La Fiscalía General no descarta la posibilidad de que el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, haya lavado dinero en otros países.
Uno de los fiscales explicó ayer, al finalizar la audiencia inicial, que al hacer una búsqueda entre bienes de Saca no han encontrado el paradero de las millonarias cantidades de dinero que supuestamente se han desviado, lo que les hace presumir que el dinero fue “contrabandeado”.
Lo anterior, dijo, caza con las “tipologías” que organismos especializados de lavado de dinero establecen referentes a este delito, y que también reflejan que en ocasiones muchos funcionarios “corruptos” contrabandean dinero en efectivo hacia otros países.
“Muy probablemente el dinero se había contrabandeado, porque al hacer una búsqueda en sus bienes (de Saca) no los hemos encontrado”, sostuvo el fiscal.
El representante de la Fiscalía señaló que entre los años 2010 y 2015 a las empresas que son propiedad de Saca tuvieron un crecimiento económico.
Además, aseguró que el Ministerio Público solicitará asistencia internacional en búsqueda de los bienes de los procesados en otros países, con base a las salidas que estos realizaron, vía turismo, en el período presidencial de Saca (2004-2009), que son los lugares donde se presume, pudo ser enviado el dinero.
Según la acusación de la Fiscalía, el exmandatario es señalado de haber desviado durante su gestión 246 millones de dólares de fondos públicos, de cuales, manifestó ayer el fiscal, en efectivo habrían sido cobrados entre 97 y 98 millones de dólares, más otras transacciones que los imputados habrían realizado, dan la suma de hasta 116 millones de dólares.
La fuente fiscal dijo que los imputados, durante la audiencia, intentaron desvirtuar los señalamientos en su contra sobre el paradero de cantidades millonarias de dinero, pero hay indicios que se abrieron cuentas privadas para distraer y generar confusión.
“Lo que nosotros hemos visto con la apertura de estas -cuentas de- personas privadas es para distraer el dinero y para crear confusión en cuanto al seguimiento del verdadero manejo que se le haya dado al dinero”, sostuvo.
Incluso, manifestó que a la Corte de Cuentas le correspondía analizar cinco rubros de gastos en la administración Saca, entre los cuales se encontraban los gastos operativos de la Presidencia.
En dicho análisis, explicó el fiscal del caso, que la Corte exigía a Casa Presidencial que debía pedirle al Ministerio de Hacienda los lineamientos para ejecutar la partida de gastos reservados y que también debía generar registros contables, porque el manejo no era de forma discrecional.
Fiscalía insistió en prisión para acusados
Los representantes de la Fiscalía fueron claros ayer, en el segundo y último día de audiencia inicial, en insistir al Juzgado Cuarto de Paz que envíe a prisión preventiva a los imputados mientras transcurre la etapa de instrucción del proceso.
En este caso, aparte de Saca son procesados su exsecretario privado, Élmer Charlaix; el exsecretario de la Juventud y extitular de Anda, César Funes; y el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank. También tres colaboradores actuales de Casa Presidencial: Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera.
“En este caso los montos que se han manejado pueden mover a estas personas a no someterse a la tramitación de proceso, pese a las palabras que han dicho”, señaló ayer el fiscal del caso, minutos después que los imputados declararan su inocencia ante la jueza Nelly Pozas.
Para hoy la juzgadora citó a las partes a las 9:00 a.m. para conocer la resolución del caso. La defensa de los acusados ha solicitado al tribunal que estos sean procesados en libertad, asegurando que comparecerán ante la justicia cuando fuese necesario.
En los alegatos finales, Fiscalía estableció que la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado no permite que sean abiertas cuentas a nombres de personas, sino de instituciones, sin embargo, Charlaix, Gómez y Rodríguez Arteaga, estos últimos contador del exsecretario de la Presidencia y jefe de la Unidad Financiera Institucional, respectivamente, abrieron cuentas a su nombre.
“No tienen más funciones que aquellas que establece la ley… cualquier reglamento que dicte el Ejecutivo es nulo si contradice aspectos constitucionales”, sostuvo la parte fiscal.
El Ministerio Público se refirió a cinco informes de la Corte de Cuentas que fueron presentados por el abogado Mario Machado en defensa de Funes y Rank, y estableció que la documentación señalaba que debía existir un control de egresos en gastos reservados, lo que viene a reforzar la acusación de Fiscalía respecto al desvío de fondos públicos.
Manifestaron que la institución, como parte del proceso de investigación, solicitó documentos contables a la actual Presidencia relacionados con la administración Saca, sin embargo en ese lugar no se encuentran, pese a que la información no puede ser destruida porque está relacionada con el Estado.
Según Fiscalía, con el dinero supuestamente desviado, se benefició a una empresa de Saca, estando Mauricio Funes como presidente. Entre septiembre 2009 y enero 2010 Rodríguez Arteaga depositó 983 mil 100 dólares a la cuenta de Promotora de Comunicaciones, propiedad de Saca.
Funes y Rank también habrían sido favorecidos con fondos públicos. Fiscalía explicó que el dinero en un inicio era de origen lícito, sin embargo, fue desviado a sus cuentas personales y fue emitido en cheques, no ingresando a la Secretaría de la Juventud o la Secretaría de Comunicaciones, las cuales ellos dos tuvieron a su cargo.
Ayer, al final de la audiencia, tras tachar de falsos los señalamientos de la Fiscalía, Saca se defendió.
“Nosotros hemos manejado de acuerdo a la ley los fondos de las partidas reservadas que están el Presupuesto General de la Nación, que son aprobados por la Asamblea Legislativa, y que además son calificadas por Corte de Cuentas. Nunca hemos manejado fondos fuera del presupuestos, soy respetuoso de la ley y eso lo demostraremos en el proceso”, alegó.
Saca también tiene pendiente un juicio civil, por presunto enriquecimiento ilícito por $3.9 millones.