El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla decretó la noche del sábado instrucción con detención provisional para cuatro acusados del delito de remuneración por actos sexuales o eróticos con menores de edad.
El locutor y presentador televisivo, Maximiliano González (Gordo Max), Luis Alonso Marroquín y Salvador Arévalo estarán recluidos seis meses en el penal La Esperanza (conocido como Mariona).
Arévalo, además, deberá responder por el delito de violación de menor incapaz, informó la Fiscalía General.
El cuarto imputado, Ernesto Regalado, estará preso en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía, mientras la Dirección de Centros Penales decide a qué presidio será enviado.
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Fuentes judiciales informaron que el lunes se le entregará a la defensa la resolución por escrito, entonces los abogados podrán apelar la decisión del juez ante un tribunal superior.
También se supo que el caso será remitido al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador porque fue en este municipio que los imputados habrían cometido el último delito, según la investigación.
Por tratarse de un caso en el que las víctimas son menores de edad, el juez decretó reserva al proceso, a petición de la Fiscalía.
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Por esta razón se impidió a los periodistas estar dentro de la audiencia o tener acceso al expediente judicial para conocer detalles de los hechos que se imputan a los cuatro detenidos.
Mientras se llevaba a cabo la diligencia judicial, frente al Centro Judicial Isidro Menéndez se concentraron decenas de personas portando carteles en los que pedían castigar a quienes consideran “clientes sexuales”, “pedófilos” y “abusadores de menores”.
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A diferencia de otros casos, policías que custodiaban a los imputados impidieron a algunos periodistas que se les acercaran para obtener sus versiones, por la mañana, antes de que fuera instalada la audiencia.
Algunos periodistas fueron empujados por los agentes con sus armas de fuego en un claro intento por amedrentarlos.
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Alrededor de las 6:00 de la tarde, tras conocerse el fallo, los agentes sacaron a González, Marroquín, Arévalo y Regalado de las instalaciones judiciales por una puerta a la que los medios de comunicación no tuvieron acceso.
Trece abogados para los cuatro acusados
Al menos 13 abogados han sido contratados por los imputados. En promedio son tres profesionales para cada uno de los procesados.
Por su parte, el Ministerio Público ha delegado a seis fiscales para este proceso. A ellos se sumará un grupo de abogados querellantes que pedirá al juez formar parte del proceso acusatorio en representación de las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y las mujeres.
Durante uno de los recesos, el abogado Edgar Morales Joya, quien defiende al ingeniero Luis Alonso Marroquín, manifestó que el caso está “bien deficiente” en su planteamiento, pero se negó a detallar las debilidades en la investigación.
“La representación fiscal ha presentado un requerimiento que muestra muchas deficiencias que van a ser utilizadas por la defensa para hacer el planteamiento de la ausencia de los elementos necesarios para hablar de una detención provisional en su contra y en su consecuencia la solicitud de medidas sustitutivas a la prisión”, dijo Morales Joya.
El defensor señaló que los imputados son profesionales y no delincuentes, por lo que a su juicio debían ser procesados en libertad.
“Ellos no tienen nada que ver en lo que se han dado en llamar estructura de prostitución. La imputación es haber hecho uso de una menor de edad, ellos son procesados por haber contratado los servicios sexuales de una persona menor de 18 años”, expresó.
Las autoridades han informado que las víctimas de la red de explotación sexual, tenían entre 13 y 17 años. Ellas eran engañadas haciéndoles creer que trabajarían en modelaje y publicidad, pero en realidad eran “negociadas” para tener sexo. Los clientes pagaban entre 50 y 300 dólares por sus “servicios”.
Defensores de la niñez piden justicia contra imputados
Con pancartas y megáfonos, ciudadanos particulares y otros en su condición de miembros de grupos femenistas y defensores de los derechos de la niñez salvadoreña (Las Dignas, Cemujer, La Red Latinoamericana contra la Trata de Personas, entre otras) protestaron porque se está juzgando a los imputados por un delito menor y, según ellos, difícil de probar.
Los manifestantes opinaron que la Fiscalía debió procesar a los detenidos por los delitos de estupro (adultos que sostienen relaciones con menores) y violación sexual; estos delitos tienen condenas de entre 14 y 20 años de prisión; además no admiten el beneficio de libertad condicional.
Morena Herrera, representante del Colectivo Feminista Salvadoreño, demandó de las autoridades profundizar en las investigaciones y deducir responsabilidades, “no toleramos las declaraciones de la Policía de que si hay consentimiento, no hay estupro, porque reflejan un desconocimiento de la ley del país”.
A juicio de Herrera, el estupro se da entre adultos con menores de edad con mecanismos de engaño para obtener una relación sexual que es un delito establecido en el Código Penal “y no entendemos por qué la Policía no reconoce estos delitos”.
De ahí que es importante que el sistema de Justicia y la institucionalidad que tienen que ver con la persecución del delito aclaren, reconozcan la Ley y la apliquen debidamente.
“Consideramos que la explotación y el abuso sexual contra niñas y adolescentes es un problema que se da en todas las esferas sociales, no solo en niveles bajos sino a niveles poderosos, personas que tienen influencia, poder económico, poder mediático y con esto tratan de tapar su responsabilidad”, subrayó Herrera.