La renuncia del actual gobierno a la reservas al tema del aborto, consignadas en el Plan de Acción de la Conferencia de El Cairo de 1994, no tienen ningún efecto legal, afirman la diputada Carmen Calderón de Escalón y el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo.
En 2010, la administración Mauricio Funes-FMLN accedió a retirar la reserva que en el gobierno de Armando Calderón Sol se había dejado establecido de que el país no se adhería a los conceptos de “familia, los derechos reproductivos, la salud reproductiva, la planificación familiar y el término individuo” que se plasmaron en el documento final de la Conferencia de El Cairo.
En su momento, la Iglesia Católica y organizaciones pro vida dijeron que estos conceptos abrían la puerta a la legalización del aborto.
A juicio de la diputada De Escalón, el gobierno podrá dejar abierta la posibilidad en un tratado de esa naturaleza de que “va a estudiar” en un momento dado, pero eso al final será la Asamblea la que tomará una decisión porque se estaría hablando de una reforma a la Constitución, que prohíbe todo tipo de aborto. “No es lo que quiera la Primera Dama o lo que quiera el gobierno actual. Al final tendrá que ser la Asamblea la que tome la determinación que es la única que puede reformar la Constitución”, explicó.
Y esa reforma nunca tendrá el apoyo de ARENA, dice De Escalón, y recuerda que la Constitución protege la vida desde la concepción.
Por su parte, el doctor Francisco Bertrand Galindo dice que no entiende cómo pudo el Ejecutivo haber retirado reservas. “El Ejecutivo, él solo, no tiene facultad para liberar reservas porque las reservas es parte integral del tratado para efectos de la ley salvadoreña”, afirma.
A su juicio, la petición de retirar reservas de ese documento “no tiene validez porque la reserva es un acto que va al momento de la firma, cuando se está negociando se pone dentro de la firma”.
Según De Escalón, quien participó en la conferencia de El Cairo, aunque es el gobierno el que maneja las relaciones con organismos internacionales, en este caso quien decide al final es la Asamblea.
“Cada país abordará la cuestión según sus propias leyes y su propia práctica”, dice el documento final, por lo que según De Escalón, el aborto es prohibido por Constitución.