Destituido magistrado y asesor del FMLN atrasó el envío de Funes a juicio por enriquecimiento

Participó en Corte Plena de la CSJ cuando discutían un informe de la sección de Probidad según el cual el exmandatario no pudo justificar más de $700 mil en su patrimonio.

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Para este día la Cámara Segunda de lo Civil ha programada continuar el proceso contra el expresidente Mauricio Funes y su exesposa, Vanda Pignato, por el supuesto enriquecimiento ilícito.

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2016-11-25 9:00:00

El destituido magistrado Ricardo Alberto Iglesias Herrera fue uno de los que figuraron en varias reuniones de Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), poniendo objeciones en reiteradas ocasiones cuando se discutía el informe de Probidad del expresidente Mauricio Funes, antes de que se emitiera una resolución y se enviara a juicio al exgobernante por presunto enriquecimiento ilícito. 

Incluso, Iglesias Herrera llegó a solicitar que las reuniones del máximo tribunal de justicia no salieran a la luz pública, tal como consta en las transcripciones y la grabación de las sesiones de la Corte Plena, solicitada por El Diario de Hoy mediante la  Ley de Acceso a la Información Pública.

En la primera de las dos sesiones sobre el tema Funes, el 2 de febrero de 2016, Iglesias Herrera se inclinó por llamar al expresidente para que pudiese “aclarar” algunos aspectos irregulares de su declaración patrimonial, encontradas por la sección de Probidad de la CSJ respecto a un incremento injustificado en su patrimonio.

No obstante, dicha petición fue rechazada por los magistrados Rodolfo González y Sidney Blanco, quienes aseguraron que en ese momento estaban en la fase administrativa del proceso y que ese tipo de diligencias no podían realizarse. 

Por otra parte, el entonces suplente también alegó que  el informe de Probidad del expresidente Funes había llegado a su despacho a las cuatro de la tarde del día anterior a la sesión, por lo que no tuvo el suficiente tiempo para leerlo. En ese momento, describió el tema a debatir como “una cuestión bien delicada”.

A Iglesias Herrera se unieron las voces de otros magistrados, entre ellos  Leonardo Ramírez Murcia, quien insistía en dar derecho de audiencia al exgobernante.