Al menos 250 organizaciones defensoras de derechos humanos, de 29 países en el mundo, se han unido para pedir al Estado Salvadoreño la liberación de los cinco líderes comunitarios de Santa Marta, en Cabañas, a quienes la Fiscalía acusa de estar vinculados a un asesinato ocurrido durante el conflicto armado.
“Como organizaciones pedimos al gobierno retirar los cargos contra Defensores del Agua detenidos el 11 de enero”, dijo a través de un comunicado el Instituto de Estudio Políticos (IPS), organismo estadounidense que brinda apoyo a movimientos sociales y líderes en países de todo el mundo.
La iniciativa ha sido firmada por representantes de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Europa, Francia, Filipinas, Guatemala, Holanda, India, Irlanda, México, País Vasco, Paraguay, Perú, República Dominicana, Sudáfrica y Suecia, entre otros.
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Las organizaciones exigen, además, que se retire el caso judicial contra los acusados Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, y al no ser así, que se les permita esperar las diligencias del proceso en su comunidad.
“Las organizaciones firmantes se unen para exigir la liberación de los cinco
Defensores del Agua, que se retire el caso contra ellos o se les permita esperar juicio en su comunidad.”
Instituto de Estudios políticos, Eeuu
“Estas personas fueron parte de los líderes de la histórica y exitosa campaña que convenció a la Asamblea Legislativa de El Salvador de aprobar, por unanimidad, la Ley de Prohibición de Minería Metálica en 2017, para salvar los ríos de esa nación”, resalta el IPS.
Varios de los ahora detenidos, quienes ayudaron a la conformación de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, fueron honrados por el IPS en 2019 con el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt. Para el organismo, la captura de líderes tiene motivaciones políticas, y resalta las denuncias de ambientalistas y defensores de derechos humanos en el país, quienes han señalado que los arrestos “buscan silenciar” y desmovilizar a la oposición comunitaria en momentos que consideran son “críticos para el Estado”.
“Hoy en día, gracias en parte a su desacertada adopción del Bitcoin, el gobierno salvadoreño está bajo una enorme presión para encontrar nuevos ingresos. Según los informes, el gobierno está considerando revocar la prohibición de la minería y permitir la minería destructiva para el medio ambiente”, añade.
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Los detenidos, quienes durante la guerra civil en El Salvador pertenecieron a la Resistencia Nacional, uno de los grupos conformados por el FMLN, son acusados por la Fiscalía por delitos de asociaciones ilícitas, privación de libertad y el asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, hecho ocurrido en agosto de 1989.
El jueves, durante la audiencia inicial, el juez declaró prisión preventiva para los acusados.
Las organizaciones señalan al gobierno de mantener ”activamente décadas de impunidad”, respecto a crímenes ocurridos durante la guerra civil y por los que familiares de las víctimas aún piden justicia.
“Esto plantea aún más dudas sobre si la verdadera motivación del Fiscal General es intentar silenciar a estos Defensores del Agua, especialmente tomando en cuenta la cruzada de la administración actual para criminalizar, perseguir y desmovilizar a sus opositores políticos”, resalta el IPS.
Tras la resolución del juez, que envió a prisión a los detenidos, el abogado defensor, Dennis Muñoz, señaló que esta “carece de cualquier fundamento” y que como defensa se preparan para la apelación.
El Instituto de Estudios Políticos destaca la labor que los líderes comunales han realizado para poder prohibir la minería en el país.
“Los Defensores y Defensoras del Agua que lo hicieron posible han sido una inspiración para las comunidades y la sociedad civil alrededor del mundo”, destacan, y explican que grupos de todo el mundo trabajaron junto a ellos en sus esfuerzos para lograr salvar los ríos en El Salvador de la minería de metal.