La comisión especial que investigó el manejo de la pandemia reveló el lunes en un informe los principales hallazgos que encontró al analizar el manejo de la pandemia de parte del Gobierno y las recomendaciones que hace a partir de estos elementos.
Entre la información analizada por los parlamentarios están las causas de fallecimiento de los trabajadores de salud a lo largo de la pademia, respecto a esto destacaron que el Ministerio de Salud y el ISSS no brindaron el equipo de bioseguridad necesario e idóneo para la atención a pacientes con COVID-19.
La comisión también recomienda a Bukele destituir al ministro de Salud, Francisco Alabí, por las irregularidades y “conflicto de intereses” en el manejo de la pandemia.
Los diputados concluyen que hubo manipulación de los datos sobre personas fallecidas por COVID-19; que se violaron derechos humanos en los centros de contención; que hubo actos de corrupción en el traslado de $25 millones del Seguro Social para el Hospital El Salvador y que Obras Públicas incumplió el plazo que tenía para terminar la fase III del hospital especial para casos COVID.
La comisión especial resumió en 14 ítems las falencias y violaciones por parte del gobierno que lograron identificar durante la pandemia.
1) El Órgano Ejecutivo realizó de manera sistemática, acciones irregulares que afectaron el tratamiento, la prevención y el combate de la Pandemia por COVID-19 en El Salvador.
2) Se determinó que el Gobierno Central no tuvo, ni tiene a la fecha un plan de manejo integral de la pandemia.
3) El presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Salud, mintió, manipuló y tergiversó a su conveniencia, los datos sobre personas fallecidas, de casos confirmados y de pruebas realizadas de COVID-19 durante la pandemia.
4) El ISSS brindó al Ejecutivo un préstamo de $25 millones para el Hospital El Salvador. No está definida la forma en que se realizará el reintegro de los fondos al Seguro.
5) Bukele usó las cadenas nacionales de radio y televisión para “exagerar y manipular las proyecciones matemáticas sobre la evolución de la enfermedad”, con el fin de “infundir miedo y terror para intentar disciplinar a la población”.
6) El personal de primera línea que falleció se contagió debido a que Salud y el ISSS no les dieron a tiempo el equipo de bioseguridad necesario e idóneo para atender a pacientes de COVID-19.
7) El MOP incumplió el plazo para la entrega del proyecto de construcción de la fase III del Hospital El Salvador, la cual estaba prevista para finales del mes de julio de 2020.
8) El Ministerio de Turismo como encargado de contratar los inmuebles para servir de “centros de contención” estableció un convenio de arrendamiento con un primo del Ministro de Salud, por $18,850.
9) Luego de escuchar a los alcaldes de los municipios en donde el gobierno instaló cercos “sanitarios” se concluye que fueron establecidos sin criterios técnicos, con fines políticos partidarios, improvisados y sin consultar a los alcaldes.
10) El Hospital El Salvador, pese a ser un centro de atención exclusivo para pacientes COVID no cuenta con las pruebas RT-PCR necesarias para tamizar al personal sanitario ni a las personas que allí se recuperan.
11) El gobierno incumplió con la carnetización y posterior contratación de las personas que fueron clasificadas por el Ministerio de Salud como “inmunizadas a la enfermedad”.
12) Se determinó que en los centros de contención el Ejecutivo violó y no garantizó el derecho a la propiedad, a la salud física, mental, a conocer su expediente médico, a la integridad física y moral, entre otros derechos.
13) La falta de un plan al momento del cierre del Aeropuerto Internacional de Comalapa generó desorden en las instalaciones del mismo, la mezclar pasajeros provenientes de los diferentes países, agravando la situación de la pandemia.
14) Se determinó que la presidenta del ISRI y la directora del Asilo Sara Zaldívar desconocen el diagnóstico y ubicación de más de 50 residentes que fueron referidos por el ministerio de Salud a la red hospitalaria.
Las recomendaciones hechas son:
I. Al presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortez, a sus ministros y viceministros y demás funcionarios públicos pertenecientes al Órgano Ejecutivo que cumplan el mandato que les es dado por Constitución en su Artículo 86, especialmente en lo relativo a la colaboración entre sí.
II. Al Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, la destitución del Ministro de Salud por las irregularidades encontradas y conflicto de intereses.
III. Al Presidente de la República, a sus ministros y viceministros y demás funcionarios públicos pertenecientes al Órgano Ejecutivo, que cesen los bloqueos a la información pública de carácter epidemiológica.
IV. Al Ministro de Salud, se le solicita que realice un trabajo técnico sanitario, apartado de cualquier inclinación política que vaya en detrimento de los Derechos Humanos de los salvadoreños.
V. A la directora del ISSS, que respete la institución en la que está al frente, recordando que la misma es asistencial, conformada por los aportes de los trabajadores, empleadores y en un mínimo porcentaje por el Estado. Que la institución no es financiera o caja chica del gobierno, que bajo su responsabilidad está la salud del 28% de la población por ser éstos trabajadores y cotizantes del ISSS. Que el ISSS es una institución independiente del Gobierno Central, lo cual se establece en el artículo 50 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley del ISSS.
VI. A la presidenta del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y a la directora del Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar, que tengan el control de la institución de la cual están al frente, y que bajo su única responsabilidad está la vida y salud de los residentes del Centro, que es inconcebible que a esta fecha no sepan el paradero de más de 50 adultos mayores que estaban bajo su tutela.
VII. A la Asamblea Legislativa en el sentido certifique el presente informe a la Fiscalía General de la República, al Tribunal de Ética Gubernamental y la Corte de Cuentas de la República y se adjunte los audios y las transcripciones de las reuniones de la Comisión Especial de los días 5 y 18 de enero del presente año, con el fin de que se investigue el posible cometimiento de delitos establecidos en los artículos 326 y 327 del Código Penal, Peculado por culpa, Concusión respectivamente por parte del Ministro de Salud, en el proceso y contratación de un “inmueble como casa de contención para COVID-19” propiedad del señor José Ángel Montoya Quiñónez. Y se remita el informe de 82 folios recibido del Ministerio de Turismo.
VIII. A la Asamblea Legislativa, que certifique copias del presente informe a los Organismos internacionales siguientes: Organización Panamericana de la Salud, a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, al Congreso de los Estados Unidos y al Senado de los Estados Unidos.
IX. A la Asamblea Legislativa en el sentido certifique el informe a la Fiscalía y al Tribunal de Ética Gubernamental con el fin de que se investigue el posible cometimiento de delitos por parte de la presidenta del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y la directora del Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar, en relación a que desconocen la ubicación o estado de salud de 51 adultos mayores que estaban bajo su tutela.
X. A la Asamblea Legislativa en el sentido certifique el presente informe a la Fiscalía, al Tribunal de Ética Gubernamental y la Corte de Cuentas de la República, con el fin de que se investigue el posible cometimiento de delitos por parte del Consejo Directivo y la actual directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en relación al préstamo por $25 millones entregado al Gobierno Central.
1,750 muertes por la COVID-19 y 58,023 contagios
El informe se dio a conocer en el momento en que El Salvador llegó a los 1,750 fallecidos por el coronavirus con las muertes de ocho personas más reportadas el domingo, mientras que los contagios confirmados superan los 58,023, según los datos oficiales actualizados este lunes.
Entre el 2 de enero y el 14 de febrero de este año se han registrado 399 muertes por la COVID-19 y los días en que los que más decesos se contabilizaron siguen siendo el 13 y el 19 del mes pasado, con 12 fallecidos en cada día, según los datos alojados en el sitio covid19.gob.sv/diarios.
La comisionada Presidencial, Carolina Recinos, señaló este lunes en una entrevista televisiva que el Gobierno está “esperando” a que se acelere la entrada de las vacunas. Sin embargo, todavía no se brindó una fecha específica para el ingreso de estas al país.