No hay almuerzos gratis. Un conjunto de informes y correspondencia interna del departamento jurídico de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) muestra que las autoridades de ese país sí contabilizan como deuda pública los más de 3,600 millones de dólares que entregaron al régimen de Daniel Ortega entre 2007 y 2015.
El mandatario y funcionarios de su gabinete siempre aseguraron que la deuda es privada y que quien tendría que pagarla era Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), una empresa mixta de capital venezolano y nicaragüense manejada por Daniel Ortega y su familia y sobre la cual no existe control de nadie, que es la que estaba recibiendo esa fortuna.
El dinero, que representa el 50 % del precio de todo el combustible que Venezuela entregó a Nicaragua en ese periodo en condiciones de pago altamente favorables, se usó para crear un grupo privado de empresas y para financiar programas asistencialistas del gobierno del FSLN, destinados a comprar voluntades, en especial, en época electoral como el hecho de entrega de bonos de $30 mensuales a parte de los trabajadores estatales o de $80 a adultos mayores.
Pero no todos estos negocios han resultados prósperos o han llegado a buen puerto, ya que dos de esas cinco empresas están en proceso de cierre u operan con mínimos. Una de ellas (la financiera) pasó al control directo de Venezuela.
Gracias al esquema arreglado con el gobierno de Venezuela, Albanisa recibió $70 millones sin hacer nada solo en 2007. Desde 2010 ha venido recibiendo $525 millones anuales.
Solo las otras dos siguen reportando ganancias: la que genera electricidad quemando búnker, y el monopolio de distribución de combustibles.
Los periodistas independientes y los políticos opositores sospecharon siempre que la millonaria suma de recursos que manejaba Albanisa era una deuda que el país tendría que pagar algún día. Finalmente, la publicación de los documentos muestra que es muy probable que tarde o temprano, Venezuela envíe a sus cobradores a exigir el pago de la deuda.
El 11 de enero del 2007, apenas un día después de asumir la presidencia de la República de Nicaragua -con apenas el 38 % de los votos- Ortega firmaba un acuerdo con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el que se detallaban las formas en que ese país ofrecía su cooperación a Nicaragua.
El elemento más importante del acuerdo es que Venezuela ofrecía venderle a Nicaragua todo el petróleo que necesitara, en condiciones crediticias altamente favorables: el 50 % de la factura se pagaría en 90 días, mientras el 50 % restante se pagaría a 23 años de plazo (más dos años de gracia, con lo que sumaban 25 años), a una tasa de interés del 2 % anual.
La mitad de ese 50 % restante que quedaría en Nicaragua (la que se pagaría a largo plazo), debería usarse para financiar programas sociales, mientras la otra mitad serviría para impulsar proyectos de desarrollo que generaran ganancia para pagar la totalidad de esa deuda.
La sorpresa que se llevaron los nicaragüenses fue que, además de construir centrales eléctricas, un monopolio de distribución de combustible, una empresa exportadora de alimentos llamada Albalinisa, una empresa de construcción y un programa de créditos, también hicieron planes para crear empresas de seguridad física, de alquiler de vehículos, siembra de diversos cultivos, una imprenta, una fábrica de materiales de construcción entre otros.
Esto se supo gracias a la filtración de 1,207 documentos elaborados por la Gerencia de Contabilidad y la Dirección de Proyectos de Albanisa, contenidos en 207 carpetas electrónicas, cuyo contenido fue verificado luego por exfuncionarios de esa empresa.
Lluvia de millones
El 2007 fue un año muy bueno para Daniel Ortega, no solo porque fue el primer año de su presidencia, sino porque el esquema arreglado con Hugo Chávez le reportó a Albanisa 70 millones de dólares sin hacer nada. Solo estuvo recibiendo la mitad del costo del petróleo que Nicaragua le compró a Venezuela ese mismo año.
El 2008 sería mejor que al anterior: los administradores de Ortega en Albanisa recibieron $305 millones y aunque el monto disminuyó en 2009 (año de la crisis financiera global), cuando la llamada cooperación petrolera se redujo a $282 millones, pero las cosas mejorarían en los siguientes cinco años al punto que se recibieron, en promedio, más de $525 millones anuales.
Pero recibir esos millones también implicaba generar ganancias para comenzar a abonar al socio venezolano. En 2009, el año en que se recibieron $282.1 millones, abonó apenas $4.4 millones, y aunque los abonos de los siguientes años fueron todos por unas decenas de millones de dólares anuales, la presión comenzó a elevarse a partir del 2013, cuando hubo que empezar a pagar más de $100 millones por año.
Debido a que Albanisa nunca hizo públicos sus datos, pese a que el 49 % de sus acciones le pertenece al Estado nicaragüense, cálculos de expertos independientes de organizaciones como el Instituto de Estudios Estratégicos y Politicas Públicas y la Coordinadora Civil indican que el abono de 2013 debió haber sido de $109 millones, subiendo a 144 millones en 2014, luego a 179 millones en 2015.
Estos expertos además prevén que para este 2016 el abono será de $206 millones.
Esa espiral alcista puso en aprietos a de Albanisa, que tuvieron que apresurarse a crear una red de empresas que les generara los millones de dólares que necesitaban para comenzar a pagar la deuda, con la dificultad añadida de que la administración Ortega decidió que solo el 62 % del dinero que quedaba en el país se usara para financiar negocios rentables, y el 38 % restante para proyectos sociales.
Cinco de las empresas destacan de todo el conglomerado creado con los recursos provenientes de la llamada cooperación venezolana. Tres de ellas, como es lógico suponer, están ligadas al negocio petrolero.
De las otras dos: una está en el sector financiero y la otra en el de exportación.