Los últimos dos terremotos más intensos que ha sufrido El Salvador ocurrieron el 13 de enero de 2001 y el 10 de octubre de 1986. Con base en el análisis de lo que dejaron ambos siniestros, las autoridades de la Dirección de Protección Civil actual concluyeron que "para San Salvador hay un promedio de 100,000 edificios en los que, si esta amenaza (otro sismo intenso) se materializa, tendríamos mucho trabajo", informó este jueves el titular de dicha entidad, Luis Alonso Amaya.
Amaya brindó detalles en la conferencia de lanzamiento de un nuevo Plan de Contingencia para Terremotos, el cual tiene muchas similitudes con el Plan Nacional de Contingencia para Terremotos del Gobierno anterior, bajo el FMLN y con la gestión de Jorge Meléndez, el cual consta de 104 páginas y ya incluía las acciones a tomar por parte de las entidades gubernamentales así como de las instituciones civiles de apoyo, en caso de un fuerte movimiento sísmico.
Aunque ya existía un plan con esos lineamientos operativos e interinstitucionales, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, subrayó constantemente en la conferencia que esta es la primera vez que un Gobierno se preocupa por elaborar un documento de este tipo, a pesar de que El Salvador es un país con un largo historial de fuertes sismos.
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El director Amaya explicó que el nuevo plan es el resultado de cinco meses de trabajo entre representantes de las entidades que integran la Comisión de Protección Civil, entre ellas: Bomberos, Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como entidades técnico-operativas de la sociedad civil, como Comandos de Salvamento, Cruz Roja y Cruz Verde, entre otras.
El objetivo de este plan busca que los encargados de cada área e institución tengan claridad en cómo reaccionar en caso de un terremoto, para establecer una "ruta crítica para resolver esos problemas en las primeras 24, 48 y 72 horas, de forma coordinada", comentó el director Amaya.
Además de la alerta sobre los 100,000 edificios en la zona metropolitana que podrían ser dañados si hay un sismo intenso -de los que no ofreció más detalles-, el titular de Protección Civil explicó que han proyectado que "tenemos riesgos esperados por el impacto, que podrían significar en algún momento al menos unas 3,000 personas afectadas si la amenaza se materializa en horas diurnas, y unas 2,800 personas si fuera en horarios nocturnos".
El trabajo interinstitucional que incluye este plan está organizado en lo que Amaya denominó ocho comisiones técnicas sectoriales: albergues, seguridad, salud, técnica-científica, servicios de emergencia, asistencia humanitaria internacional, logística-infraestructura y servicios básicos.
Así mismo, para coordinar el control de todas las operaciones posteriores al sismo, Amaya explicó que se establecería un "Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que concibe cuatro grandes áreas de trabajo críticas: información y análisis, desarrollo de operaciones, manejo adecuado de asistencia humanitaria y manejo de información pública".
El nuevo plan establece también lo que ya señalaba el plan del Gobierno anterior: la cadena de mando ante el siniestro nace del presidente de la República, luego el ministro de Gobernación, para después llegar a los miembros de la Comisión Nacional de Protección Civil, con la meta de operativizar el plan de forma "expedita y efectiva", describió Amaya.
El ministro Bidegaín comentó que un terremoto de altas proporciones suele ocurrir en el país con frecuencia entre 10 y 20 años, pero aclaró que son eventos que no se pueden predecir, por lo que con este plan buscan estar listos para no improvisar si hay sismo de alta intensidad.