La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ayer a siete miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP) por su presunta vinculación con una supuesta ejecución extrajudicial en la que murieron Dennis Alexander Hernández, un joven jornalero, y presuntos pandilleros, ocurrida en marzo de 2015, en la finca San Blas, ubicada en el cantón Matazano, en San José Villanueva, La Libertad.
La diligencia fue realizada en el Juzgado de Paz del municipio donde el hecho se suscitó. Tras la acusación, la fiscal encargada del caso y los tres abogados defensores de los policías prefirieron no brindar declaraciones.
El Ministerio Público solicitó la reserva del caso a las partes para no revelar la identidad del resto de policías que participaron de la operación y han decidido colaborar con las autoridades en la investigación, y por otros “detalles” de los testigos, según una fuente de la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía.
La versión de la Policía Nacional Civil (PNC) es que el hecho se trató de un enfrentamiento entre agentes de la corporación y supuestos pandilleros, que duró aproximadamente 40 minutos, en el que murieron siete miembros de la Mara Salvatrucha y Hernández, quien según familiares no tenía nexos con pandillas.
Este último, de acuerdo con la familia, era el escribiente (encargado de tareas administrativas) de la finca desde hace seis años.
Según las investigaciones de la Fiscalía, el joven, antes del incidente, estaba resguardado en una casa que cuidaba al momento del supuesto intercambio de disparos, y luego los policías lo habrían sacado de la vivienda para ejecutarlo.
La semana pasada, la fiscal de la Unidad Antipandillas, Guadalupe Echeverría, sostuvo que Hernández no tenía antecedentes penales y era residente de la zona.
Además que antes del ataque se había comunicado con dos personas y les expresó el miedo que sentía por lo que estaba ocurriendo.
Las investigaciones del Ministerio Público han determinado que este caso se trató de una ejecución sumaria.
De las siete órdenes de detención giradas por la Fiscalía, solo cuatro han sido ejecutadas. Los otros policías todavía no han sido detenidos.
Ministro de Seguridad respalda a policías
El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, secundado por el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, defendió ayer la actuación de los policías del GRP que están siendo procesados.
“(Los policías) actuaron en cumplimiento del deber. La intervención fue legítima, en cumplimiento a órdenes superiores y a su responsabilidad profesional”, sostuvo Ramírez Landaverde, en una entrevista de Canal 12.
Entre los pandilleros que atacaron a balazos a los agentes había “criminales con amplio historial delictivo”, señaló el funcionario.
En el caso del trabajador de la finca, el ministro dijo que había indicios de que pudo haber una situación diferente y por eso el Ministerio Público giró las órdenes de captura contra los agentes.
Sin embargo, manifestó que cuentan con elementos suficientes para que la situación se aclare.
A juicio del funcionario, a la Policía, con el apoyo de la Fuerza Armada, les está tocando llevar la mayor carga para enfrentar la situación de violencia que azota al país.
“La actuación de la Policía está siendo valiente, sacrificada y está asumiendo mucha responsabilidad que otros no asumen… La Policía lo está haciendo con responsabilidad”, dijo Ramírez Landaverde.
Por su parte, el director de la Policía, Howard Cotto, informó que, hasta el domingo anterior, fueron registrados 321 enfrentamientos entre delincuentes y policías. En estos tiroteos murieron 320 pandilleros.
El jefe policial aclaró que el trabajo que hacen es en el marco de la ley, “no buscando revancha o venganza con los grupos criminales”, porque el interés de la institución es proteger a la ciudadanía.
Muestra de ello, sostuvo, es que ha habido muchos casos en los que la Policía ha hecho capturas e incautado armas respetando la integridad de los delincuentes.
Procuraduría se había pronunciado por el caso
En abril de este año, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reveló que había abierto 30 nuevos expedientes de investigación relacionadas a personas que habrían sido ejecutadas en hechos que las autoridades calificaba como enfrentamientos armados, en los años 2014 y 2015.
Entre estos casos se encontraba el de la finca San Blas.
Al respecto, el informe de la PDDH determina que “se encontraron suficientes evidencias para responsabilizar a efectivos policiales de la ejecución extralegal, en al menos, dos personas: Dennis Alexander y Sonia Esmeralda Guerrero”.
Además, que aunque la Policía declaró que el hecho se trató de un enfrentamiento que se extendió por varios minutos, las indagaciones realizadas indican lo contrario, pues han establecido que hubo una “grave alteración de la escena tras ser contaminada”.
Asimismo, el informe de la institución establece que los técnicos de la Policía y los forenses llegaron a la finca San Blas 12 horas después que ocurriera el suceso, y antes de su llegada, un grupo de agentes fue sorprendido tomando fotografías a los cadáveres, supuestamente, para subirlas a redes sociales.
Sumado a ello, detalló la Procuraduría basándose en información forense, cuatro de los cuerpos habían sido movidos del lugar donde habrían quedado después del ataque. El informe agrega que los cargadores de las armas que portaban las víctimas estaban llenas de munición, contrastado con la duración del supuesto ataque.
Los policías acusados por el caso enfrentarán en las próximas horas la audiencia inicial. Por otra parte, en San Miguel, otro grupo de agentes fue acusado por su vinculación a un grupo de exterminio en el oriente(ver nota aparte).