Tres de los cuatro militares vinculados al caso Jesuitas que estaban en detención a pesar de que semanas atrás magistrados habían dicho que su extradición a España no procedía, por fin recuperaron la libertad anoche, luego de un burocrático proceso que duró más de 200 días.
Los militares liberados son: Antonio Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zarpate Castillo.
No obstante, el general Alfredo Benavides continuará en detención y será puesto a la orden del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, para que sea conocido su caso, según acordaron 11 de los magistrados.
Benavides fue condenado en 1992 a 30 años de cárcel por el caso Jesuitas, pero recobró la libertad en 1993 tras la aprobación de la Ley de Amnistía, la cual fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, el 13 de julio pasado.
Larga espera…
Si bien ayer se completó las firmas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que certificaban la libertad de los tres militares ligados al caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas, su liberación se volvió a prolongar debido a la tardía notificación.
La notificación debía llegar desde el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, adonde previamente la Corte Suprema giró el oficio que contiene los argumentos de que la extradición de los militares a España no procede.
Ese documento, que pone fin a más de 200 días de detención de los militares, fue emitido por la Corte Suprema, pero las firmas que le daban el aval solo se completaron el viernes por la tarde.
Los abogados Carlos Guzmán y Lisandro Quintanilla, así como los familiares de los 17 militares que han sido requeridos por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, permanecieron atentos en el transcurso del día de ayer, ya que todo dependía de una firma para que se girara el oficio.
Los defensores dijeron desconocer las razones por las que la CSJ demoró tanto las diligencias, y ante esa tardanza, consideraron que los magistrados podrían estar cometiendo el delito de privación de libertad por funcionario.
Este delito está regulado en el artículo 290 del Código Penal y castiga con entre tres y seis años a aquel funcionario que mantiene privada de libertad a una persona cuando no existen razones jurídicas para ello.
“Pareciera que este hecho (el de no liberar a los militares) se está enmarcando en esa situación”, dijo Guzmán, acompañado por varios parientes de los militares.
Ante eso, el abogado no descartó que pudieran emprender acciones legales contra los funcionarios que estarían “entorpeciendo” el proceso para que se defina la situación jurídica de sus clientes.
El 5 de febrero, el coronel Guillermo Benavides, los subsargentos Ramiro Ávalos Vargas, Tomás Zarpate Castillo y el cabo Ángel Pérez Vásquez fueron arrestados por la Policía. Otras 13 personas reclamadas por el mismo caso no pudieron ser detenidas.