El principal mediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango fue enviado a prisión provisional por orden del Juzgado Antimafia de Instrucción de San Salvador, al igual que 12 personas más entre ellos empleados de Centros Penales y de la Policía Nacional Civil.
No todos les atribuyen los mismos delitos, por ejemplo Mijango y cinco oficiales de la Policía Nacional Civil son acusado de agrupaciones ilícitas y tráfico de objetos prohibidos a centros penales, mientras a los cinco empleados de centros penales les imputan solo falsedad ideológica.
A los exdirectores de Penales son juzgados por incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Poco después de la resolución, Mijango dijo a los periodistas que no compartía la decisión del juez porque “es un absurdo que se juzgue a los que evitan que se cometan delitos y que el 96 por ciento quede en la impunidad”.
Dijo que todo era “un show político por la presencia de tanto periodistas que hace que los jueces se sientan presionados para actuar, quizás con criterios de mayor justicia, porque le tienen miedo”.
“Aquí el problema no es que hay que alegrarse por unos muertos e entristeserse por los muertos de otro, aquí hay que entristeserse por todos los muertos y eso debe obligarnos a trabajar soluciones y eso quisimos hacer nosotros y por eso nos están juzgado”, resaltó.
El exguerrillero insistió que no ha cometido delito, que todas sus acciones estuvieron amparadas en la Ley Penitenciaria y defendió el “proceso de pacificación” que ideó el cual estuvo avalado por las principales autoridades de Justicia y Seguridad, así como del mismo presidente de la República de ese momento (Mauricio Funes).
“Ya lo dije yo impulsé una hipótesis para buscar salidas diferentes y no tradicionales a problema graves de país”, afirmó.
Pero fue más allá al afirmar: “Contamos con las facilidades que el mismo presidente de la República de ese momento ha aceptado que dio al proceso y esas facilidades estaban relacionadas con permitir que los que estábamos al frente propiciando ese entendimiento entre las diferentes pandillas, tuviésemos las condiciones para hacer el trabajo”, aseveró Mijango.
Dijo que en el Ministerio de Justicia y Seguridad se instaló una oficina con cinco empleados con todos y los recursos necesarios para llevar adelante el plan. No quiso decir cuánto le pagaban a cada empleado ni que su sueldo fuera de 2, 500 dólares por mes.
Luego de la resolución Mijango hizo un llamado al expresidente de la República, Mauricio Funes: “que mantenga lo que siempre ha dicho, que el brindó desde su Gobierno apoyo para facilitar que el proceso que llevábamos adelante lograse los propósitos que nos habíamos propuesto”.
El juez en su resolución dijo que la petición de enviar a los 17 procesados a prisión provisional por seis meses que durarán las investigaciones para recabar más pruebas, reunía los requisitos legales para admitirla.
Uno de los requerimientos es que la Fiscalía presentó dos testigos: “Arquímides y Napoleón”, así como abundante documentación.
El juzgador aclaró que sólo que por razones de humanidad, le concedería la libertad condicional a cuatro imputadas; una está embarazada a punto de dar a luz, otra está con un bebé recién nacido y dos más padecen enfermedades crónica que requieren tratamientos especiales.
De inmediato, los defensores de los demás detenidos interpusieron una serie de recursos orales para pedirle al juez que revocara o cambiara su resolución, y dejara en libertad bajo palabra a sus 13 defendidos.
El juzgador resolvió que los abogados que habían apelado su resolución no la habían fundamentado lo suficiente como para revertir su decisión y reafirmó que los 13 procesados vayan a prisión por los siguientes seis meses.
Todavía no está definida la prisión donde permanecerán, aunque por tratarse de autoridades, la posibilidad es que sean llevados al penal de Metapán en Santa Ana, donde guardan prisión polícías, soldados y funcionarios. Mientras tanto, seguirán en las bartolinas de la División Antinarcótico y en Tránsito Terrestre de la PNC.
No descartó la posibilidad de revisar la medida de detención provisional por otras medidas, afirmó el juez.
Los abogados aseguraron que en los siguientes días apelarán la resolución para que sus clientes puedan estar en libertad mientras se aclara su situación.
El comisionado Oscar Aguilar dijo ser inocente y que con esta acusación le han causado daños irreparables a su persona.