Uno de los retos con los que inició la administración de Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz, fue el de tender los puentes de diálogo y concertación que habían sido derribados por su antecesor, Mauricio Funes, quien desde la Presidencia aprovechó diferentes espacios o plataformas para emprender ataques contra sus críticos y la oposición.
Consciente de esta realidad, el 1 de junio de 2014 en su discurso de toma de posesión, el nuevo mandatario afirmó que “es tiempo de entendernos, de avanzar, de dialogar, de concertar para el bien de todos”. Con estas palabras, Sánchez Cerén se desmarcaba del estilo que predominó en la administración Funes.
Tan importante ha sido este aspecto para el Gobierno que en su spot de dos años en el poder, el diálogo aparece en sus discursos y entre sus logros principales. “Ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo”, se menciona.
Pero, ¿hasta qué punto El Salvador vive en un clima de concertación? ¿Ha sido coherente la reducción de la confrontación con el discurso o maneja el Gobierno diferentes discursos? ¿Ha sido efectivo el diálogo que predica?
No me arrepiento de haber participado en el conflicto, firmamos la paz y ahora estamos aquí. pic.twitter.com/blij9wI5OA
— Salvador Sánchez (@sanchezceren) 26 de mayo de 2016
Las apariciones públicas de voceros del Ejecutivo, particularmente de Sánchez Cerén y de Ortiz, demuestran que el diálogo ha sido irregular y tienden a variar, dependiendo de la audiencia a la que se dirijan. Por momentos ha habido acercamientos significativos con diferentes sectores, pero las acusaciones airadas a quienes contradicen la línea del Gobierno han sido constantes.
Débiles encuentros con el sector privado
Previo a la toma de posesión, el entonces vicepresidente electo Óscar Ortiz sostuvo un acercamiento inicial con representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). En este, los empresarios pidieron “buscar juntos soluciones a los grandes problemas” del país y Ortiz respaldó el mensaje. Posteriormente, los empresarios se reunieron en privado con el presidente y ofrecieron apoyo técnico en temas fiscales.
El primer signo de apertura de Sánchez Cerén se dio en el primer Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) al que asistió como presidente el 23 de junio de 2014. Allí, el sector privado y el gobierno se comprometieron a buscar una agenda de competitividad y generación de empleo.
En su momento, el mandatario reconoció que el encuentro serviría “no sólo para dialogar, sino para encontrar en el tiempo menor posible insumos para crear condiciones para la inversión”.
Sin embargo, este aparente clima de cordialidad y concertación duró muy poco. Pese a que en apariencia, el trato de Sánchez Cerén al sector privado era menos confrontativo, el empresariado resaltó que ese diálogo y no necesariamente se estaba traduciendo en políticas públicas coherentes o en un mejor clima en la seguridad o la economía, los temas más urgentes por resolver en el país.
De hecho, unos días antes del ENADE 2014, en la cumbre del G77+China en Bolivia, el mandatario había su discurso usual: “nos encontramos con pensamientos enraizados en posiciones conservadoras de una sociedad en que la economía se pone al servicio de la acumulación de pocos y la pobreza y la desigualdad de miles de personas”.
A inicios de su mandato, Sánchez Cerén integró varios consejos, entre ellos el de Seguridad Ciudadana y Convivencia, en el cual se incorporó el sector privado. No pasó mucho tiempo antes que los empresarios denunciaran que esta instancia no rendía frutos.
Para el ENADE 2015, ANEP incluso presentó al Gobierno una propuesta de seguridad trabajada por un equipo de consultores del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Pese a que el vicepresidente dijo en su momento que retomarían el plan presentado, el sector privado señaló que no ha habido seguimiento de este o una propuesta alternativa de parte del Gobierno.
El gobierno ha preferido seguir con su propio proyecto.
Los temas de responsabilidad fiscal y especialmente la propuesta del gobierno de reforma al sistema de pensiones también han generado polémicos desencuentros. A raíz de la férrea oposición de la gremial a esa propuesta, Sánchez Cerén usó uno de sus eventos oficiales para tildar de “terrorista mediático” al entonces presidente de la ANEP, Jorge Daboub.
Meses después y por primera vez en 16 años, el Gobierno declinó asistir al ENADE 2016, alegando que las posturas de ANEP eran “confrontativas y excluyentes”.
Con el cambio de mando en la ANEP, hubo una distensión y el gobierno volvió a acercarse. El propio Sánchez Cerén presidió la primera reunión con la nueva cúpula empresarial dirigida por Luis Cardenal hace unas semanas.
El presidente ha anunciado una nueva mesa de diálogo con el sector privado a fin de discutir los temas prioritarios para El Salvador y ha afirmado que esta nueva etapa es “una buena señal para el país”.
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Pero ayer, se empezó a vislumbrar un nuevo nubarrón en esta relación. En un comunicado, la ANEP acusó al gobierno de impulsar una campaña para intimidarlos a que acepten la propuesta oficialista de salario mínimo al denunciar que grupos de fachada y afines al FMLN han convocado a concentrarse ante la sede de la gremial.
Dicho grupo, dice la gremial, ha ingresado incluso a sesiones del Consejo Nacional de Salario Mínimo con la anuencia de la ministra de Trabajo con lo cual se ha puesto en riesgo la integridad de los miembros de esa instancia.
La gremial también aclaró que esas acciones no les hará retroceder en su búsqueda de soluciones realistas y viables a los problemas nacionales.
Tensiones con sus adversarios políticos
La actitud de diálogo que el mandatario pregonó desde el inicio de su gestión tampoco se ha visto con claridad en sus relaciones con la oposición y con otros órganos del Estado.
Respeto la independencia de poderes, es responsabilidad de la SalaCnalSV la que tiene que medir las consecuencias de sus resoluciones.
— Salvador Sánchez (@sanchezceren) 26 de mayo de 2016
Pese a los esfuerzos por montar una mesa interpartidaria en la que todas las visiones políticas aportaran para hallar soluciones conjuntas a temas de país, se siguen desencadenando acusaciones de Sánchez elevadas de tono.
Una de las más llamativas se dio el pasado 1 de mayo cuando el mandatario se dirigía a las bases sindicales en el marco del Día del Trabajador. Ahí, se refirió a la derecha como “golpista”, “irrespetuosa de los procesos electorales” y acusó a ARENA de entorpecer el financiamiento de diferentes planes gubernamentales.
Los actos y la conducta de @ARENAOFICIAL determinarán si están por la gobernabilidad o por la desestabilización del país.
— Salvador Sánchez (@sanchezceren) 26 de mayo de 2016
ARENA se ha resistido a avalar un mayor endeudamiento sin un compromiso de responsabilidad fiscal. En reacción, el Gobierno los ha calificado de desestabilizadores y de beneficiarse de una “guerra psicológica” a la que se prestan los medios de comunicación para “infundir miedo en la población”.
Esta tensión ha sido mayor desde que en mayo de 2015 la oposición volvió a ganar suficientes escaños para volverse indispensable en votaciones legislativas que requieran de mayoría calificada.
Sin embargo, la aprobación de las medidas extraordinarias de seguridad, el 1 de abril de este año, ha vuelto a acercar al Gobierno con la oposición fue, lo cual ha sido aplaudido por el presidente.
Otro actor que ha recibido los embates del Presidente es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Desde la administración Funes, los magistrados de esa Sala han estado bajo constantes acusaciones de estar alineados a los intereses de la derecha debido a algunos fallos.
Dichas sentencias han suspendido el acceso a fondos, anulado nombramientos de funcionarios y detenido leyes promovidas por Casa Presidencial (como la de Probidad).
Entre los más airados comentarios del mandatario fue cuando les dijo que responden a “intereses oscuros en la sociedad” el 1 de mayo de 2015, y que pretenden estar “encima de la Constitución y de la voluntad del pueblo salvadoreño”, pero el 13 de junio de 2015 les dijo que “no piensan en el país” y el 10 de octubre de ese mismo año: que están protagonizando una “destrucción” de El Salvador.
El compromiso con la democracia del Gobierno se pone en entredicho cuando el mismo mandatario insta a “decirle basta” a ese poder del Estado.
El presidente también ha acusado a organizaciones de la sociedad civil como Fusades, que en su momento se ha opuesto al alto endeudamiento público. Sánchez Cerén llegó a afirmar que en ese tanque de pensamiento “se dan como iluminados” pero “no entienden las necesidades del país” (24 de octubre de 2015).
El vicepresidente, que en varias ocasiones ha mostrado una cara más conciliadora, también ha tenido traspiés en cuanto a diálogo. Uno de los momentos más recordados fue cuando, ante la amenaza de miembros de la Policía Nacional Civil de irse a paro por falta de mejoras salariales, Ortiz simplemente dijo: “Si un policía no está a gusto, que se busque otro trabajo”.
En resumen, en dos años de gobierno, el presidente cuenta con el reciente apoyo político a las medidas en seguridad, y lo ha ratificado la oposición, el pasado jueves, al avalar la emisión de bonos para la seguridad por $152 millones.
Pero el gobierno de Sánchez Cerén no ha dejado pasar mucho tiempo y ha vuelto a la carga pidiendo más deuda, esta vez por $1,200 millones. Habrá que esperar si esto se vuelve a afectar su relación con la oposición.
Ataque a los medios
En dos años de gestión, Salvador Sánchez Cerén ha sido reacio a dar declaraciones a los medios de comunicación. Tras sus intervenciones públicas, muy raras veces responde preguntas de la prensa.
Sin embargo, el presidente ha tenido algunos exabruptos con los medios de comunicación que contrastan con la imagen de apertura que dice estar impulsando.
Por ejemplo, en abril de 2015, ante una escalada de criminalidad que tenía al país con 18 homicidios diarios, lejos de admitir y discutir esa situación, Sánchez Cerén afirmó que percibía “en algunos medios de comunicación una campaña de intimidación sobre el tema de violencia” en claro rechazo a la cobertura informativa de la violencia.
En julio de ese año afirmó que “los poderosos quieren que este país quede mal” y que “por eso los medios de comunicación se prestan a generar esa desesperanza”.
El mandatario ha insistido en que la violencia era producto de la “percepción” que hacían los medios.
Su exabrupto más reciente fue el que protagonizó el 2 de marzo pasado cuando la entonces periodista de TCS, Paola Alemán, le cuestionó al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, si funcionarios de los centros penales tenían suficiente autoridad para conceder fiestas a reclusos durante la “tregua” entre pandillas que apoyó el gobierno de Mauricio Funes.
Antes que Munguía Payés pudiera contestar, Sánchez Cerén interrumpió y emplazó a la periodista, afirmando que su pregunta equivalía a “ahondar en un tema que tiene más que todo un propósito partidista”.
En su intervención, el gobernante le pidió a los medios tener más ética. Esta respuesta fue condenada por asociaciones de periodistas y gran parte de la sociedad civil.
El 1 de mayo volvió a cargar contra la derecha y se llevó de encuentro a los medios, al decir que en el intento por desestabilizar al Gobierno por medio de “procedimientos más sutiles y engañosos” como los medios de comunicación, y que estos “engañan, mienten, no tienen ética y se ponen al servicio de esos sectores”.
“No podemos dejarnos imponer el criterio de los medios de comunicación”, afirmó.
La calidad del diálogo
Es innegable que el estilo de Salvador Sánchez Cerén dista mucho del tono sarcástico y agresivo que imprimió a muchas de sus alocuciones Mauricio Funes. Sin embargo, el presidente no ha logrado construir una relación de diálogo y debate constante con los diferentes sectores.
Las constantes acusaciones, por un lado, y el intento por estrechar lazos, sugieren que el presidente se encuentra en un constante cálculo de su capital político, el cual por momentos se robustece en acercamientos con sectores como la empresa privada y la oposición, y en otras encuentra refugio en su partido, donde su tono es confrontativo.
En dos años, la unidad y el diálogo prometido no han rendido todos los frutos ofrecidos y el Gobierno no ha sido capaz de comprometerse con una agenda de mínimos no negociables que faciliten acuerdos políticos en materia de seguridad, combate a la pobreza, responsabilidad fiscal y transparencia.
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Hay avances claros como la reciente agenda consensuada de temas de país junto a la ANEP, a fin de crear un clima de confianza en El Salvador, mejorar la competitividad, fortalecer la seguridad y encontrar un equilibrio fiscal.}
La pregunta es: ¿Será esta vez coherente y fructífero el diálogo? ¿Se traducirá en las políticas que el país necesita?