En septiembre de 2010 la Policía Nacional Civil (PNC), concretó un hallazgo espectacular: en la finca El Recolado en Zacatecoluca encontraron barriles conteniendo más de 10.2 millones de dólares, y pocos días después en una residencial de Lourdes encontraron otros barriles con más de 4 millones de dólares.
Fue una historia de los “narcobarriles”, algo sin precedentes en este país. “Se han localizado narco-lanchas, narco-avionetas, narco-furgones, pero nunca narco-barriles”, dijo el comisionado Augusto Cotto, entonces subdirector de Investigaciones de PNC.
Corria el 10 de septiembre cuando unidades especiales de la policía y fiscales antidrogas llegaron a la finca “El Recolado”, ubicada en el caserío Penitente Abajo, de Zacatecoluca, en el departamento o provincia de La Paz. Nunca los vecinos habían visto tantos hombres armados juntos.
Según narró Cotto, “se localizaron dos barriles con dinero; el primero contenía 9,2 millones de dólares, en billetes de a 100 dólares y de a 500 euros; el segundo tenía 980 mil dólares, en billetes de 20, 10 y hasta 5 dólares”. El primer barril se encontró el jueves, el segundo el sábado; un tercero vacío se encontrado en la mañana del domingo.
En otro hallazgo ese mismo día, en una residencial privada de Lourdes, Colón, la Policía allanó una vivienda y tras realizar excavaciones encontraron dos barriles conteniendo más de $4.2 millones.
Para pagar aguinaldos
Cinco años después y pese a la resistencia de no revelar el destino de 14.5 millones de dólares encontrados en esos narcobarriles, la Fiscalía General de la República (FGR) no tuvo más opción que develar en que lo gastó, tras una orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
De acuerdo con una investigación periodística, los 14.5 millones de dólares fueron usados entre otras cosas para comprar un terreno para un edificio de la FGR, pagar aguinaldos de sus empleados y hasta para pagar fotocopias, a pesar de que la ley señala el destino que debe darse al dinero decomisado vinculado a hechos delictivos.
La FGR se negaba a dar esa información, pero el Instituto de Acceso a la Información Pública, la obligó.
Lo último que compraron fue un terreno por valor de siete millones de dólares, donde se construirá un edificio propio donde funcionaría la Fiscalía.
Y contrario a lo dispuesto a la ley, buena parte de ese dinero encontrado enterrado y por lo cual hay sentenciadas dos personas, fue usado para pagar aguinaldos del personal de esa institución.