voz al decir que el país ha retrocedido en el abordaje del problema.
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A pesar de que las estadísticas de las autoridades revelan que casi el 90 por ciento de las víctimas de trata son niñas y adolescentes, las autoridades salvadoreñas reflejan las mismas observaciones que el Departamento de Estado les ha hecho en los últimos diez años.
Esta institución en su quinceavo y último informe publicado en 2016 y que incluye el análisis de la situación hasta el 2015, tras evaluar sus resultados en el combate, prevención y atención de víctimas de trata de personas, sostiene que “el Gobierno de El Salvador no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata” y lo ubica en el nivel 2.
Esta calificación es baja para El Salvador, si se compara el aumento del delito de trata, ahora con el auge y el masivo acceso a las telecomunicaciones: Internet, redes sociales, telefonía móvil, de la que se aprovechan las bandas criminales para reclutar víctimas.
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Violeta Olivares, jefa de la unidad Especializada de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía asegura que los tratantes son “estructuras criminales que operan a nivel nacional, regional e internacional, esta última para reclutar víctimas en territorios extranjeros para ser explotadas en El Salvador y viceversa, reclutar en el país para llevarlas a otros países”.
El gran reto del país es “divulgar el tema, advertir el riesgo para todo tipo de personas mujeres jóvenes, niñas y niños, hombres”, afirmó la fiscal.
La explotación sexual comercial es de las 12 modalidades de trata de personas que más afecta a niños, niñas y adolescentes.
Pero trata no solo es violencia sexual infantil, si no también mendicidad y trabajo forzado, entre otras, que se refleja sobretodo en actividades agrícolas, domésticas y construcción en el sector informal; refiere el informe del departamento de Estado.
El país por este tipo de abusos todavía no registra condenas o capturas de imputados.
Los ofendidos son salvadoreños, nicaragüenses y hondureños quienes en busca de un futuro mejor caen en suelo nacional en su paso hacia Estados Unidos.
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En la misma condición están los demás países del Triángulo Norte de Centroamérica.
Con la nueva Ley Especial contra la Trata de Personas, que entró en vigencia en enero de 2015 y que auguraba más resultados, los informes de las autoridades solo revelan nueve casos que han sido referidos a los tribunales en los últimos dos años, tres en el primero y siete en el 2016.
El caso más reciente, pero que de acuerdo con la tipificación del delito no es trata de personas y aunque creó gran impacto en los periodistas, ha sido la reciente captura de Alejandro Maximiliano González, conocido como Gordo Max y tres más, entre ellos un empresario, procesados por el delito remuneración de relaciones sexuales con menores.
De ser encontrados culpables estas personas podrían ser sentenciados a una pena de ocho años de cárcel, una sanción considerada pequeña comparado a si hubieran sido acusados de trata de personas o violación sexual, que impone condenas de ocho a 20 años de cárcel.
La Fiscalía procesa a este grupo de personas de ser supuestos clientes de una red internacional de tratantes que fueron condenados en 2015. Ese año el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a ocho tratantes a prisión y les impuso entre siete y diez años de prisión.
La condena aunque fue ejemplar no satisfizo a la sociedad salvadoreña, quienes reclamaban, el por qué no se habían detenido a sus clientes entre los que figuraban personajes de trayectoria pública .
Y es que aunque los diputados crearon una Ley, que expertos consideran integral, pareciera ser letra muerta porque demanda requisitos operativos que no se tienen como un reglamento, un presupuesto anual, infraestructura y personal propio para el adecuado funcionamiento del Consejo Nacional de la Trata y Tráfico de Personas.
El Observatorio Latinoamericana de la Trata y Tráfico de Personas, que agrupa a organizaciones no gubernamentales como Save the Children, Organización de Mujeres Salvadoreñas para la Paz, El Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” CEMUJER o Casa Morada, entre otras, estima que hay una deuda del Consejo Nacional contra la Trata de Personas.
A juicio de los organismos cooperantes, el Consejo tampoco articula esfuerzos con la sociedad civil materializado por las ONGs que ayudan a impulsar campañas preventivas para que niños y jóvenes no sean presa fácil de la trata, atención profesional a víctimas, investigaciones del comportamiento del delito, entre otras; ahora no pueden desarrollar su labor, porque antes deben pasar por toda una burocracia, donde las víctimas son las más afectadas.
“Hay retraso en la elaboración del reglamento y el protocolo de actuación que por ley es un compromiso del Consejo y que tenga su propio presupuesto”, afirmó Ima Guirola, integrante del Observatario Latinoamericano contra la Trata y Tráfico de Personas.
En la actualidad el Consejo Nacional contra la Trata de Personas es una dependencia adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad lo que diluye su verdadero papel o buenas intenciones.